nuevatribuna.es
26 de enero de 2010, 13:16
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 26.01.2010
Desde que saltara la polémica por la instalación del conocido como Almacén Temporal Centralizado (ATC), el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el asunto. Su ausencia ha sido suplida por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que ha salido en defensa de la autonomía de los municipios a la hora de decidir si optan o no a la candidatura del silo nuclear y ha dejado claro que la política del Gobierno es sustituir paulatinamente la energía nuclear, reduciendo el número de centrales, y sustituirla por energías alternativas.
El cariz político que ha tomado el debate con el contundente rechazo de José Montilla (Cataluña) y José María Barreda (Castilla-La Mancha) a que el ATC se aloje en sus territorios ha trasladado la polémica a la ejecutiva socialista donde el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, ha roto una lanza a favor de ambos presidentes autonómicos asegurando que comprende su posición pero no la del PP al que acusa de mantener una actitud “hipócrita” por defender la energía nuclear y no pronunciarse sobre dónde situar los almacenes de residuos.
También ha querido terciar este martes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para destacar que en esta cuestión no prima la disciplina de partido y que tampoco se trata de un tema de “color político”, pero que, en cualquier caso, el Ejecutivo “va a seguir adelante con el procedimiento que ha establecido” con el “máximo consenso posible”.
Esto es precisamente lo que las organizaciones sociales y ecologistas reprochan al ministro Sebastián, no haber buscado el consenso en un asunto tan sensible como este. Desde Greenpeace, se da por “muerto” el proceso, políticamente hablando, y sus servicios jurídicos preparan ya una posible demanda ante los tribunales.
A día de hoy, Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) son los únicos municipios que han aprobado en pleno su candidatura. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado acciones legales contra la decisión adoptada por el ayuntamiento de Yebra y el presidente Barreda convocará un pleno extraordinario para debatir sobre la ubicación del ATC. Por su parte, Montilla pedirá por carta al Ejecutivo que no ubique el ATC en Ascó aunque no recurrirá la decisión del consistorio tarraconense. El asunto ha llegado incluso al Parlamento de Estrasburgo donde el diputado de ICV, Raül Romeva, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para saber su opinión sobre la construcción del cementerio nuclear.
El 30 de enero finaliza el plazo para las candidaturas que serán publicadas en la web que Industria ha habilitado al efecto. A partir de ahí se abrirá un plazo de alegaciones y en junio esta previsto que la comisión interministerial proponga al Gobierno la ubicación definitiva del silo para que sea aprobado por el Consejo de Ministros.
Como ha recordado Blanco y el propio Zapatero es necesario un ATC porque las centrales nucleares mantendrán su actividad durante el tiempo de vida útil y porque tienen menos riesgo que las piscinas nucleares: "De lo contrario pagaríamos enormes cantidades de dinero, como estamos pagando a Francia, por almacenar esos residuos, por cierto, sin ningún tipo de riesgo. Hay más riesgo ahora mismo mantener los residuos temporalmente en lo que se viene a denominar piscinas que construir un almacén de residuos nucleares", ha dicho el titular de Fomento.
Blanco detalló que España paga actualmente 49.000 euros diarios a Francia por almacenar residuos nucleares y que esta cuota se incrementará a partir del 31 de diciembre a 60.000 euros al finalizar el actual contrato. "El almacén hay que construirlo u optar por pagar cantidades millonarias a otros países para que alberguen nuestros residuos, que en todo caso tenemos que producir porque las centrales nucleares tienen una vida útil. Por lo tanto, el almacén es necesario", insistió.
La inversión inicial del proyecto asciende a los 700 millones de euros y contempla la construcción de un centro tecnológico. Industria prevé que las obras duren unos cuatro años y que pueda ponerse en funcionamiento a finales de 2014.
Desde que saltara la polémica por la instalación del conocido como Almacén Temporal Centralizado (ATC), el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el asunto. Su ausencia ha sido suplida por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que ha salido en defensa de la autonomía de los municipios a la hora de decidir si optan o no a la candidatura del silo nuclear y ha dejado claro que la política del Gobierno es sustituir paulatinamente la energía nuclear, reduciendo el número de centrales, y sustituirla por energías alternativas.
El cariz político que ha tomado el debate con el contundente rechazo de José Montilla (Cataluña) y José María Barreda (Castilla-La Mancha) a que el ATC se aloje en sus territorios ha trasladado la polémica a la ejecutiva socialista donde el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, ha roto una lanza a favor de ambos presidentes autonómicos asegurando que comprende su posición pero no la del PP al que acusa de mantener una actitud “hipócrita” por defender la energía nuclear y no pronunciarse sobre dónde situar los almacenes de residuos.
También ha querido terciar este martes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para destacar que en esta cuestión no prima la disciplina de partido y que tampoco se trata de un tema de “color político”, pero que, en cualquier caso, el Ejecutivo “va a seguir adelante con el procedimiento que ha establecido” con el “máximo consenso posible”.
Esto es precisamente lo que las organizaciones sociales y ecologistas reprochan al ministro Sebastián, no haber buscado el consenso en un asunto tan sensible como este. Desde Greenpeace, se da por “muerto” el proceso, políticamente hablando, y sus servicios jurídicos preparan ya una posible demanda ante los tribunales.
A día de hoy, Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) son los únicos municipios que han aprobado en pleno su candidatura. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado acciones legales contra la decisión adoptada por el ayuntamiento de Yebra y el presidente Barreda convocará un pleno extraordinario para debatir sobre la ubicación del ATC. Por su parte, Montilla pedirá por carta al Ejecutivo que no ubique el ATC en Ascó aunque no recurrirá la decisión del consistorio tarraconense. El asunto ha llegado incluso al Parlamento de Estrasburgo donde el diputado de ICV, Raül Romeva, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para saber su opinión sobre la construcción del cementerio nuclear.
El 30 de enero finaliza el plazo para las candidaturas que serán publicadas en la web que Industria ha habilitado al efecto. A partir de ahí se abrirá un plazo de alegaciones y en junio esta previsto que la comisión interministerial proponga al Gobierno la ubicación definitiva del silo para que sea aprobado por el Consejo de Ministros.
Como ha recordado Blanco y el propio Zapatero es necesario un ATC porque las centrales nucleares mantendrán su actividad durante el tiempo de vida útil y porque tienen menos riesgo que las piscinas nucleares: "De lo contrario pagaríamos enormes cantidades de dinero, como estamos pagando a Francia, por almacenar esos residuos, por cierto, sin ningún tipo de riesgo. Hay más riesgo ahora mismo mantener los residuos temporalmente en lo que se viene a denominar piscinas que construir un almacén de residuos nucleares", ha dicho el titular de Fomento.
Blanco detalló que España paga actualmente 49.000 euros diarios a Francia por almacenar residuos nucleares y que esta cuota se incrementará a partir del 31 de diciembre a 60.000 euros al finalizar el actual contrato. "El almacén hay que construirlo u optar por pagar cantidades millonarias a otros países para que alberguen nuestros residuos, que en todo caso tenemos que producir porque las centrales nucleares tienen una vida útil. Por lo tanto, el almacén es necesario", insistió.
La inversión inicial del proyecto asciende a los 700 millones de euros y contempla la construcción de un centro tecnológico. Industria prevé que las obras duren unos cuatro años y que pueda ponerse en funcionamiento a finales de 2014.
