nuevatribuna.es
9 de marzo de 2009, 18:39
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C - 09.03.2009
En el área de seguridad que depende de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior, nadie conoce a nadie. El que se presupone máximo responsable en el escalafón de funciones, Enrique Barón, no despacha con el consejero Francisco Granados y tampoco con Sergio Gamón (presunto jefe de los espías); ni con Marcos Peña, principal asesor de la consejería. Varias estructuras, varios entramados, una cohorte de asesores y 33 partes de seguimiento que pese a la falsedad a la que alude el PP, existen (obran en poder de la Fiscalía), por lo que habrá que dilucidar qué mente retorcida los ha ideado.
La semana en la Asamblea de Madrid ha comenzado con una maratoniana jornada en la comisión de investigación sobre el espionaje político a la que han acudido cuatro comparecientes. Maratoniana y tensa, en la que el portavoz del PP, David Pérez, repitió hasta la extenuación que los dossieres publicados son falsos, tal y como dice el diario de Pedrojota, y que por ello no tiene mucho sentido seguir con los trabajos de los comisionados.
Tras una mañana en la que tanto Gamón como la secretaria técnica de la Consejería arrojaron poca luz sobre los hechos, la tarde se abrió con el director general de Seguridad e Interior, Enrique Barón, quien no cuestionó la falsedad o no de estos dossieres, pero sí dejó claro que de ser ciertos, su factura deja mucho que desear. Vamos, que son una chapuza, parafraseando a Rubalcaba cuando aludió a Mortadelo y Filemón.
Pero al margen de los personajes de tebeo o de película, como Torrente, apodo que se ha ganado a pulso el espía Gamón, lo cierto es que los partes existen y que la compleja estructura de la seguridad en Madrid sigue sin aclararse. Así lo denunció la oposición, para quien dicho entramado es un “galimatías”, un “carajal organizativo” donde se duplican las funciones, y donde existen varios equipos de seguridad, entre ellos los nueve asesores con infladas nóminas, sin coordinación alguna con los altos cargos de la consejería.
La tensión fue en aumento cada vez que el PP tomaba la palabra reprochando al PSOE �por enésima vez, si no más- que en las comunidades gobernadas por los socialistas no se constituyen comisiones de investigación sobre asuntos igual de graves. Como si eso fuera argumento suficiente para justificar el bloqueo y la censura con la que el PP está conduciendo este asunto.
El enfado de la oposición también quedo patente con el comportamiento de la presidenta de la comisión, Rosa Posada, quien corrigió en más de una ocasión a los portavoces del PSOE y de IU por no ceñirse �según ella- al objeto de la investigación, aunque no tuvo queja alguna frente a los alegatos permanentes de David Pérez arremetiendo contra los socialistas con su discurso de cierre de comisión.
El último en comparecer fue el viceconsejero Alejandro Halffter, quien, con la consigna bien aprendida, tampoco ve motivo para que la comisión siga su curso. Sea o no así, lo cierto es que todavía no se ha aprobado el segundo calendario de sesiones. El PP lo ha impedido y ha impuesto una sola comparecencia para este miércoles, la del consejero Granados, que, si la semana pasada se embroncó con el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ésta lo ha hecho con el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.
A este punto es bueno recordar una par de cosas. La bronca gorda se libra en las filas del PP y no con la bancada de la oposición en el parlamento autonómico. Y dos, los espiados son del partido y además han denunciado los hechos. Hasta Mariano Rajoy dio por buenos los partes de seguimiento. ¿De qué estamos hablando?
En el área de seguridad que depende de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior, nadie conoce a nadie. El que se presupone máximo responsable en el escalafón de funciones, Enrique Barón, no despacha con el consejero Francisco Granados y tampoco con Sergio Gamón (presunto jefe de los espías); ni con Marcos Peña, principal asesor de la consejería. Varias estructuras, varios entramados, una cohorte de asesores y 33 partes de seguimiento que pese a la falsedad a la que alude el PP, existen (obran en poder de la Fiscalía), por lo que habrá que dilucidar qué mente retorcida los ha ideado.
La semana en la Asamblea de Madrid ha comenzado con una maratoniana jornada en la comisión de investigación sobre el espionaje político a la que han acudido cuatro comparecientes. Maratoniana y tensa, en la que el portavoz del PP, David Pérez, repitió hasta la extenuación que los dossieres publicados son falsos, tal y como dice el diario de Pedrojota, y que por ello no tiene mucho sentido seguir con los trabajos de los comisionados.
Tras una mañana en la que tanto Gamón como la secretaria técnica de la Consejería arrojaron poca luz sobre los hechos, la tarde se abrió con el director general de Seguridad e Interior, Enrique Barón, quien no cuestionó la falsedad o no de estos dossieres, pero sí dejó claro que de ser ciertos, su factura deja mucho que desear. Vamos, que son una chapuza, parafraseando a Rubalcaba cuando aludió a Mortadelo y Filemón.
Pero al margen de los personajes de tebeo o de película, como Torrente, apodo que se ha ganado a pulso el espía Gamón, lo cierto es que los partes existen y que la compleja estructura de la seguridad en Madrid sigue sin aclararse. Así lo denunció la oposición, para quien dicho entramado es un “galimatías”, un “carajal organizativo” donde se duplican las funciones, y donde existen varios equipos de seguridad, entre ellos los nueve asesores con infladas nóminas, sin coordinación alguna con los altos cargos de la consejería.
La tensión fue en aumento cada vez que el PP tomaba la palabra reprochando al PSOE �por enésima vez, si no más- que en las comunidades gobernadas por los socialistas no se constituyen comisiones de investigación sobre asuntos igual de graves. Como si eso fuera argumento suficiente para justificar el bloqueo y la censura con la que el PP está conduciendo este asunto.
El enfado de la oposición también quedo patente con el comportamiento de la presidenta de la comisión, Rosa Posada, quien corrigió en más de una ocasión a los portavoces del PSOE y de IU por no ceñirse �según ella- al objeto de la investigación, aunque no tuvo queja alguna frente a los alegatos permanentes de David Pérez arremetiendo contra los socialistas con su discurso de cierre de comisión.
El último en comparecer fue el viceconsejero Alejandro Halffter, quien, con la consigna bien aprendida, tampoco ve motivo para que la comisión siga su curso. Sea o no así, lo cierto es que todavía no se ha aprobado el segundo calendario de sesiones. El PP lo ha impedido y ha impuesto una sola comparecencia para este miércoles, la del consejero Granados, que, si la semana pasada se embroncó con el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ésta lo ha hecho con el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.
A este punto es bueno recordar una par de cosas. La bronca gorda se libra en las filas del PP y no con la bancada de la oposición en el parlamento autonómico. Y dos, los espiados son del partido y además han denunciado los hechos. Hasta Mariano Rajoy dio por buenos los partes de seguimiento. ¿De qué estamos hablando?
