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NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 02.10.2009

Para el Gobierno regional, la decisión adoptada por la jueza Inmaculada Vacas de suspender el proceso electoral en Caja Madrid es una “una medida muy, muy provisional” que durará “unos días”. Eso es lo que dijo el consejero de Presidencia Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados , que también negó que este asunto haya influido en las relaciones con el Ayuntamiento de Madrid: “Entiendo que esto no tensará la cuerda entre el Ayuntamiento y la Comunidad”, dijo.

Para Granados, el ayuntamiento de la capital defiende “lo que considera sus intereses legítimos, en cuanto a representación en la Caja, pero la Caja que es el órgano que al final que ha aplicado sus estatutos, entiendo que lo que ha hecho es adaptar ese proceso electoral a la nueva ley”. El consejero defendió así la aplicación de la actual legislativa: “Una ley que ya ha sido refrendada por todo el mundo a la que se adapta absolutamente el proceso electoral que se ha puesto en marcha”, afirmó.

Por su parte, desde el PSM, el secretario de Economía del PSM, Antonio Miguel Carmona , manifestó su “respeto” a las decisiones judiciales pero lamentó que el enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón llegue al Juzgado, “escenario insólito en las instituciones”.

El dirigente socialista mostró en todo caso la disposición de su partido para “ayudar a solventar un problema que ha generado la terquedad y el disenso en el seno del PP”. Carmona también subrayó que lo que se pone en evidencia es “un peligro de mora procesal caso de no adoptarse la suspensión del acuerdo, pues finalizaría el proceso electoral en perjuicio del Ayuntamiento de Madrid con un número de consejeros por él designados inferior al que le correspondería”.

Para UGT, lo importante es que la sentencia sea firme “cuanto antes” para que el proceso electoral se retome, después de que se haya interrumpido “básicamente por la situación del PP en Madrid”.

Fuentes de este sindicato culpan de la situación actual a la “confrontación permanente” entre los dirigentes del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad y confían en que la Comisión de Control argumente ante el juez la razones que le llevaron a establecer el reparto de los 64 consejeros a los que renunció la Casa Real conforme a la ley vigente, una decisión que comparte el Ayuntamiento ya que, con el reparto actual, las corporaciones municipales se quedan sin ningún asiento en la Asamblea general.

El juez ha dado de plazo 20 días para que las partes presenten sus alegaciones. El próximo miércoles está prevista una reunión de la Comisión de Control cuyos miembros están divididos. De los 13 consejeros que componen este órgano, 9 comparten las tesis de la Comunidad de Madrid, mientras los otros 4 defienden las tesis del Ayuntamiento, entre ellos el presidente, Fernando Serrano.

Granados resta importancia al auto del juez: "es una medida muy, muy provisional"