La exigencia de firmas para presentar listas, avalada por el TC, ha reducido el número de candidaturas a casi la mitad respecto a 2008.
El número de candidaturas que han podido presentarse a las elecciones generales de este domingo asciende a unas 1.200, prácticamente la mitad que en 2008, y repartidas casi a partes iguales entre el Congreso y el Senado: 596 a la Cámara Baja y 599 a la Cámara Alta. En las pasadas generales, se llegaron a registrar 1.111 candidaturas al Congreso y otras 1.220 al Senado.
La exigencia de firmas a los partidos extraparlamentarios a la hora de presentar listas al Congreso y al Senado, avalada por el Tribunal Constitucional, ha reducido notablemente el número de candidaturas en estas elecciones generales, hasta el punto de que sólo dos de ellas, el Partido Animalista (PACMA) y Unificación Comunista de España (UCE), han logrado cubrir más del 75 por ciento de las circunscripciones.
La idea de exigir avales a las formaciones extraparlamentarias surgió de CiU, que la propuso con éxito en la tramitación de la reforma electoral impulsada por PSOE, PP y nacionalistas. Según este artículo, los nuevos partidos y, en general, aquellos que no tuvieran representación parlamentaria, deberán acompañar sus listas al Congreso y al Senado con la firma del 0,1 por ciento de los electores de cada circunscripción.
En ese contexto, algunos partidos extraparlamentarios de implantación territorial muy limitada optaron por urdir coaliciones heterogéneas que les facilitara la recogida de firmas y otros, especialmenrte en el campo de la extrema derecha, optaron directamente por renunciar a presentar candidatura.
El resultado fue que el requisito de recogida de firmas redujo a la mitad las listas presentadas y esa cifra aún se rebajó más cuando las juntas electorales revisaron las firmas adjuntadas por estos partidos, contrastándolas con el censo. En circunscripciones como Madrid se pasó de noventa candidaturas en 2008 a una quincena y en algunas provincias pequeñas todo se ha limitado a media docena de papeletas en liza.
A lo largo de la campaña, los partidos extraparlamentarios intentaron corregir esta situación impugnando por la vía de lo contencioso administrativo e incluso presentaron hasta 34 recursos ante el Tribunal Constitucional, pero el Alto Tribunal ha acabado avalando la reforma electoral.
Según la sentencia relativa al recurso del Partido Humanista, la Constitución confiere al legislador un amplio margen de libertad para regular el ejercicio del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos.
ES UNA RESTRICCIÓN, PERO JUSTIFICADA
"El legislador puede establecer libremente las condiciones que estime más adecuadas, si bien su libertad tiene limitaciones", ha señalado el tribunal, que rechaza que el legislador no haya explicado de manera suficiente la reforma en el preámbulo de la ley, tal y como alegaba el partido recurrente.
La resolución, de la que fue ponente el magistrado Manuel Aragón, reconoce que la exigencia de avales a los partidos políticos que no hubieran alcanzado representación parlamentaria "supone ciertamente una restricción a la libertad de presentación de candidaturas (en ningún caso ilimitada, pero obedece a la consecución de un valor o bien constitucionalmente protegido, como es la racionalización y perfeccionamiento de la organización y desarrollo del proceso electoral".
Así las cosas, un total de 16 partidos, desde una falange hasta partidos comunistas o formaciones estrafalarias, se unieron para hacer público un manifiesto conjunto contra la reforma electoral. Por su parte, el Partido por un Mundo más Justo (PUM+J) elevó sus quejas ante una misión de observadores de la Organización para la seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
