viernes. 29.03.2024

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el 'caso del espionaje' al apreciar indicios de un delito de malversación de caudales en los supuestos seguimientos realizados por funcionarios de la Comunidad de Madrid al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada en 2008.

Según el auto, "en el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas". "De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa", añade la resolución.

En un auto fechado hoy mismo, la Sección Decimosexta estima el recurso de apelación interpuesto por el PSOE contra el auto de la juez Carmen Valcarce que ordenó el archivo de la causa el pasado 15 de julio al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública".

En el recurso del PSOE, que entró en la Sala el pasado 1 de marzo, los socialistas fundamentaron su queja en que presentaron hasta diez pruebas, entre ellas una relación de vehículos oficiales y móviles, o la declaración de diferentes testigos, y no se llegaron a realizar.

"Ni siquiera ha habido resoluciones de inadmisión de las mismas sino más bien las solicitudes de práctica han resultado 'aparcadas' esperando, creíamos, el mejor momento en el devenir del procedimiento para acordarlas sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", señalaban en el texto.

En la causa instruida por la juez Carmen Valcarce estaban imputados tres ex guardias civiles asesores de la Consejería de Justicia, José Oreja Sánchez, José Luis Caro y Antonio Coronado; el ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón; y el empleado público Manuel Pinto.

EL PP LO CALIFICA DE "MANIOBRA ELECTORALISTA"

La secretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Lucía Figar, ha anunciado que el partido pedirá amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque considera que se están "violando sus derechos" y están "indefensos" tras la reapertura del 'caso de los espías'.

En declaraciones a Europa Press, Figar ha precisado que ha sido "una abogada socialista, que no es juez por oposición" la que ha reabierto "un caso ya cerrado con el informe favorable del fiscal, sirviéndose únicamente de una denuncia del PSOE".

"Consideramos que se están violando nuestras garantías. Estos hechos generan indefensión y por tanto vamos a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial", ha señalado.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, quien ha dicho que el pedirán amparo al CGPJ para no estar a merced de "maniobras" que ha considerado "electoralistas" y "partidistas".

La polémica entorno a la decisión de reabrir el caso se produce porque la ponente del auto es la magistrada suplente Luz Almeida Castro, hermana y compañera de despacho de abogados de Cristina Almeida.

"Todo parece forzado desde un punto de vista partidista. Se trata de una actuación de oportunismo electoral. El PP debe tener amparo de la Justicia para no estar a merced de este tipo de maniobras electoralistas", ha aseverado.

"Este señora es abogada socialista que fue nombrada para hacer este tipo de sustituciones. No es una juez titular. Es una abogada socialista que por una suplencia ha decidido unas nuevas diligencias. Hace un uso de este caso verdaderamente inconcebible en una asunto judicial que exige una neutralidad y actuación", ha recalcado.

La Audiencia Provincial reabre el caso del espionaje en el PP de Madrid