El TSJM ha confirmado la sentencia de junio de 2009 que anula la resolución del Ayuntamiento de Madrid que aprobaba el soterramiento de varios tramos de M-30, los que transcurren por el río Manzanares, por carecer de estudio ambiental previo.
Lissavetzky, a pesar de que la sentencia respalda lo defendido durante años por los socialistas, ha confesado su "tristeza como madrileño" ya que tiene la sensación de vivir en una ciudad "con un Gobierno municipal que es un gobierno sin ley porque se han saltado todos los aspectos urbanísticos y medioambientales a la hora de llevar a cabo la obra de la M-30".
Para el socialista, la clave de que las obras no contaran con la necesaria evaluación ambiental previa se debe a que el equipo de Gallardón "tenía prisa para terminarla por razones electoralistas". Y es que, en su opinión, el Ejecutivo "ha querido evitar el cumplimiento de las obligaciones de normas ambientales y la adopción de medidas correctoras pertinentes no fuera que ese proyecto se retrasara y no estuviera listo para la cita electoral de 2007".
Por todo ello, el candidato ha afirmado que los criterios de gestión de Gallardón son "las prisas, el electoralismo, la ilegalidad, la picaresca y la insensatez" y todo ello con un fin, "burlar la ley, con absoluto descaro y doble moral".
"Gallardón debería haber modificado el planeamiento pero no lo hizo a pesar de nuestra petición insistente, debería haber sometido el proyecto a evaluación de una declaración de impacto ambiental conforme a la normativa española pero no lo hizo, a pesar de que lo dijimos insistentemente", ha apuntado Lissavetzky. "Las denuncias del Partido Socialista no se han tenido en cuenta nunca pero ahora el TSJM da la razón a los socialistas", ha añadido.
El candidato ha resumido la situación "en dos palabras: hacer trampas". "Es hacer simulacros de evaluación ambiental pero lo más grave es que se hurta a los ciudadanos de derechos como el de participación y el de información porque se ha eludido conscientemente la obligación de medir los impactos de la M-30 en materia de ruido, gases, patrimonio histórico o arbolado...", ha indicado.
"No tengo más que ser rotundamente duro con esta situación porque la sentencia anula los proyectos de obra de la M-30 en nueve actuaciones", ha declarado después de afirmar que había "un campo de juego del que se sale cuando interesa". Lissavetzky ha reclamado al Gobierno municipal que cumpla la sentencia, que se haga la evaluación ambiental y que se convaliden con las medidas correctoras.
