Así lo ha anunciado el presidente del Congreso, Patxi López, tras la reunión del órgano rector de la Cámara, que ha calificado los distintos escritos siguiendo el criterio fijado por los letrados de la institución en el informe jurídico que redactaron hace dos semanas. López ha detallado que se ha dado luz verde a un total de nueve proposiciones de ley, 58 proposiciones no de ley para su debate en Pleno, 21 proposiciones no de ley para tratarse en comisión, varias peticiones de comparecencia de ministros en funciones y la propuesta para crear una comisión de investigación sobre el escándalo de Acuamed. El presidente ha señalado que entre las proposiciones de ley calificadas hay algunas que piden expresamente la derogación de leyes vigentes, habida cuenta de que el informe de los letrados no ponía ninguna pega en ese sentido.
En concreto, han sido calificadas ocho proposiciones de ley del Grupo Socialista para recuperar la pluralidad de RTVE, el carácter universal del sistema sanitario, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar casos de impunidad, acabar con el voto rogado para los ciudadanos en el exterior, prohibir los indultos en los delitos vinculados con la corrupción, promover la derogación de la Lomce, la protección de consumidores y la reforma del Código Penal.
Además, se ha dado luz verde a la Ley 25 de Emergencia Social presentada por Podemos, que plantea una batería de medidas como primera respuesta "a la situación de emergencia que vive este país", como el freno a los desahucios, una garantía de acceso a los medicamentos o la protección de los suministros energéticos.
Además, la Mesa del Congreso ha calificado las solicitudes de comparecencia de cuatro ministros por decisiones tomadas por el Gobierno después de las elecciones del 20 de diciembre. Se trata de los titulares de las carteras de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; Educación, Íñigo Méndez de Vigo; Empleo, Fátima Báñez; y Economía, Luis de Guindos. Tejerina ha sido llamada a comparecer en el Congreso por PSOE y Ciudadanos por el escándalo de corrupción destapado en la empresa Acuamed.
Los cuatro representantes del PP en la Mesa del Congreso no han apoyado la celebración de estas por considerar que los miembros del Ejecutivo no deben acudir al Parlamento a dar cuentas de su gestión estando el Gobierno en funciones.
