nuevatribuna.es
8 de julio de 2010, 3:40
AGNESE MARRA / NUEVATRIBUNA.ES - 06.07.2010
El 8 de abril de 2003, en plena guerra de Irak, el cámara José Couso fue asesinado en su habitación del Hotel Palestina de Bagdad. Un tanque estadounidense disparó contra el que era el alojamiento de los periodistas internacionales. Algunos compañeros resultaron heridos, pero Couso murió.
Desde entonces su familia no ha parado para conseguir justicia, para hacer que los culpables de asesinato reconocieran su responsabilidad y cumplieran la pena correspondiente. La madre y hermano de Couso, así como su viuda e hijos, comenzaron su andadura judicial en mayo de 2003, cuando el juez Ruiz Polanco iniciaba las primeras investigaciones.
Casi siete años después siguen peleando para que se conozca la verdad de lo sucedido. Después de muchos disgustos, este martes podrían haber vuelto a tener esperanza en la justicia, ya que el Tribunal Supremo ha reabierto el caso y lo ha devuelto a la Audiencia Nacional.
Desde que comenzaron las investigaciones la familia Couso se ha encontrado con el ‘no’ por delante. En 2004 se toparon con el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, una de las personas que más se ha comprometido para investigar el caso y demostrar la responsabilidad de los militares norteamericanos.
Lo primero que hizo Pedraz fue solicitar auxilio judicial internacional al fiscal general de Estados Unidos para recabar documentación sobre los hechos investigados. Un año más tarde pidió a Estados Unidos poder tomar declaración en calidad de imputados a los tres militares implicados. Ninguna de las peticiones tuvo respuesta.
UN PORTAZO TRAS OTRO
A finales de 2005 el juez solicitó la detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses responsables de la muerte de José Couso. Los imputados eran el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados nº 64. Pero en ese momento comenzaron los problemas para Pedraz y para la familia de Couso, el fiscal Pedro Rubira, recurría la decisión de detener a los militares americanos.
En febrero de 2006 el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicaba al ministerio de Justicia de España que rechazaban ejecutar el exilio judicial solicitado por Pedraz. Un mes después la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional archivaba el caso por entender que no se trataba de un asesinato sino de “un acto de guerra” y por ello consideran que no tienen jurisdicción para investigar los hechos.
La familia de Couso recurrió el archivo del caso al Tribunal Supremo, quien reconoció su derecho y ordenó a la Audiencia reabrirlo. Ya en 2007 Pedraz volvía a hacer sus deberes y procesó a los tres militares por delito contra la comunidad internacional (castigado con penas de 10 a 15 años) y asesinato (de 15 a 20 años), pero la Audiencia lo revocó. El juez y familia recibían un nuevo portazo. Pero no se dieron por vencidos y Pedraz en 2009 reabrió el proceso contra los soldados estadounidenses.
En su auto de procesamiento aseguraba que Gibson fue “la persona que dio la orden directa de disparar sin que conste la existencia de francotirador u ojeador u observador enemigo ni disparo alguno, anterior o posterior a los hechos, procedente del tejado y otra parte del Hotel Palestina, contra las tropas norteamericanas”.
También recordaba que Couso era, en aplicación del Convenio de Ginebra y de la legislación española, “persona protegida” y añadía que las partes contendientes en un conflicto armado están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes. “La fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina era y se encontraba en zona civil y no era objetivo militar y que, además, estaba ocupado por población civil y periodistas”, afirmaba el juez Pedraz.
No obstante, la Sala entendió que ninguna de las diligencias practicadas por Pedraz tenía el peso suficiente como para justificar un procesamiento de los militares. Así, concluyó que no se podía negar la existencia de francotiradores en el Hotel Palestina porque, según el testimonio prestado por los periodistas Jon Sistiaga, Olga Rodríguez y Jesús Hernández Quiñonero, no parece “descartable que se colase alguno sin control”.
De nada sirvió la documentación y el trabajo del juez. Por tercera vez la Sala cerraba la investigación por “no obtener datos relevantes que permitieran seguir con la tramitación del procedimiento”.
La indignación no cabía dentro de la familia de Couso, y su persistencia les llevó a recurrir ante el Tribunal Supremo. “Queremos denunciar la actitud de algunos miembros de la judicatura y de la Fiscalía española que quieren hurtarnos el derecho a investigar el asesinato de José Couso Permuy, dejándonos en total indefensión ante los militares de Estados Unidos”, decía el hermano del periodista.
Este martes la justicia se ha puesto de su lado. El Tribunal Supremo ha aceptado el recurso y ha ordenado que el caso se vuelva abrir en la Audiencia Nacional. Ya han pasado más veces por lo mismo, pero tiene confianza en que esta vez el proceso funcione y la Sala de lo Penal no se interponga en su lucha por dar luz a la memoria de José Couso Permuy.
El 8 de abril de 2003, en plena guerra de Irak, el cámara José Couso fue asesinado en su habitación del Hotel Palestina de Bagdad. Un tanque estadounidense disparó contra el que era el alojamiento de los periodistas internacionales. Algunos compañeros resultaron heridos, pero Couso murió.
Desde entonces su familia no ha parado para conseguir justicia, para hacer que los culpables de asesinato reconocieran su responsabilidad y cumplieran la pena correspondiente. La madre y hermano de Couso, así como su viuda e hijos, comenzaron su andadura judicial en mayo de 2003, cuando el juez Ruiz Polanco iniciaba las primeras investigaciones.
Casi siete años después siguen peleando para que se conozca la verdad de lo sucedido. Después de muchos disgustos, este martes podrían haber vuelto a tener esperanza en la justicia, ya que el Tribunal Supremo ha reabierto el caso y lo ha devuelto a la Audiencia Nacional.
Desde que comenzaron las investigaciones la familia Couso se ha encontrado con el ‘no’ por delante. En 2004 se toparon con el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, una de las personas que más se ha comprometido para investigar el caso y demostrar la responsabilidad de los militares norteamericanos.
Lo primero que hizo Pedraz fue solicitar auxilio judicial internacional al fiscal general de Estados Unidos para recabar documentación sobre los hechos investigados. Un año más tarde pidió a Estados Unidos poder tomar declaración en calidad de imputados a los tres militares implicados. Ninguna de las peticiones tuvo respuesta.
UN PORTAZO TRAS OTRO
A finales de 2005 el juez solicitó la detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses responsables de la muerte de José Couso. Los imputados eran el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados nº 64. Pero en ese momento comenzaron los problemas para Pedraz y para la familia de Couso, el fiscal Pedro Rubira, recurría la decisión de detener a los militares americanos.
En febrero de 2006 el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicaba al ministerio de Justicia de España que rechazaban ejecutar el exilio judicial solicitado por Pedraz. Un mes después la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional archivaba el caso por entender que no se trataba de un asesinato sino de “un acto de guerra” y por ello consideran que no tienen jurisdicción para investigar los hechos.
La familia de Couso recurrió el archivo del caso al Tribunal Supremo, quien reconoció su derecho y ordenó a la Audiencia reabrirlo. Ya en 2007 Pedraz volvía a hacer sus deberes y procesó a los tres militares por delito contra la comunidad internacional (castigado con penas de 10 a 15 años) y asesinato (de 15 a 20 años), pero la Audiencia lo revocó. El juez y familia recibían un nuevo portazo. Pero no se dieron por vencidos y Pedraz en 2009 reabrió el proceso contra los soldados estadounidenses.
En su auto de procesamiento aseguraba que Gibson fue “la persona que dio la orden directa de disparar sin que conste la existencia de francotirador u ojeador u observador enemigo ni disparo alguno, anterior o posterior a los hechos, procedente del tejado y otra parte del Hotel Palestina, contra las tropas norteamericanas”.
También recordaba que Couso era, en aplicación del Convenio de Ginebra y de la legislación española, “persona protegida” y añadía que las partes contendientes en un conflicto armado están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes. “La fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina era y se encontraba en zona civil y no era objetivo militar y que, además, estaba ocupado por población civil y periodistas”, afirmaba el juez Pedraz.
No obstante, la Sala entendió que ninguna de las diligencias practicadas por Pedraz tenía el peso suficiente como para justificar un procesamiento de los militares. Así, concluyó que no se podía negar la existencia de francotiradores en el Hotel Palestina porque, según el testimonio prestado por los periodistas Jon Sistiaga, Olga Rodríguez y Jesús Hernández Quiñonero, no parece “descartable que se colase alguno sin control”.
De nada sirvió la documentación y el trabajo del juez. Por tercera vez la Sala cerraba la investigación por “no obtener datos relevantes que permitieran seguir con la tramitación del procedimiento”.
La indignación no cabía dentro de la familia de Couso, y su persistencia les llevó a recurrir ante el Tribunal Supremo. “Queremos denunciar la actitud de algunos miembros de la judicatura y de la Fiscalía española que quieren hurtarnos el derecho a investigar el asesinato de José Couso Permuy, dejándonos en total indefensión ante los militares de Estados Unidos”, decía el hermano del periodista.
Este martes la justicia se ha puesto de su lado. El Tribunal Supremo ha aceptado el recurso y ha ordenado que el caso se vuelva abrir en la Audiencia Nacional. Ya han pasado más veces por lo mismo, pero tiene confianza en que esta vez el proceso funcione y la Sala de lo Penal no se interponga en su lucha por dar luz a la memoria de José Couso Permuy.
