El Congreso que resulte de las elecciones generales del 20 de noviembre tendrá ante sí, además de las propuestas que registren los grupos parlamentarios, una serie de iniciativas legislativas impulsadas por la sociedad civil que versan sobre temas tan dispares como la televisión sin fronteras, el fomento del empleo 'con derechos', la declaración de los toros como Bien de Interés Cultural o la dación de la vivienda para solventar hipotecas.
En la legislatura que acaba de terminar, el Congreso sólo ha tramitado una iniciativa legislativa popular. Lo hizo en su penúltimo Pleno, el pasado 13 de septiembre cuando tomó en consideración la iniciativa ciudadana 'Televisión sin Fronteras', que pretende que las cadenas autonómicas se puedan ver en aquellas comunidades donde se comparta la misma lengua, y que recibió el respaldo de 670.000 personas.
Este texto arrancará su tramitación efectiva en la próxima legislatura, ya que las ILP y las proposiciones de ley procedentes de Parlamentos autonómicos son las únicas iniciativas que se mantienen vivas aunque se disuelvan las Cortes.
También podrá debatirse en la X Legislatura la iniciativa legislativa popular "para el empleo estable y con derechos", dado que la Junta Electoral Central ya ha acreditado que cuenta con las 500.000 firmas requeridas.
ROBO DE BEBÉS
Además, hay otras cinco iniciativas de este tipo que, si logran los apoyos necesarios, podrían llegar a debatirse en el Pleno de la Cámara Baja. Una de ellas es la que plantea la creación de una Comisión para el esclarecimiento de los casos de adopciones irregulares y robo de recién nacidos y menores durante la dictadura franquista y hasta los años 90.
En la misma situación está los textos que persiguen modificar el acceso a las profesiones de abogado o procurador o el régimen de personal de la Guardia Civil, así como otro para que la fiesta de los toros sea declarada Bien de Interés Cultural, con la que colectivos protaurinos contraatacaron cuando Cataluña aprobó una iniciativa ciudadana para prohibir los toros en esta comunidad a partir de 2012.
También podría debatirse en la nueva legislatura una propuesta para regular la dación en pago para los créditos hipotecarios, de manera que la entrega de la casa sirva para saldar la deuda. Esta ILP, que promueven varias asociaciones y sindicatos catalanes y que también persigue la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social, no ha sido la única sobre la dación en pago que se ha registrado en el Congreso esta legislatura.
De hecho, durante este año el Congreso ha recibido una avalancha de ILPs relacionadas con el sobreendeudamiento hipotecario y los derechos de los consumidores en materia de vivienda. Tanto que la Mesa de la Cámara Baja vetó cinco textos sobre estos temas, puesto que no pueden admitirse iniciativas que versen sobre los mismos asuntos. Así, sólo una de las seis propuestas ciudadanas inadmitidas en esta legislatura no estaba relacionada con la vivienda. Se trata de una ILP de "reforma salarial política".
En cambio, seis iniciativas legislativas populares (ILP) sobre asuntos relativos a distintos temas han decaído en el Congreso durante la recién terminada legislatura porque sus promotores no han entregado ante la Junta Electoral Central (JEC) el medio millón de firmas necesario para que el texto sea debatido en la Cámara Baja.
Según han informado fuentes parlamentarias, de esos seis textos que han caducado, dos procedían de la anterior legislatura, es decir, fueron registrados en el Congreso entre 2004 y 2008. Se trata de dos iniciativas impulsadas hace tres años que perseguían, por un lado, una reforma de la Ley de Seguridad Privada y, por otro, una nueva normativa sobre contratos de distribución.
REIVINDICACIÓN DEL 15-M
La mayoría de estas frustradas iniciativas están relacionadas con la economía. En concreto, buscaban la creación de seis millones de puestos de trabajo y modificaciones de la Ley contra la Morosidad y en la Ley General de Seguridad Social. También ha caducado una sobre el trasvase Tajo-Segura.
Los promotores de todas estas iniciativas contaron inicialmente con nueve meses para reunir las rúbricas que fija la ley y, en algunos casos, el plazo se amplió tres meses más. Pero aún así no fue posible cumplir el requisito del medio millón de firmas. Una de las reivindicaciones del Movimiento 15M es precisamente que se reduzca el número de apoyos para la presentación de este tipo de propuestas.
