En época de exámenes también toca examinar a la democracia en España. Lo ha hecho la Fundación Alternativas en un estudio presentado este miércoles sobre la calidad de la democracia en España en 2017. Se trata del undécimo informe que realiza, que sigue una secuencia iniciada en 2007 y en el que han participado 263 expertos consultados por diferentes cuestiones. Si bien, la nota final es de un 5,73 sobre 10, es decir un suficiente alto, mejora con respecto a años anteriores, especialmente en el periodo 2013-15 donde obtuvo las calificaciones más bajas. Con todo, la calificación sigue siendo inferior a la de hace diez años como muestra el cuadro siguiente.
El Informe sobre la Democracia en España 2017 analiza la situación de las instituciones españolas a lo largo de 2017, un año marcado por el procés en Cataluña, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la suspensión de la autonomía, y la gestión del Gobierno de Rajoy y un parlamento fragmentado con escasa producción legislativa. También se han tomado en cuenta otros procesos políticos como las primarias del PSOE que volvieron a aupar a Pedro Sánchez a la secretaría general del partido y la celebración de Vistalegre II de Podemos, donde también volvió a salir reelegido Pablo Iglesias. Asimismo, el informe analiza a los medios de comunicación y la corrupción, un problema enquistado que los españoles siguen situando como una de sus principales preocupaciones.
El estudio pone la lupa sobre doce grandes áreas
Las áreas con mejor valoración, es decir, con nota superior al 6 son la protección de derechos civiles y políticos; el procedimiento electoral, esto es las elecciones libres y limpias; y la protección de los derechos económicos y sociales más básicos de los ciudadanos.
Con calificaciones inferiores, pero también por encima de la media, se encuentran la valoración del funcionamiento del Estado de derecho; la valoración de los derechos de la ciudadanía; y el papel democrático de los partidos políticos. En este sentido, el informe destaca que “la crisis de afiliación y de popularidad que afecta a los partidos de las democracias occidentales y que se ha intensificado durante a crisis económica, está impulsando una revisión de su funcionamiento y de sus mecanismos de democracia interna, con el fin de hacerlos más atractivos como organizaciones participativas”.
El tercer grupo es el que recibe un aprobado muy justo, por debajo de la media, y hace referencia a la acción del gobierno; el control del gobierno; y la dimensión internacional de la democracia española.
Donde la valoración de la democracia suspende es en las tres primeras áreas del cuadro, cuya nota se queda por debajo del 5. Son las que hacen referencia a la corrupción, los medios de comunicación y la participación política.
En otros índices, como el que publica The Economist, la corrupción, la cuestión catalana y las amenazas a la libertad de expresión figuran como las principales preocupaciones de los españoles. Pese a ello, este índice mantuvo en 2017 a España en el grupo de las “democracias plenas” (8,08 de 10 puntos).
Representación del interés general
Uno de los aspectos que resalta el informe de la Fundación Alternativas es la percepción que tienen los ciudadanos sobre cómo les representan sus dirigentes políticos. La valoración al respecto es negativa: “El gobierno es aceptablemente efectivo y casi aceptablemente responsable, pero tal vez no sea un gobierno solo para el pueblo”, señala el estudio. Ello podría ser debido a que, a juicio de los expertos consultados, “la administración es muy permeable a intereses especiales y no ofrece igualdad de acceso a todos”. En este punto, el informe añade que “el gobierno representativo puede ser del pueblo, pero no gobierna solo para el pueblo. Se cree más en la eficacia del gobierno que en su neutralidad, o en que siempre esté al servicio de los ciudadanos”.
También es destacable la percepción sobre el grado de libertad de expresión, que, si bien, tiene una nota del 6,7, está por debajo de la media del grupo de derechos políticos y civiles (derecho de huelga, libertad religiosa, libertad de asociación…) que obtienen un 7,4. La libertad de expresión es uno de los pocos ítems que retrocede con respecto al año anterior.
