La decisión, tomada en la última reunión del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, afecta también a los expedientes de las denuncias presentadas por ciudadanos españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas
La petición para que se entregara una copia de esos documentos -llamados "legajos desaparecidos 1970-1980"- la hizo el pasado 29 de septiembre el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien reactivó así el sumario abierto en 1997 en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón por delitos de genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad, entre otros.
En el marco de ese sumario, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al militar represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por participar, entre otros crímenes, en los "vuelos de la muerte".
En octubre pasado, el juez Ruz, con el informe favorable de la Fiscalía, ordenó al Ministerio de Exteriores y a la Embajada española en Buenos Aires que entregaran los documentos secretos sobre españoles secuestrados depositados en la legación diplomática, con el fin de continuar la investigación sobre el paradero de los españoles desaparecidos a manos de las juntas militares argentinas.
El requerimiento del juez tenía su origen en una petición de Izquierda Unida (IU), personada como acusación en la causa, para que la legación diplomática española entregara un listado de los desaparecidos con esta nacionalidad, han informado hoy fuentes jurídicas en la Audiencia Nacional.
Estas fuentes han añadido que la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, contestó al juez que la información fue clasificada como secreta el año pasado por el Consejo de Ministros, pero que iba a solicitar su desclasificación, lo que se ha producido hoy.
El sumario de la Audiencia Nacional oficialmente investiga la supuesta desaparición de 600 españoles, aunque se desconoce el número exacto.
En su decisión de hoy, el Gobierno afirma que "teniendo en cuenta el carácter excepcional de las circunstancias del procedimiento y la naturaleza de los hechos que se investigan y la gravedad tanto de la calificación que pudieran merecer tales hechos como de las penas que pudieran corresponderles" se autoriza la desclasificación.
Pero agrega que, en virtud de la Ley de los Secretos Oficiales, y para "conciliar la protección de la seguridad del Estado, de una parte, y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, de otra", se pide "la máxima protección y reserva procesal posible".
