lunes 14/6/21

El cerrojazo impuesto a la comisión de los espías será llevado al Constitucional

PSOE e IU piden el cese del consejero Granados y dicen que Esperanza Aguirre es la "máxima responsable" por acción o por omisión. El PP niega cualquier tipo de responsabilidad de la comunidad pero no la existencia de seguimientos políticos.
NUEVATRIBUNA.ES - 16.03.2009

La comisión de investigación sobre el espionaje político en Madrid ha celebrado este lunes su última sesión con la presentación de conclusiones por parte de los distintos grupos. Tanto PSOE como IU han pedido el cese inmediato del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, al que señalan como principal responsable de las actividades "irregulares" y del seguimiento a cargos políticos en la Comunidad de Madrid. Pero la oosición también apunta a Esperanza Aguirre como "máxima responsable" por acción u omisión tanto del espionaje como del bloqueo de la comisión.

El PSOE acudirá en amparo al Tribunal Constitucional si el PP no permite continuar con el calendario inicialmente previsto (hasta el 31 de marzo) y se cumple el formato de comparecencias (quedan 18 de las 29 personas aprobadas por la mesa), "abortadas a mitad de camino", dice el PSOE, sin escuchar a las víctimas ni a los testigos.

Para la oposición queda demostrado que hubo espionaje político con una "estructura organizada para obtener información" (con medios que "exceden las compatencias"), dice IU, formación que junto con el PSOE considera que el diario El País ha aportado "pruebas irrefutables".

Los socialistas hablan de conclusiones "provisionales" y critican la "inadmisible intención de terminar abruptamente con los trabajos". "El respeto a las propias decisiones tomadas por la comisión y aún más el respeto a las formas democráticas básicas que impiden que una mayoría parlamentaria pisotee los derechos de los diputados de los grupos minoritarios, obliga por decencia y dignidad democrática a impedir que se consume el cierre en falso de la comisión", dice en su escrito.

"La falta de interés por parte del Gobierno de investigar los hechos; el veto a comparecer a los espiados y el manejo que se ha hecho de la comisión, nos hacen concluir que el Ejecutivo regional es responsable también, por omisión, de que no se sepa la verdad", asegura IU.

El cierre de la comisión se explica según la oposición por el "evidente intento del PP de ocultar hechos y consecuencias derivados de la trama de espionaje político. Saben y temen que ni su control ni su mayoría serían capaces de tapar o disimular la incontestable verdad de los hechos y de sus autores, tanto de los materiales como de los intelectuales".

El PSOE también pide que se suprima el puesto de Sergio Gamón como director del área de seguridad de la consejería; así como reducir la plantilla de asesores a las órdenes de Granados (suprimiendo 7 de los 9 que trabajan actualmente en la comunidad).

EL PP NO NIEGA LOS SEGUIMIENTOS

Por su parte, el PP, en su escrito de conclusiones señala que la Comunidad de Madrid "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona", aunque no niega que tales seguimientos se hayan podido producir por otras instancias.

El grupo mayoritario mantiene que la estructura de la Dirección General de Seguridad y las funciones de su personal son las mismas que en la etapa de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón.

Para el PP también ha quedado "acreditado" que los supuestos partes de seguimiento, "ni son documentos de la consejería ni tan siquiera se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales que están a disposición de cualquier ciudadano en Internet". Por ello -señala- los partes "carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de profesionales de la seguridad con décadas de experiencia que así lo han atestiguado", dice en alusión a Marcos Peña, Sergio Gamón y Miguel Castaño.

Los populares también hacen buena la investigación ordenada por Granados con exámenes grafológicos de la que concluyen que "las anotaciones manuscritas aparecidas en algunos de los supuestos partes no se corresponden con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas como presuntas autoras".

"La comisión no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario El País y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso", concluye el PP.

El cerrojazo impuesto a la comisión de los espías será llevado al...
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