Orencio Osuna | El día 18 de diciembre están convocadas las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid. Por ofrecer a los lectores un marco general de la situación. ¿Cómo se presentan para la profesión estas elecciones? ¿Cuántos abogados están convocados a las urnas? ¿Qué participación suele existir en un proceso electoral como este?
El Colegio de Abogados de Madrid hace una vez más gala de su connivencia con el poder público y político
Lorena Ruiz-Huerta | En esta convocatoria electoral somos 11 candidaturas completas y 4 individuales, es decir, personas que se presentan solamente al puesto de decano o decana. La Asociación Libre de Abogados lleva presentándose desde su constitución en el año 1989. Creo que es una convocatoria importante porque quizá por primera vez está empezando a haber un cierto movimiento por parte del electorado, por los graves problemas que atraviesa nuestra profesión, como la reciente aprobación de la Ley de Tasas o los drásticos recortes en el turno de oficio y el absoluto silencio y la posición de alejamiento total por parte de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid de estos problemas reales que afectan a la abogacía de manera mayoritaria. El Colegio, con su postura de silencio, hace una vez más gala de su connivencia con el poder público y político y de que se ocupa de los intereses de los grandes despachos que representan un porcentaje muy minoritario de los colegiados.
Hablamos de la profesión, pero en la abogacía hay distintos sectores. No es lo mismo pensar en un abogado que se dedica a defender a los trabajadores como abogado laboralista que los súper despachos que facturan centenares de millones de euros y defienden a las grandes corporaciones.
Exactamente. Por ello también uno de los grandes problemas que ha habido hasta ahora ha sido el abstencionismo en el Colegio de Abogados de Madrid porque ha votado un porcentaje ínfimo de los colegiados y sobre todo eran abogados con relación de dependencia de los grandes despachos. Entonces, creo por primera vez está empezando a haber este despertar por parte de los colegiados de los despachos pequeños, unipersonales y esperamos que acudan mayoritariamente a estas elecciones, y que voten y que eso pueda constituir un cambio en la junta de gobierno del Colegio.
Y todo esto se produce además en un contexto, en un proceso que vive todo el país de grandes recortes, de cercenamiento de muchos derechos y servicios públicos que tiene su traducción también en el sector de la justicia, en el aparato judicial con la nueva Ley de Tasas. ¿Qué posición adoptáis con respecto a esta ley?
Nosotros consideramos que la aprobación y entrada en vigor de esta ley constituye un ataque y una limitación sin precedentes al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esto no es más que una nueva demostración de que el actual Gobierno esta privatizando los servicios públicos, está denegando el acceso a la ciudadanía a los servicios públicos esenciales, tal y como exige la Constitución, de manera que solamente aquellas personas que tengan cuantiosos recursos económicos van a poder ejercer este derecho fundamental de acceder a los tribunales. En esta campaña y ante esta situación, la Asociación Libre de Abogados no solo denuncia la aprobación y entrada en vigor de esta ley sino la postura del Colegio de Abogados de Madrid que prácticamente ha sido el único de los Colegios de Abogados de todo el Estado español, del Consejo General de la Abogacía Española, de los jueces y los fiscales, que ha permanecido en silencio ante este ataque sin precedentes a la justicia como servicio publico.
La desigualdad en el acceso a la Justicia a través de un mecanismo tan selectivo como es tener o no tener dinero para afrontar la defensa de sus derechos: un ciudadano que queda desahuciado, un trabajador que es despedido, etc., produce una desigualdad que también es equivalente a todas desigualdades que se van generando con esta crisis económica, con estas políticas ultraliberales. Pero en el caso de la Justicia es incluso aún más sangrante. Ya sabemos que la igualdad ante la ley es un principio constitucional pero también sabemos que eso no es del todo exacto. De algún modo, la nueva Ley de Tasas viene a consagrar de una manera casi vergonzosa escandalosa esta doble velocidad, esta duplicidad de derechos.
Con la Ley de Tasas, el Gobierno pretende financiar la justicia gratuita en el turno de oficio
Efectivamente, y sin embargo, ellos todavía siguen manteniendo que esta ley no va a afectar en absoluto a las personas con pocos recursos económicos precisamente porque con esta Ley de Tasas pretenden financiar la justicia gratuita en el turno de oficio que hasta ahora esta teniendo unos problemas de gestión gravísimos, de modo particular en la Comunidad de Madrid desde que el Gobierno del PP asumió la competencia, haciendo una dejación absoluta de este servicio público. Consideramos que es una afrenta a todos los abogados del turno de oficio decir que con este dinero de las tasas (que es un impuesto en absoluto progresivo que grava por igual las rentas de los pobres y los ricos) se va a sufragar este servicio publico y que la Ley de Tasas, debido a la justicia gratuita, no va a afectar a las personas desfavorecidas. Esto no es así. Todavía sabemos que los criterios o los requisitos que hay que cumplir para acceder a la justicia gratuita son draconianos, hay que tener unos ingresos inferiores a los 1.100 euros por unidad familiar. Hay muchísimas personas que superan un poquito esa cantidad y siguen siendo personas sin recursos económicos para poder pagar la elevada cuantía: además de las tasas judiciales que se acaban de aprobar, tienen que añadir los gastos de abogado y procurador, lo cual hace prácticamente imposible para las clases medias y las clases bajas -no paupérrimas-, el poder ejercer este derecho constitucional.
Efectivamente. Porque según entiendo, el otro gran problema, que no es de ahora no es exclusivamente por la ley de tasas que tiene el derecho a una tutela judicial efectiva por aparte de todos los ciudadanos independientemente de su renta el hecho de que se haya ido deteriorando los servicios de asistencia colegiada gratuita según entiendo es uno de los grandes problemas de los que se ha quejado un sector importante de los abogados. En que consiste ese problema, como se ha deteriorado realmente ese derecho a la asistencia letrada gratuita.
El Gobierno mantiene el doble rasero y un discurso hipócrita de, por un lado, acusar a la ciudadanía de abusar de los servicios públicos y, por otro, recorta todos los servicios que estaban ideados precisamente para evitar la litigiosidad
En primer lugar. Una de las últimas medidas que ha adoptado la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid es el cierre de todos los servicios de orientación jurídica. Estos servicios, en el año 2011, atendieron a 163.000 personas y este servicio editaba muchísimas designaciones del turno de oficio, porque con una sola consulta con un abogado se solventaba el problema de índole jurídica que el ciudadano tenía y se evitaba acudir a la jurisdicción. De manera que el Gobierno mantiene el doble rasero y este discurso hipócrita de, por un lado, acusar a la ciudadanía de abusar de los servicios públicos y de acudir de manera excesiva -como si esto fuera un lujo o un hobby al que se dedique la ciudadanía- y, por otro lado, recorta todos los servicios que estaban ideados precisamente para evitar la litigiosidad, cerrando los servicios de orientación jurídica. Todos los servicios públicos de mediación familiar y de otro tipo están siendo cerrados de manera sucesiva y, al mismo tiempo, con sus reformas legales, sobre todo en el ámbito penal, cada vez están añadiendo o tipificando más conductas como delito. En las estadísticas del Colegio de Abogados de Madrid está demostrado que las reformas penales del gobierno son las que han hecho, por ejemplo, incrementar la litigiosidad en la jurisdicción penal en un 40%. Por lo tanto, ellos son los que con sus reformas legales hacen que los ciudadanos, desgraciadamente, tengan que acudir a la jurisdicción. Con sus reformas en la jurisdicción laboral, por ejemplo la reforma laboral que está permitiendo despidos masivos de la gente, y después se castiga a las personas impidiéndoles que acudan a los tribunales a pedir justicia. Lo mismo se podría decir con los desahucios, etc.
Exactamente, y utilizan para un derecho tan básico como es el acceso igualitario a la justicia, los mismos argumentos que se están empleando para otro tipo de cercenamiento de derechos sociales. Es muy notable. Pero junto a eso hay un tema que a mi particularmente me interesa mucho para conocer qué es el Colegio de Abogados y porqué hay sectores de la profesión que quieren romper con estas inercias, con esta complicidades que tiene la institución. Es el caso Garzón, que parece demostrar también una politización en el sentido partidista, porque obviamente es un órgano como todos, que pertenece a la esfera de la política. Pero, en ese caso, ¿qué hace este Colegio de Abogados?, ¿por dónde va?, ¿solamente defiende los intereses de ciertos sectores de la abogacía o también tiene complicidades políticas?
Para nosotros, desde luego, lo que es evidente es que, en la única ocasión en la que el Colegio ha llegado a hacer un ligero pronunciamiento en defensa del sagrado, sacrosanto derecho al secreto a las comunicaciones entre abogados y clientes ha sido en este famoso caso del juicio a Garzón. Para nosotros esto es una cosa absolutamente denunciable, creemos que el Colegio tiene que comprometerse en la defensa de todos los derechos que están relacionados, conectados con el derecho de defensa, entre ellos el secreto de las comunicaciones, pero en todos los casos. Ha habido otros casos también conocidos en los que se ha vulnerado este secreto. Por ejemplo, uno que se denunció por parte de la Asociación Libre de Abogados fue el caso de la niña Marta del Castillo en el que también se vulneró el secreto de las comunicaciones. En ese caso y en otros que no son conocidos también el Colegio tiene que tener siempre una postura de defensa de sus colegiados que es la que no mantiene hasta ahora en ningún caso.
En la presentación de vuestra candidatura hacéis énfasis en la asistencia de derechos humanos tanto en España como en colaboración con otros países. ¿Cómo enfoca vuestra candidatura la defensa, ya no solamente individual, sino de fenómenos que genera la crisis y no la crisis, las desigualdades, las discriminaciones, la xenofobia, etc.?
Nuestra asociación tiene un compromiso firme y radical con el derecho de defensa
Nuestra asociación, desde su constitución, tiene un compromiso firme y radical con el derecho de defensa. En este sentido, tenemos una comisión de trabajo dentro de nuestra propia Asociación que se llama ‘Comisión de Defensa de la Defensa”, que se ocupa de estar en contacto y detectar todos los casos de vulneración flagrante, por parte del Estado, del derecho de defensa, con todos aquellos países del mundo en los que se persigue a los abogados que están comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos. Nuestra asociación tiene varios proyectos de trabajo, trabaja sobre todo de manera decisiva con los abogados colombianos de Derechos Humanos. Hemos participado hasta en tres ocasiones en la caravana de juristas en defensa de los abogados defensores de los Derechos Humanos y semestralmente nuestra comisión hace un informe en el que cuenta cuál es la situación del derecho de defensa en aquellos países del mundo en el que el derecho de defensa goza de menos garantías que en nuestro Estado.
Hay un problema que se ha agudizado de manera dramática en nuestro país a consecuencia del desempleo galopante, de la depauperación de grandes sectores de la sociedad como son los desahucios. Como asociación, como candidatura, ¿cómo abordáis la defensa de los ciudadanos que se ven en estos momentos sin techo, expoliados de su hogar?
Desde nuestra asociación llevamos comprometidos con las personas que están denunciando este problema mucho tiempo ya. De hecho, contamos en la candidatura con uno de los abogados de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, Rafael Mayoral, y apoyamos de manera total todos sus planteamientos. Creemos que es urgente y necesaria una reforma radical de la ley de hipotecas, es imprescindible que el Estado apruebe la dación en pago y que al mismo tiempo se genere un parque de vivienda social para que todas las personas que son desalojadas de sus casas tengan una alternativa habitacional. No basta solo con la condonación de la deuda o la dación en pago, sino que hace falta que, por parte del Estado, se garantice el derecho constitucional a la vivienda y no se genere cada vez una bolsa mayor de exclusión social.
Vuestra candidatura la apoya también la asociación de abogados laboralistas de los trabajadores. Evidentemente, en este contexto no es necesario abundar en el aumento extraordinario de litigiosidad, por despidos, por ERES. La asociación en la medida que te apoya a ti supongo también que tiene una visión de cómo defender a los trabajadores en este momento, en lo que más prima son leyes que permiten un despido más barato, una facilidad e los despidos.
Sí, tenemos una visión de conjunto unánime en ese sentido, en primer lugar de rechazo frontal a la reforma del Estatuto de los Trabajadores; y me consta que nuestros abogados están con mucho trabajo y denunciando las escasas posibilidades de defensa que están permitiendo los actuales márgenes legales, esperamos que lleguen a ser declarados inconstitucionales en un plazo razonablemente breve de tiempo.
El aumento de los movimientos sociales, de las protestas, de las manifestaciones, de cualquier otra expresión de defensa de derechos están generando también una serie de situaciones, como es el cuestionar el derecho a la manifestación, ciertos abusos policiales que se dan en algunos momentos. He leído también en vuestra presentación, vuestra vinculación a la defensa de esos derechos, por ejemplo desde el 15M a esta parte, de una manera cada vez más comprometida.
La Asociación libre de abogados lleva 23 años no solamente haciendo oposición dentro del Colegio, sino también luchando en la calle por la defensa de la Justicia pública y de calidad, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Estamos vinculados con los movimientos sociales, en la actualidad con el 1M y con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que son los que en estos momentos los que tienen mayor fuerza, pero históricamente también hemos estado en acciones populares, en las causas en defensa de los derechos humanos, personados como acusación popular.
Muchas gracias Lorena y espero que tengáis mucha suerte. Creo que la merece, que los madrileños tengan un Colegio de Abogados al servicio de los ciudadanos.
