Consideran que el partido de Mariano Rajoy y su actual tesorera, Carmen Navarro, han podido cometer delitos de encubrimiento y daños informáticos al existir indicios de “ocultación de pruebas, que podrían tener una incidencia determinante en el conocimiento de una estructura de financiación ilícita y opaca a un partido político por parte de empresarios contratantes de la administración pública”
Izquierda Unida, junto con la Asociación Justicia y Sociedad y la Federación de Los Verdes ha registrado en los juzgados de Plaza de Castilla una querella contra el PP y su actual tesorera y gerente, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, en relación a la destrucción de los discos duros de los ordenadores utilizados por su anterior tesorero, Luis Bárcenas, en la sede nacional del partido de Mariano Rajoy.
Sostienen que hay indicios de “ocultación de pruebas, que podrían tener una incidencia determinante en el conocimiento de una estructura de financiación ilícita y opaca a un partido político por parte de empresarios contratantes de la administración pública”
En el completo escrito redactado, que consta de 30 folios, se imputa a los querellados “la probable y posible comisión de los delitos” de encubrimiento y daños informáticos por la destrucción “grave y relevante” de pruebas relativas a la investigación sobre la supuesta ‘contabilidad B’ del PP, que instruye el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid abrió diligencias por este asunto después de que Ruz le comunicara el pasado 19 de septiembre que la destrucción de los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas revestía ‘relevancia penal’ y podría ser constitutiva de delito.
La causa está a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre si compete a este órgano la investigación de este asunto, según señalaron fuentes jurídicas. Una vez se conozca la postura del Ministerio Público, la jueza acordará si asume el caso o bien eleva conflicto de competencias. Si ocurre lo primero, deberá decidir también si acepta la querella presentada hoy.
Para la entrada del texto en el Registro de los juzgados acudieron los abogados de los querellantes Enrique Santiago, Juan Moreno y Antonio Segura. Santiago, dirigente federal de IU y letrado que coordina las actuaciones judiciales de esta formación, destacó que “se trata de la primera querella que se dirige directamente contra un partido político como responsable jurídico” tras la reforma del Código Penal realizada a finales de 2013 y que entró en vigor en febrero de este año.
Coincidió con Moreno en que el PP impulsó esta reforma con el objetivo de incitar su uso “contra sindicalistas que podían estar en los ‘piquetes’ en una jornada de huelga” y, sin embargo, ahora “se le ha vuelto en su contra. Vamos a ir hasta el fondo de las responsabilidades del PP y su dirección nacional en la destrucción de estos ordenadores”.
A la pregunta de los periodistas sobre la exclusión de otros dirigentes del PP de la nómina de querellados, entre ellos su secretaria general, María Dolores de Cospedal, los letrados indicaron que “por el momento” se han dirigido contra aquellos supuestos responsables sobre los que existen “indicios clarísimos” de delito. No obstante, no descartaron ampliar la querella contra otros dirigentes a medida que avance la instrucción.
Juan Moreno especificó que la petición de imputación de Navarro está “debidamente justificada” debido a que ella es quien figura en el reglamento del PP como responsable de los archivos de la sede de la calle Génova, además de haber sido la que ha respondido en repetidas ocasiones a los requerimientos realizados por el magistrado Ruz.
Frente a la versión del PP de que los discos duros de los dos ordenadores -un Macintosh y un Toshiba- fueron destruidos para ponerlos al servicio de ‘un nuevo trabajador del partido’, IU destaca que los peritos policiales declararon que los ordenadores fueron formateados el 3 de julio de 2013, seis días después del ingreso en prisión de Bárcenas por su vinculación al ‘caso Gürtel’, además se indica que no existen “evidencias que indiquen que dicho ordenador ha sido usado con posterioridad por empleado alguno del Partido Popular”.
El texto de la querella basa la presunta responsabilidad penal de Navarro en el hecho de que como tesorera y gerente del PP tuvo “participación en la destrucción u ocultación de diferentes soportes materiales con alcance probatorio, todo ello por acción u omisión directa y con absoluto conocimiento por parte de la querellada de las investigaciones de índole criminal” que se seguían en la Audiencia Nacional.
En relación con el PP como persona jurídica, IU y las otras dos asociaciones exponen que la “destrucción y ocultación de pruebas” se realizó en su sede nacional y “con el pleno conocimiento de los responsables”.
Completan su exposición indicando que el PP, en sus escritos dirigidos al magistrado Ruz, se atribuye esta actuación y trata de presentarla como “algo habitual y que forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del propio partido”.
“No cabe duda de que existen elementos materiales e indiciarios para sostener que en el seno del Partido Popular se han producido actos de destrucción de diferentes elementos probatorios, en especial los archivos contenidos, por lo menos, en un ordenador utilizado por Luis Bárcenas, así como las agendas de los ex tesoreros del Partido”, concluyen los querellantes.
El texto de la querella recuerda también la evolución de los acontecimientos en el denominado ‘caso Bárcenas’. Así, relatan que el 18 de enero de 2013 el diario ‘El Mundo’ publicó los supuestos sobresueldos pagados a dirigentes del PP por Luis Bárcenas y que el 31 enero ‘El País’ publicó fotocopias de los denominados ‘papeles de Bárcenas’, que recogen el pago por parte de grandes empresarios de diversas sumas de dinero al Partido Popular, “cantidades de efectivo que en parte se repartían diversos dirigentes del Partido Popular”.
La publicación de estos papeles llevó a IU a presentar el 28 de febrero una querella ante la Audiencia Nacional por financiación ilícita del Partido Popular, que dio lugar a la apertura de diligencias previas el 1 de marzo de 2013.
El 13 de febrero de 2013, continúa la querella, Bárcenas requirió por burofax a la gerente del PP, Carmen Navarro, la devolución de, entre otras pertenencías, los dos ordenadores que venía usando. “Con posterioridad, el 1 de marzo de 2013, el señor Bárcenas interpone denuncia por el supuesto robo de dichos ordenadores”, se recuerda.
La querella relata que el 14 de agosto de 2013, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, manifestó en la Audiencia Nacional que los ordenadores reclamados por Bárcenas se encontraban en esos momentos en la sede del partido.
El 29 de agosto de 2013 se realizó, por orden judicial un clonado de los discos duros de dichos ordenadores. Según el informe pericial, uno de ellos, ‘fue formateado el día 3 de julio de 2013, solo 6 días después del ingreso en prisión de Luis Bárcenas, sin que exista información que se pueda extraer de dicho disco duro, ni evidencias que indiquen que dicho ordenador ha sido usado con posterioridad por empleado alguno del Partido Popular’.
Además añade que, según el testimonio ante el mismo juez el 10 de septiembre de 2013, las secretarias de los ex tesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta indicaron que las agendas de ambos responsables financieros del PP “habían sido destruidas”.
