Hace quince años que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegó al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó en Ginebra 64 informes de desaparecidos por la represión franquista. Como consecuencia, el grupo de trabajo contra la desaparación forzada de la ONU reclamó por primera vez a España el paradero de dos desaparecidos de la dictadura.
El 5 agosto de 2002, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, entró en el Palais Wilson de Ginebra, Suiza, sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Allí, presentó las fichas de 64 personas desaparecidas por la represión de la dictadura franquista, asesinados y tirados en cunetas entre el verano de 1936 y la primavera de 1949. Se trataba de la primera vez que el caso de los desaparecidos de la dictadura franquista llegaba a la ONU.
La ARMH había llevado a cabo un campo internacional de trabajo, con jóvenes de nueve nacionalidades, en Piedrafita de Babia, al norte de León. Una vez encontrada la fosa, denunciaron ante el juzgado de Villablino la aparición de restos humanos con signos de violencia, y la jueza que recibió el caso, abrió diligencias por primera vez en la historia de España.
Desde sus inicios, la ARMH trató de enmarcar las exhumaciones de fosas comunes y la búsqueda de desaparecidos en el ámbito de los Derechos Humanos, para terminar con el silencio de las instituciones españolas y sacar de la bronca política las tareas pendientes con respecto a las numerosas violaciones de DDHH que cometió la dictadura franquista.
Unos días antes de viajar a Ginebra, la ARMH presentó los mismos casos ante la oficina del Defensor del Pueblo que jamás había recibido reclamaciones de familias de desaparecidos, desde que se creó en los años de la transición.
Como consecuencia de las gestiones de la asociación, en el informe anual del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU y en el informe del Defensor del Pueblo español, se trató el caso de las fosas comunes.
La decisión de la ONU, fue que sólo podía admitir los casos de desaparición posteriores a la fecha de su creación, el 24 de octubre de 1944. Esa fue la razón por la que el Alto Comisionado le reclamó al gobierno español, entonces presidido por José María Aznar, el paradero de dos hombres, desaparecidos en las provincias de Cuenca y Teruel, en 1947 y 1949.
A partir de entonces el caso español estuvo abierto y la Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica utilizó las fichas del Grupo de Trabajo de la ONU para elaborar su base de datos de personas desaparecidas por la represión franquista. El trabajo con la ONU durante años fue determinante para que en septiembre del año 2013 el grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria visitara España, entrevistándose con víctimas, representantes institucionales, juristas e historiadores para conocer de primera mano la situación de las personas desaparecidas por la dictadura franquista y sus familias. También fue determinante para la visita en marzo de 2014 del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la garantía de No Repetición de la ONU, Pablo de Greiff. Ambos organismos realizaron sendos informes especialmente contundentes con el Estado español, por los numerosos incumplimientos en materia de DDHH llevados a cabo por Espala, tras compromisos adquiridos al ratificar tratados internacionales.
