El nuevo anteproyecto de Real Decreto que regula temporalmente los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) desde el pasado junio de 2012 no ha convencido a las asociaciones pro derechos humanos y de abogados, que lo han calificado de "insuficiente" por no introducir mejoras, según han explicado a Europa Press.
El borrador del reglamento fue impulsado por el Ministerio de Interior para dar respuesta a las críticas ciudadanas sobre los CIE, en concreto el de la Zona Franca de Barcelona, donde el pasado 6 de enero, hace un año, falleció el joven guineano Idrissa Diallo sin que se pudieran esclarecer las circunstancias de la muerte.
Por ello, la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la UB (OSPDH), SOS Racisme de Catalunya y la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) han explicado que hay que seguir reivindicando los derechos de los inmigrantes, pues el anteproyecto no soluciona el problema y, en algunos casos, "lo incrementa".
Según el vocal de la Comisión de Extranjería del Icab, Sergi Santacana, el borrador es "prácticamente idéntico al que ya había y no se aprobó" salvo algunas modificaciones estéticas como el cambio de nombre, con el que, en su opinión, el Gobierno español ha pretendido mejorar la mala fama.
Los CIE pasan a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (Cece), un cambio que la responsable del OSPDH, Cristina Fernàndez, ha calificado de "estrategia de maquillaje".
Fernàndez ha criticado al Gobierno por "incumplir su propia legalidad", ya que según la Ley de Extranjería, se debería haber aprobado un reglamento a los seis meses de publicar el borrador.
ASISTENCIA JURÍDICA, SOCIAL Y MÉDICA
La portavoz de SOS Racisme de Catalunya, Jose Peñín, ha explicado que la asistencia jurídica y social en estos centros no está clara, pues es el director quien autoriza las visitas "cuando la urgencia del caso lo justifica", lo que contradice la Ley de Extranjería.
Santacana ha lamentado que se trate a los internos "peor y con menos garantías que en los centros penitenciarios" cuando sólo han cometido una infracción administrativa, y ha recalcado las dificultades legales para defender a los inmigrantes, al no existir una norma específica.
"La defensa de los sectores más vulnerables tampoco se garantiza", ha aducido la responsable de Incidencia Política y Social de la CCAR, Pascal Coissard, que ha recordado que en muchos casos se trata de refugiados.
Según Coissard, el problema es que los inmigrantes no reciben suficiente información para solicitar el derecho de asilo internacional y pueden llegar a correr "peligro de muerte" si son devueltos a sus países de procedencia.
Santacana ha alertado de las pocas garantías médicas, y ha explicado que puede ser un licenciado en medicina y no un médico el que garantice la asistencia sanitaria del centro, lo que Peñín ha vinculado a las recientes muertes.
PROPUESTAS
El Icab ha anunciado que reenviará el informe que ya facilitaron en julio al Ministerio de Interior para que estudie sus propuestas sobre los CIE.
El OSPDH, SOS Racisme y la CCAR, que consideran que se deberían cerrar los centros por fomentar situaciones "discriminatorias, injustas e ilegítimas", seguirán movilizándose y recordarán la muerte de Idrissa Diallo este domingo, para que "ningún hecho similar se vuelva a repetir".
