nuevatribuna.es
9 de marzo de 2010, 6:52
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 09.03.2010
El ‘caso Garzón’ ha destapado la caja de los truenos en el mundo de la judicatura donde se empieza a hablar de una campaña mediático-política de desprestigio al Tribunal Supremo y donde algunos han decidido poner en marcha el ‘ventilador’ para airear las supuestas prebendas de las que se benefician algunos magistrados, entre ellos el juez de la Audiencia Nacional, acusado de cohecho por participar en unos cursos subvencionados por el Banco Santander que preside Emilio Botín.
Lo más grueso que se ha conocido en las últimas horas han sido las declaraciones del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo que en una entrevista publicada por el diario El País arremete contra el Supremo por “estar sometido a la extrema derecha” y haberse aliado con los corruptos en lo que él califica “acoso organizado y sistemático contra Baltasar Garzón” por la trama Gürtel y por la posibilidad de que su principal cabecilla Francisco Correa ejerza de acusación por el tema de las escuchas telefónicas.
“La admisión de esa querella constituye la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y los corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad”, dice Villarejo; y añade que lo que ha acordado el Supremo “es poner al poder judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos”.
"25 AÑOS COMIENDO DE LA MANO DE LA BANCA"
Pero si esto es grave a decir de las principales asociaciones judiciales, lo es más la acusación formulada por Villarejo de que “jueces y fiscales han estado 25 años comiendo de la mano de la banca”. Mantiene el ex fiscal que las entidades bancarias (también las cajas de ahorro) “han aportado cantidades importantes, pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más”, afirma dejando la puerta abierta a ciertas interpretaciones.
Las principales asociaciones de jueces no han tardado en replicar a Villarejo. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz Antonio García Martínez, tilda de “rancias” las palabras del ex fiscal, “propias de personas marcadas por el resquemor”. A su juicio, “rezuman una imagen de contienda de amigo-enemigo, o estas conmigo o estás contra mí”, lo que ha provocado en su valoración personal una “profundísima tristeza”.
Para García Martínez hay manifestaciones “que se califican por sí solas” y “dan buena cuenta de la personalidad y el trasfondo” de quien las hace. El portavoz de esta asociación muestra “sorpresa” porque “esto lo diga un fiscal anticorrupción”, sobre todo cuando lo que se dice “no se ajusta a la realidad”.
Igual de duro se muestra el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) Marcelino Sexmedo, quien, también en declaraciones a nuevatribuna.es, asegura que las palabras de Villarejo “son impropias de alguien que ha sido fiscal”. Asegura este juez que las acusaciones sobre las subvenciones de empresas privadas a las que alude el ex fiscal son “exabruptos”, además de “falsas y exageradas”.
De “totalmente inaceptables” las tacha el representante de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD) Ignacio Espinosa, que niega que las actividades que realizan los magistrados (como impartir cursos) estén pagadas por entidades bancarias. “Es un infundio”, asegura y explica que las únicas subvenciones que reciben son de las instituciones públicas.
Las tres asociaciones cierran así filas contra una acusación que les sitúa en el ojo del huracán de la opinión pública. Sin embargo, otras voces apartadas ya de la carrera judicial suscriben las palabras de Villarejo. Es el caso de Antonio Doñate, ex miembro de JpD y actual asociado de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, quien en conversación con este periódico asegura que “esto es cierto” y que todas las asociaciones judiciales han venido recibiendo subvenciones de los bancos para la celebración de jornadas y congresos.
"SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL LLUEVE SOBRE MOJADO"
Por otro lado, las portavoces de las tres asociaciones citadas también exigen que se respete la independencia judicial y la separación de poderes después de que el mismo Consejo General del Poder Judicial se haya pronunciado en este sentido en respuesta a algunas manifestaciones de dirigentes políticos como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salió en defensa de Garzón por su trabajo en la lucha antiterrorista.
Sobre este tema se pronuncia Sexmedo (AJFV) que hace un llamamiento a la clase política para que “guarde un escrupuloso silencio”. En su opinión, en la polémica sobre el Supremo “llueve sobre mojado” ya que se trata de “la politización que se quiere hacer de los tribunales”, no de “una presión directa”, pero sí “del tono y el contexto que va quebrantando la voluntad en determinado sentido”, dice. Para Espinosa (JpD) también es necesario ese respeto hacia el poder judicial: “Cargando contra el Supremo no se hace ningún favor a la justicia”, subraya.
El ‘caso Garzón’ ha destapado la caja de los truenos en el mundo de la judicatura donde se empieza a hablar de una campaña mediático-política de desprestigio al Tribunal Supremo y donde algunos han decidido poner en marcha el ‘ventilador’ para airear las supuestas prebendas de las que se benefician algunos magistrados, entre ellos el juez de la Audiencia Nacional, acusado de cohecho por participar en unos cursos subvencionados por el Banco Santander que preside Emilio Botín.
Lo más grueso que se ha conocido en las últimas horas han sido las declaraciones del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo que en una entrevista publicada por el diario El País arremete contra el Supremo por “estar sometido a la extrema derecha” y haberse aliado con los corruptos en lo que él califica “acoso organizado y sistemático contra Baltasar Garzón” por la trama Gürtel y por la posibilidad de que su principal cabecilla Francisco Correa ejerza de acusación por el tema de las escuchas telefónicas.
“La admisión de esa querella constituye la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y los corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad”, dice Villarejo; y añade que lo que ha acordado el Supremo “es poner al poder judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos”.
"25 AÑOS COMIENDO DE LA MANO DE LA BANCA"
Pero si esto es grave a decir de las principales asociaciones judiciales, lo es más la acusación formulada por Villarejo de que “jueces y fiscales han estado 25 años comiendo de la mano de la banca”. Mantiene el ex fiscal que las entidades bancarias (también las cajas de ahorro) “han aportado cantidades importantes, pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más”, afirma dejando la puerta abierta a ciertas interpretaciones.
Las principales asociaciones de jueces no han tardado en replicar a Villarejo. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz Antonio García Martínez, tilda de “rancias” las palabras del ex fiscal, “propias de personas marcadas por el resquemor”. A su juicio, “rezuman una imagen de contienda de amigo-enemigo, o estas conmigo o estás contra mí”, lo que ha provocado en su valoración personal una “profundísima tristeza”.
Para García Martínez hay manifestaciones “que se califican por sí solas” y “dan buena cuenta de la personalidad y el trasfondo” de quien las hace. El portavoz de esta asociación muestra “sorpresa” porque “esto lo diga un fiscal anticorrupción”, sobre todo cuando lo que se dice “no se ajusta a la realidad”.
Igual de duro se muestra el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) Marcelino Sexmedo, quien, también en declaraciones a nuevatribuna.es, asegura que las palabras de Villarejo “son impropias de alguien que ha sido fiscal”. Asegura este juez que las acusaciones sobre las subvenciones de empresas privadas a las que alude el ex fiscal son “exabruptos”, además de “falsas y exageradas”.
De “totalmente inaceptables” las tacha el representante de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD) Ignacio Espinosa, que niega que las actividades que realizan los magistrados (como impartir cursos) estén pagadas por entidades bancarias. “Es un infundio”, asegura y explica que las únicas subvenciones que reciben son de las instituciones públicas.
Las tres asociaciones cierran así filas contra una acusación que les sitúa en el ojo del huracán de la opinión pública. Sin embargo, otras voces apartadas ya de la carrera judicial suscriben las palabras de Villarejo. Es el caso de Antonio Doñate, ex miembro de JpD y actual asociado de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, quien en conversación con este periódico asegura que “esto es cierto” y que todas las asociaciones judiciales han venido recibiendo subvenciones de los bancos para la celebración de jornadas y congresos.
"SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL LLUEVE SOBRE MOJADO"
Por otro lado, las portavoces de las tres asociaciones citadas también exigen que se respete la independencia judicial y la separación de poderes después de que el mismo Consejo General del Poder Judicial se haya pronunciado en este sentido en respuesta a algunas manifestaciones de dirigentes políticos como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salió en defensa de Garzón por su trabajo en la lucha antiterrorista.
Sobre este tema se pronuncia Sexmedo (AJFV) que hace un llamamiento a la clase política para que “guarde un escrupuloso silencio”. En su opinión, en la polémica sobre el Supremo “llueve sobre mojado” ya que se trata de “la politización que se quiere hacer de los tribunales”, no de “una presión directa”, pero sí “del tono y el contexto que va quebrantando la voluntad en determinado sentido”, dice. Para Espinosa (JpD) también es necesario ese respeto hacia el poder judicial: “Cargando contra el Supremo no se hace ningún favor a la justicia”, subraya.
