El parlamentario, en una rueda de prensa en la sede de IU de Asturias, ha exigido la realización de una auditoría para conocer, con exactitud, los costes de producción para determinar el déficit tarifario ya que, dijo, los 28.000 millones de euros que, supuestamente, adeuda el Estado a las eléctricas no tiene justificación.
"El déficit tarifario es un ministerio de más difícil comprensión que el de la Santísima Trinidad. Desde el año 2000 al 2012 se situó en 34.000 millones de euros, de los que sólo se pagaron 6.000 millones, es decir se deben en este momento 28.000 millones de euros", señala.
Según Iglesias, para frenar ese crecimiento y afrontar su amortización "el PP ha desarrollado esos cambios, que tienen dos coartadas políticas: criminalizar el carbón y apostar claramente por su desaparición; y criminilizar también el crecimiento de las energías renovables. Se cierra la minería y se adoptan recortes en la remuneración de la energía eléctrica producida por las renovables que hacen que las inversiones que significaron el desarrollo de este sector no sean rentables".
"Las políticas del PP suponen, de facto, una mayor dependencia del país del exterior, al eliminar la producción tanto por la vía del carbón nacional como por las energías solar o eólica, al tiempo que se produce una nueva concentración de las compañías productoras", añade.
Sin embargo, en esta cruzada contra la producción de electricidad con energías renovables existen excepciones. Jesús Iglesias ha señalado que, en este sentido, una compañía norteamericana está siendo beneficiada sin que se hayan dado explicaciones plausibles para justificar la excepción realizada con esta compañía que, curiosamente, se menciona en las filtraciones de WikiLeaks. "Esta cruzada contra las renovables y las fotovoltaicas tienen una llamativa excepción: la planta que existe en Ciudad Real, en de Alcázar de San Juan desarrollada por una multinacional norteamericana, la Californian Solar Reserve.
Para IU la política de protección a los intereses de las eléctricas frente a los consumidores se ha saldado con un incremento del coste del recibo para la ciudadanía en general y, sólo en 2013, se han producido tres subidas con un incremento global del 8 por ciento, un ratio que podrá seguir aumentado de forma automática gracias a nuevas reformas puestas en marcha por el Gobierno del PP, que incluye la subida automática sin necesidad de aprobación gubernamental si se produce un desvío superior al 2,5 por ciento.
FIN DE LA MINERÍA
A esto, ha añadido el senador, hay que añadir el fin del sector de la minería, con fecha fija, y con lo que denominó un "empecinamiento" del ministro Soria y del Gobierno de Mariano Rajoy por acabar con la explotación del carbón nacional.
Todas las medidas emprendidas por el PP se justifican, según Jesús Iglesias por el objetivo de contener el déficit tarifario, un desfase que no está nada claro a juicio del senador y que tiene más que ver con mantener los escandalosos márgenes de beneficio de las eléctricas españolas, con un margen muy superior al de sus competidoras europeas.
"Pudiera parecer que con el déficit tarifario que no se paga se está arruinando a las empresas eléctricas y que con estas subidas, insisto, 8 por ciento en ocho meses, que es que la energía eléctrica es muy barata en nuestro país. Las dos cosas son absolutamente falsas", añade.
El senador de IU ha requerido, una vez más, la realización de una auditoría ya que, dijo, no responde a la realidad, sino a la forma interesada sobre la que se fija la tarifa. "Es un mecanismo predeterminado, condicionado, al impuesto por las empresas eléctricas para que les favorezca. Gobierno dice que las razones son las ayudas al carbón y la sobre remuneración de las renovables", apunta.
