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2 de febrero de 2009, 17:08
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS | 31.1.2009
El responsable de Relaciones Internacionales y eurodiputado de IU, Willy Meyer, pidió hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "no se deje intimidar" por las "maniobras" del Ejecutivo israelí, que pretende la modificación de la legislación española sobre los delitos de lesa humanidad.
Tras la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de una querella contra el Ejército israelí por el ataque en 2002 contra un líder de Hamás, en el que murieron 14 civiles palestinos, el Gobierno de Israel pidió a España una modificación de la legislación sobre esos delitos.
Meyer afirmó que el Gobierno de Israel está "sometiendo" al Gabinete Zapatero a una "presión inaceptable", que pretende una "ingerencia fuera de lugar" sobre la justicia en España, y que "no tiene en cuenta la división de poderes". "Espero", dijo, "que el Gobierno español no se deje intimidar por la maniobras diplomáticas del Ejecutivo israelí" y en todo caso anunció que IU "se opondrá" a cualquier "reformulación" de la actual legislación de los delitos de lesa humanidad.
Meyer considera inmoral que sea precisamente el Estado de Israel el que pretende esta reforma legal cuando "históricamente no se ha distinguido por su respeto a la legalidad internacional e incumple sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas" sobre el conflicto palestino.
La reacción de IU se produce después de que la ministra de Asuntos Exteriores israelí afirmara el viernes que su colega español, Miguel Ángel Moratinos, le había asegurado en una conversación telefónica que se produciría un cambio de la legislación española para evitar que prosperara la investigación abierta por el juez Andreu sobre una matanza de palestinos en 2002. La versión del Gobierno español sobre dicha conversación es algo distinta. Según Moncloa, se están estudiando desde hace tiempo unos ajustes que afectan al principio de la Justicia universal. Las mismas fuentes subrayaron que este proceso de ajuste no se debe a la reacción israelí al auto del juez Andreu.
La reforma legislativa no tendría carácter retroactivo
Así mismo, cualquier cambio de la legislación no tendría carácter retroactivo con lo que no afectaría la investigación abierta contra los siete ciudadanos israelíes por la matanza de 2002. Varios ministerios israelíes están coordinando sus esfuerzos para frenar los procedimientos y se han marcado dos líneas de trabajo, una judicial y otra política.
La Cadena SER ha informado este sábado de que el Ministerio de Justicia está estudiando prohibir a la Audiencia Nacional juzgar asuntos que no tengan "nexo de conexión" con España. Los cambios legislativos pasarían, según la Cadena Ser, por una reforma legal que apuesta por frenar la deriva de la Audiencia Nacional a juzgar sin límites cualquier crimen tipificado como genocidio. No se trata de restringir el principio de "jurisdicción universal" de la Audiencia Nacional sino de limitarlo a aquellos casos que tengan "nexo de conexión" con España. Según la propuesta que estudia el ministerio de Bermejo, la Audiencia Nacional mantendría su jurisdicción en tres casos. El primero: que ciudadanos españoles fuesen los directamente perjudicados por los delitos sometidos a juicio.
También se mantendría la jurisdicción en caso de que los responsables de los crímenes se encuentren en España en el momento de su detención. Y un tercer apartado que abre un amplio capítulo de relaciones culturales o históricas que podrían también justificar la jurisdicción de los tribunales españoles. De aplicarse esa reforma no seria posible un proceso como el que estos días se sigue en la Audiencia Nacional contra Israel. Tampoco vería la luz otros procesos como los iniciados en el caso del Tíbet o el vinculado a la secta china Falun Gong.
El responsable de Relaciones Internacionales y eurodiputado de IU, Willy Meyer, pidió hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "no se deje intimidar" por las "maniobras" del Ejecutivo israelí, que pretende la modificación de la legislación española sobre los delitos de lesa humanidad.
Tras la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de una querella contra el Ejército israelí por el ataque en 2002 contra un líder de Hamás, en el que murieron 14 civiles palestinos, el Gobierno de Israel pidió a España una modificación de la legislación sobre esos delitos.
Meyer afirmó que el Gobierno de Israel está "sometiendo" al Gabinete Zapatero a una "presión inaceptable", que pretende una "ingerencia fuera de lugar" sobre la justicia en España, y que "no tiene en cuenta la división de poderes". "Espero", dijo, "que el Gobierno español no se deje intimidar por la maniobras diplomáticas del Ejecutivo israelí" y en todo caso anunció que IU "se opondrá" a cualquier "reformulación" de la actual legislación de los delitos de lesa humanidad.
Meyer considera inmoral que sea precisamente el Estado de Israel el que pretende esta reforma legal cuando "históricamente no se ha distinguido por su respeto a la legalidad internacional e incumple sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas" sobre el conflicto palestino.
La reacción de IU se produce después de que la ministra de Asuntos Exteriores israelí afirmara el viernes que su colega español, Miguel Ángel Moratinos, le había asegurado en una conversación telefónica que se produciría un cambio de la legislación española para evitar que prosperara la investigación abierta por el juez Andreu sobre una matanza de palestinos en 2002. La versión del Gobierno español sobre dicha conversación es algo distinta. Según Moncloa, se están estudiando desde hace tiempo unos ajustes que afectan al principio de la Justicia universal. Las mismas fuentes subrayaron que este proceso de ajuste no se debe a la reacción israelí al auto del juez Andreu.
La reforma legislativa no tendría carácter retroactivo
Así mismo, cualquier cambio de la legislación no tendría carácter retroactivo con lo que no afectaría la investigación abierta contra los siete ciudadanos israelíes por la matanza de 2002. Varios ministerios israelíes están coordinando sus esfuerzos para frenar los procedimientos y se han marcado dos líneas de trabajo, una judicial y otra política.
La Cadena SER ha informado este sábado de que el Ministerio de Justicia está estudiando prohibir a la Audiencia Nacional juzgar asuntos que no tengan "nexo de conexión" con España. Los cambios legislativos pasarían, según la Cadena Ser, por una reforma legal que apuesta por frenar la deriva de la Audiencia Nacional a juzgar sin límites cualquier crimen tipificado como genocidio. No se trata de restringir el principio de "jurisdicción universal" de la Audiencia Nacional sino de limitarlo a aquellos casos que tengan "nexo de conexión" con España. Según la propuesta que estudia el ministerio de Bermejo, la Audiencia Nacional mantendría su jurisdicción en tres casos. El primero: que ciudadanos españoles fuesen los directamente perjudicados por los delitos sometidos a juicio.
También se mantendría la jurisdicción en caso de que los responsables de los crímenes se encuentren en España en el momento de su detención. Y un tercer apartado que abre un amplio capítulo de relaciones culturales o históricas que podrían también justificar la jurisdicción de los tribunales españoles. De aplicarse esa reforma no seria posible un proceso como el que estos días se sigue en la Audiencia Nacional contra Israel. Tampoco vería la luz otros procesos como los iniciados en el caso del Tíbet o el vinculado a la secta china Falun Gong.
