nuevatribuna.es
24 de marzo de 2010, 8:56
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 24.03.2010
A la espera de que se conozca el auto por el cual se anulan las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón en la trama de corrupción Gürtel según adelanta este miércoles El País lo que parece claro es que no existe peligro de invalidación de todo el proceso en base a la teoría jurídica del “fruto del árbol envenenado”, según la cual todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial.
Según el diario, la Sala anulará parte de las intervenciones de las comunicaciones entre los cerebros de la trama de corrupción y sus letrados en la prisión de Soto del Real. Los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Pérez Robledano y Emilio Fernández de Castro concluyeron este martes las deliberaciones de los 23 recursos presentados por los letrados defensores. Al parecer, Vieira y De Castro abogaron por anular parte de las escuchas, mientras que Robledano se mostró a favor de validar las mismas.
El portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa, ha asegurado en conversación con nuevatribuna.es que toda la investigación judicial realizada antes del momento en que se produjeron dichas intervenciones telefónicas “queda salvado”, pero precisa que lo posterior, es decir, las pruebas obtenidas o que estén íntimamente ligadas a esas comunicaciones intervenidas sí quedarían anuladas. No obstante, si una prueba en cuestión, aunque ligada al contenido de las escuchas, “está acreditada de otra manera” habría que constatar –afirma- que “no está contaminada”.
la anulación de las escuchas tampoco afectaría a la principal prueba de la instrucción: el 'pen drive' que la Policía incautó al supuesto contable de la 'red Gürtel', José Luis Izquierdo, en el piso de la calle Serrano.
Espinosa también aclara que no existe peligro de posible prescripción de los delitos ya que esto se produce cuando hay “inactividad procesal” y no es el caso. Lo que sí reconoce es que la nulidad de estas pruebas puede dilatar mucho el proceso que cuenta ya con 50.000 folios de sumario y eso pese al personal de refuerzo con el que cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). También podría atrasarse el levantamiento del secreto previsto por el juez instructor Antonio Pedreira para el próximo 5 de abril ya que tendría retirar todas aquellas pruebas que hayan sido anuladas.
El pasado enero, el juez Pedreira ya avaló las escuchas al desestimar los recursos interpuestos por José Luis Izquierdo y Javier Nombela Olmos en el que solicitaban la nulidad de las mismas.
Los letrados alegaron en sus recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) que, según su interpretación reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados.
EL ABOGADO DE ULIBARRI PIDE QUE SE LEVANTE LA IMPUTACIÓN A SU CLIENTE
Por otro lado, el abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri, prevé solicitar que se levante la imputación de su cliente en el 'caso Gürtel' una vez que se le notifique la resolución de las deliberaciones de la Sala Civil y Penal del TSJM.
Peláez explicó a Europa Press que, en el caso de su cliente, su imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real con Francisco Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado expresamente llamado.
"Fui a preparar mi estrategia de defensa porque se relacionaba a mi cliente con Correa y Crespo. Nunca sospechamos que se nos podía estar grabando. El contenido de la charla se utilizó para imputar a mi cliente, tal y como aparece en el atestado policial", indicó Peláez, quien adelantó que si se anulan las conversaciones, solicitará que se levante la imputación sobre su patrocinado.
"Me da rabia que algunos medios nos critiquen por querer anular el proceso, pero la culpa es de Garzón y de los fiscales por permitir la ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos acceder a la causa. Si se anula, es por culpa del juez y los fiscales", aseveró.
LA NULIDAD AFECTARÁ A LAS DECLARACIONES POSTERIORES
Según Espinosa aquellas declaraciones que se hayan producido después de las intervenciones telefónicas estarían “viciadas”. En eso precisamente se basa Enrique Molina, el abogado de María Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, al plantear que "las conversaciones en la prisión, que están mutiladas, afecta a las declaraciones que se hayan acordado después de que el juez Garzón las ordenara. No sabemos el contenido de las mismas", ha señalado.
EL GOBIERNO CONFÍA EN QUE EL PROCESO SIGA SU CURSO
El Gobierno ha confiado en que el proceso judicial contra la trama de corrupción siga adelante, con independencia de lo que decida el TSJM sobre la validez como pruebas de las escuchas de conversaciones entre los acusados y sus abogados y, además, reclamó al PP que contribuya a aclarar este caso que afecta a varios cargos 'populares'.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, y ante la posibilidad de que el Tribunal invalide esas escuchas, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostró "convencido" de que "el proceso seguirá" y terminará por arrojar resultados. "Esperemos y dejemos trabajar a los jueces", reclamó Caamaño, subrayando que el proceso está aún en fase preliminar y que "todavía va a tener mucho recorrido".
Por su parte, el ministro de Fomento y 'número dos' del PSOE, José Blanco, opinó que "anular una de las pruebas no significa absolutamente nada" y confió en que "se siga investigando". "Yo confío en la Justicia y estoy seguro de que la verdad va a resplandecer al final", añadió. Además, instó al PP a cumplir "con su deber de esclarecer un hecho muy grave que afecta a numerosas instituciones y que afecta también a muchos cargos" de este partido y calificó de "sorprendente” que quien investiga los delitos “al final acabe siendo investigado".
A la espera de que se conozca el auto por el cual se anulan las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón en la trama de corrupción Gürtel según adelanta este miércoles El País lo que parece claro es que no existe peligro de invalidación de todo el proceso en base a la teoría jurídica del “fruto del árbol envenenado”, según la cual todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial.
Según el diario, la Sala anulará parte de las intervenciones de las comunicaciones entre los cerebros de la trama de corrupción y sus letrados en la prisión de Soto del Real. Los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Pérez Robledano y Emilio Fernández de Castro concluyeron este martes las deliberaciones de los 23 recursos presentados por los letrados defensores. Al parecer, Vieira y De Castro abogaron por anular parte de las escuchas, mientras que Robledano se mostró a favor de validar las mismas.
El portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa, ha asegurado en conversación con nuevatribuna.es que toda la investigación judicial realizada antes del momento en que se produjeron dichas intervenciones telefónicas “queda salvado”, pero precisa que lo posterior, es decir, las pruebas obtenidas o que estén íntimamente ligadas a esas comunicaciones intervenidas sí quedarían anuladas. No obstante, si una prueba en cuestión, aunque ligada al contenido de las escuchas, “está acreditada de otra manera” habría que constatar –afirma- que “no está contaminada”.
la anulación de las escuchas tampoco afectaría a la principal prueba de la instrucción: el 'pen drive' que la Policía incautó al supuesto contable de la 'red Gürtel', José Luis Izquierdo, en el piso de la calle Serrano.
Espinosa también aclara que no existe peligro de posible prescripción de los delitos ya que esto se produce cuando hay “inactividad procesal” y no es el caso. Lo que sí reconoce es que la nulidad de estas pruebas puede dilatar mucho el proceso que cuenta ya con 50.000 folios de sumario y eso pese al personal de refuerzo con el que cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). También podría atrasarse el levantamiento del secreto previsto por el juez instructor Antonio Pedreira para el próximo 5 de abril ya que tendría retirar todas aquellas pruebas que hayan sido anuladas.
El pasado enero, el juez Pedreira ya avaló las escuchas al desestimar los recursos interpuestos por José Luis Izquierdo y Javier Nombela Olmos en el que solicitaban la nulidad de las mismas.
Los letrados alegaron en sus recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) que, según su interpretación reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados.
EL ABOGADO DE ULIBARRI PIDE QUE SE LEVANTE LA IMPUTACIÓN A SU CLIENTE
Por otro lado, el abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri, prevé solicitar que se levante la imputación de su cliente en el 'caso Gürtel' una vez que se le notifique la resolución de las deliberaciones de la Sala Civil y Penal del TSJM.
Peláez explicó a Europa Press que, en el caso de su cliente, su imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real con Francisco Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado expresamente llamado.
"Fui a preparar mi estrategia de defensa porque se relacionaba a mi cliente con Correa y Crespo. Nunca sospechamos que se nos podía estar grabando. El contenido de la charla se utilizó para imputar a mi cliente, tal y como aparece en el atestado policial", indicó Peláez, quien adelantó que si se anulan las conversaciones, solicitará que se levante la imputación sobre su patrocinado.
"Me da rabia que algunos medios nos critiquen por querer anular el proceso, pero la culpa es de Garzón y de los fiscales por permitir la ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos acceder a la causa. Si se anula, es por culpa del juez y los fiscales", aseveró.
LA NULIDAD AFECTARÁ A LAS DECLARACIONES POSTERIORES
Según Espinosa aquellas declaraciones que se hayan producido después de las intervenciones telefónicas estarían “viciadas”. En eso precisamente se basa Enrique Molina, el abogado de María Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, al plantear que "las conversaciones en la prisión, que están mutiladas, afecta a las declaraciones que se hayan acordado después de que el juez Garzón las ordenara. No sabemos el contenido de las mismas", ha señalado.
EL GOBIERNO CONFÍA EN QUE EL PROCESO SIGA SU CURSO
El Gobierno ha confiado en que el proceso judicial contra la trama de corrupción siga adelante, con independencia de lo que decida el TSJM sobre la validez como pruebas de las escuchas de conversaciones entre los acusados y sus abogados y, además, reclamó al PP que contribuya a aclarar este caso que afecta a varios cargos 'populares'.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, y ante la posibilidad de que el Tribunal invalide esas escuchas, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostró "convencido" de que "el proceso seguirá" y terminará por arrojar resultados. "Esperemos y dejemos trabajar a los jueces", reclamó Caamaño, subrayando que el proceso está aún en fase preliminar y que "todavía va a tener mucho recorrido".
Por su parte, el ministro de Fomento y 'número dos' del PSOE, José Blanco, opinó que "anular una de las pruebas no significa absolutamente nada" y confió en que "se siga investigando". "Yo confío en la Justicia y estoy seguro de que la verdad va a resplandecer al final", añadió. Además, instó al PP a cumplir "con su deber de esclarecer un hecho muy grave que afecta a numerosas instituciones y que afecta también a muchos cargos" de este partido y calificó de "sorprendente” que quien investiga los delitos “al final acabe siendo investigado".
