Tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.
La hija del Rey Don Juan Carlos será de este modo interrogada por su participación en el impulso de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido Iñaki Urdangarin, así como en torno a la supuesta defraudación a Hacienda y los gastos en los que incurrió a través de esta mercantil.
La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal. De hecho, la defensa ya ha anunciado que recurrirá el auto.
Ya el pasado mes de abril el juez encausó a la Infanta al considerar que habría incurrido en los mismos delitos que presuntamente cometió su marido a través del Instituto Nóos, si bien la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto esta imputación, dejando, no obstante, las puertas abiertas a que fuese investigada por blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Unas pesquisas que el magistrado ha llevado a cabo a lo largo de estos nueve meses.
Y es que, según el tribunal, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.
El tribunal recalcaba así que el dinero que, de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.
José Castro apunta que Iñaki Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado".
Una forma de actuar que el magistrado considera irregular "por omisión", recalcando que no podría entenderse que la Duquesa de Palma no estuviera "alertada" del proceder de su marido, tanto por su "sólida formación" como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que "se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas".
Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del auto, Castro se pregunta por qué la Infanta no utilizó su "paritario potencial participativo" en la sociedad Aizoon -de la que es copropietaria junto a su esposo y a través de la cual se habría defraudado al fisco- para rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de esta empresa.
Por su parte, la Casa del Rey se ha limitado a expresar su "respeto a las decisiones judiciales". El pasado mes de abril, cuando Doña Cristina fue imputada por primera vez por presunta complicidad con su esposo, Zarzuela expresó su "sorpresa" y dijo haberse enterado por los medios de la decisión, al tiempo que dejó claro su "máximo respeto" por las decisiones de los jueces. La Fiscalía recurrió aquella imputación y la Audiencia Provincial de Palma la dejó sin efecto.
La semana pasada, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, pidió cerrar ya la fase de instrucción del 'caso Nóos' porque los casi tres años que lleva abierto el sumario han supuesto un "martirio" para la institución, con un goteo de informaciones y filtraciones que hacían que este tema estuviera "repicando día tras día".
En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Spottorno no quiso especular con las consecuencias que tendrá para los duques de Palma el fin de la fase de instrucción, aunque reconoció que en la institución trabajan con "varias hipótesis".
"Hay que confiar en la justicia. Nosotros siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado. Y lo único que pedimos es que termine pronto. El sumario lleva tres años largos abierto. Entiendo que se han hecho todas las diligencias que tenían que hacerse y pienso que el señor magistrado entenderá que está ya en condiciones, así más o menos lo está anunciando a los medios de comunicación, de cerrar el sumario", declaró Spottorno.
