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11 de mayo de 2009, 15:23
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 11.5.2009
La titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Nules (Castellón) ha hallado indicios de delito de falsedad documental en el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), su esposa, María de los Desamparados Fernández; el empresario Vicente Vilar y la esposa de éste, Monserrat Vives.
En concreto, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza ha dado traslado de las actuaciones relacionadas con un posible delito de falsedad documental en el caso Fabra a la Fiscalía Anticorrupción y a los imputados para que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Así, la juez ha dictado un auto de transformación de las diligencias previas abiertas para investigar un posible delito de falsedad documental en procedimiento abreviado y ha ampliado la lista de presuntos autores a Manuel Martínez, Domingo Cadahia, Hami el Azouzi y Mohamed Chakir.
Esta decisión de la juez instructora implica que se da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, a las personas imputadas, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral -y en este caso formulen escrito de acusación-, o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Asimismo, en este auto de incoación de procedimiento abreviado la juez indica que el fallecimiento del que fuera subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, supone la extinción de su presunta responsabilidad penal.
La causa abierta en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Nules se inició para investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para comercializar plaguicidas procedentes de una empresa asiática.
Carlos Fabra está imputado por diversos delitos: tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él en la Audiencia Provincial de Castellón. Vicente Vilar fue el empresario que denunció haber pagado a Fabra comisiones millonarias por sus gestiones políticas a la hora de beneficiar la aprobación de productos fitosanitarios a través de la empresa Camarcas S.L., dedicada a asesoría y consultoría.
La titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Nules (Castellón) ha hallado indicios de delito de falsedad documental en el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), su esposa, María de los Desamparados Fernández; el empresario Vicente Vilar y la esposa de éste, Monserrat Vives.
En concreto, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza ha dado traslado de las actuaciones relacionadas con un posible delito de falsedad documental en el caso Fabra a la Fiscalía Anticorrupción y a los imputados para que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Así, la juez ha dictado un auto de transformación de las diligencias previas abiertas para investigar un posible delito de falsedad documental en procedimiento abreviado y ha ampliado la lista de presuntos autores a Manuel Martínez, Domingo Cadahia, Hami el Azouzi y Mohamed Chakir.
Esta decisión de la juez instructora implica que se da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, a las personas imputadas, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral -y en este caso formulen escrito de acusación-, o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Asimismo, en este auto de incoación de procedimiento abreviado la juez indica que el fallecimiento del que fuera subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, supone la extinción de su presunta responsabilidad penal.
La causa abierta en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Nules se inició para investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para comercializar plaguicidas procedentes de una empresa asiática.
Carlos Fabra está imputado por diversos delitos: tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él en la Audiencia Provincial de Castellón. Vicente Vilar fue el empresario que denunció haber pagado a Fabra comisiones millonarias por sus gestiones políticas a la hora de beneficiar la aprobación de productos fitosanitarios a través de la empresa Camarcas S.L., dedicada a asesoría y consultoría.
