El panorama al que nos enfrentamos hasta final de año, es desolador. Las terapias anti-crisis del año 2010 han desembocado en Europa en una espiral inagotable de recortes sociales programados, con especial incidencia en los países periféricos y en una recomposición violenta de la tasa de ganancia del capital financiero y especulativo, impulsada sin diferencias ideológicas por los poderes públicos. El programa neoliberal que se está ejecutando “con pulso firme” desde el eje Frankfurt – Bruselas a partir del inicio del 2010, ha logrado en diferente medida sus objetivos. La reducción de salarios y el aumento del coste de la vida y los impuestos sobre el consumo de bienes necesarios, la destrucción de empleos y la flexibilización de las relaciones laborales, el endurecimiento de los requisitos de acceso a las pensiones de vejez y la disminución de su cuantía, la ampliación de la exclusión social y la degradación de los servicios de interés general se acompañan del incremento exponencial de la desigualdad social en términos impensables hasta hace poco en Europa, se han puesto en marcha con distinta intensidad en función de los marcos nacionales, la capacidad de resistencia de la población y la potencia económica del país de que se trate . El saqueo al que se está sometiendo a Grecia o el rescate que mantiene secuestrado a Portugal son ejemplos terminantes del programa máximo del neoliberalismo triunfante en Europa, y funcionan simbólicamente como advertencia de lo que puede suceder en países en dificultad, como España, a la vez que como objetivo a perseguir por influyentes sectores económicos en esos mismos supuestos. La impotencia política de la izquierda institucional en los gobiernos de muchos de los países afectados por la crisis y la renuncia a controlar estos procesos desde planteamientos diferentes a los tajantemente establecidos por los guardianes del euro y los mercados financieros, hace más dramático el curso de las cosas, puesto que, como ha sucedido en Portugal y en las elecciones municipales y autonómicas españolas, el derrumbe electoral de las posiciones socialdemócratas encumbra sin oposición real a la derecha política sin ni siquiera el coste de hacer las reformas requeridas por el capital especulativo, como sin embargo ha sucedido en el Reino Unido.
En el otro lado, la fragmentación de las respuestas en función de cada coyuntura nacional ha generado una permanente fractura entre las resistencias del sur de Europa – incluido el sur de las naciones del Este –, la lenta reacción de Gran Bretaña, y el acompañamiento silencioso de estos procesos por los sujetos colectivos del centro de Europa y Escandinavia. El sindicalismo europeo ha quedado encerrado en esas fracturas y durante todo el año 2010 prácticamente ha estado paralizado, contemplando y no dirigiendo las luchas de los movimientos y sindicatos en cada país.
La situación ha cambiado, sin embargo, a partir de la recomposición de su equipo directivo en el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos celebrado en Atenas, en mayo de 2011. En él se ha constatado la necesidad de una acción común y coordinada contra la mal llamada “austeridad” – que solo se aplica a los trabajadores y a las clases subalternas – reivindicando un nuevo compromiso político, social y económico de nivelación social frente a la crisis que sea anticipado por reformas profundas de control del sistema financiero y creación de un sistema fiscal europeo potente. Otras iniciativas en el mismo sentido persiguen la implantación de una cláusula social en los tratados que garantice el principio de que los derechos sociales fundamentales tengan prioridad sobre las libertades económicas, promoviendo así una interpretación de las libertades económicas fundamentales de manera que no puedan menoscabarse la acción sindical ni el derecho de huelga.
Junto con la reivindicación de una “gobernanza europea” que sirva a los intereses de los pueblos europeos y no a los de los mercados financieros, y el impulso de movilizaciones progresivas contra las medidas de austeridad, los recortes en los salarios, la seguridad social y los servicios públicos, la CES coloca en segundo lugar el objetivo de la igualdad salarial y de derechos en el espacio económico y social de Europa. Se pone especial énfasis en combatir la utilización del diferencial salarial entre países para utilizar lo como ventaja comparativa en el desplazamiento transnacional de servicios y de trabajadores. A impulso de los sindicatos franceses y alemanes, la CES impulsará una campaña sobre la igualdad de derechos y la igualdad salarial basada en el “principio del lugar de trabajo” como eje de la misma, y la consiguiente modificación de la Directiva de desplazamiento de trabajadores para obtener su aplicación en los supuestos de prestación de servicios transnacionales, de forma que se impidan las consecuencias lamentables a las que induce la jurisprudencia del Tribunal de Justica en el caso Rüffert o en el de Gran Ducado de Luxemburgo. También en estos casos, se pretende la utilización de la huelga como instrumento antidumping , esto es, como forma de reacción colectiva ante la vulneración del principio de territorialidad en las condiciones de trabajo en el transcurso de la prestación de servicios transnacional. Pero este aspecto ha merecido un desarrollo más amplio por parte del sindicalismo europeo.
En ese sentido, en efecto, en el Congreso de Atenas se adoptó la decisión de preservar frente a las libertades económicas de la Unión, el derecho de huelga reconocido en la carta de derechos fundamentales a los trabajadores en la dimensión transnacional europea y sobre las materias que afecten a dicha dimensión. Esta reivindicación de la regulación del derecho de huelga en la dimensión transnacional europea no ha tenido una propuesta concreta de desarrollo, pero es posible que se baraje la opción de la autorregulación sindical – en el nivel europeo, como declaración de voluntad de la CES – que se sustancie en un protocolo en el que necesariamente se tengan que abordar cuatro tipos de lo que se denominan “eurohuelgas”: huelgas de solidaridad sectoriales, huelgas anti-dumping social europeas, huelgas contra medidas normativas de la UE (socio-políticas)y, en fin, huelgas en las ETN europeas de ámbito transnacional.
El sindicato tiene pues abierta una “nueva frontera”, la de su dimensión europea considerada como un todo y no como la suma de las distintas problemáticas nacionales. Esta identidad europea debe formar parte de una consciente posición del sindicato en la globalización a favor de otro mundo y otra sociedad. La elección como presidente de la CES del secretario general de CCOO, es una buena señal en el sentido indicado, aunque el cargo sea fundamentalmente de carácter honorífico. Es un buen augurio porque simboliza la relación directa entre las políticas de gobierno basadas en la “austeridad”, el recorte de derechos sociales y la reducción de los servicios de interés general y el espacio europeo, de forma que la única solución practicable no es refugiarse tras las fronteras de los respectivos ordenamientos internos, sino traspasarlas y exigir “más Europa”, es decir, un desarrollo importante de elementos políticos de control democrático de la fuerza regulativa de los mercados y la puesta en marcha de instrumentos redistributivos profundos.
