Las peores peleas no son entre trabajadores. Son entre patronales porque sus ambiciones no tienen límites
Lo que ha trascendido de la reunión del Ministerio de Fomento con los representantes de los taxistas está siendo presentado por los medios de comunicación como una aceptación de las reivindicaciones del sector.
Aún así, por desconfianza u otros motivos no explicados, los taxistas siguen cortando las calles principales de Madrid o Barcelona, negando su servicio a los ciudadanos que lo necesitan salvo en casos extremos de minusválidos o enfermos.
Cuando hay una huelga de trabajadores de un servicio público rápidamente las autoridades ponen servicios mínimos abusivos del 60, 70 u 80 por ciento. En este caso ningún ayuntamiento o administración autonómica o central han puesto servicios mínimos.
El Gobierno no puede ir contra las decisiones de los tribunales, de la comisión nacional de los mercados y la competencia y menos contra la Abogacía del Estado.
Decisiones de ese calado, como otras que demagógicamente se le exige, como incumplir sentencias del Tribunal Supremo o Constitucional en aspectos fiscales, sería inmediatamente utilizado por los enemigos del frágil gobierno de Pedro Sánchez para ser impugnado y demandado jurídicamente por el Partido Popular o Ciudadanos, además de por las plataformas de VTC.
¿Es la solución trasladar la competencia a los ayuntamientos?
Trasladar la responsabilidad, por ejemplo al Ayuntamiento de Madrid de tomar la decisión de eliminar miles de licencias de coches que están actualmente dando servicio de forma legal para dejar la proporción en 1/30 significa que sólo deben quedar 516 licencias de VTC frente a las 3.784 existentes actualmente.
Contando con un mínimo de dos trabajadores asalariados esto significa dejar sin trabajo, de forma totalmente ilegal, a un mínimo de 7.568 personas más todos los servicios administrativos que les complementan.
¿De verdad quiere Manuela Carmena asumir esa competencia (patata caliente) unos meses antes de las próximas elecciones municipales?
La solución no es tan fácil como decir que sí a lo que pidan las patronales del Taxi. Porque por mucho que haya comentaristas que digan que es un conflicto laboral, los que negocian en nombre tanto de las plataformas como del gremio del Taxi son patronales.
Es un conflicto entre patronales que hay algún despistado que no lo tiene claro.
En Barcelona, Ada Colau, que ha jugado a aprendiz de bruja en esta ocasión, tendrá que pensar también a cuantos miles de trabajadores de las plataformas deja en la calle y asumir el conflicto subsiguiente. Igual que los taxistas bloquean la Gran Vía, los trabajadores de las VTC pueden bloquear La Diagonal o el Puerto de Barcelona. Hoy ha solicitado a los taxistas que desbloqueen la ciudad. Esperemos que le hagan caso.
Las peores peleas no son entre trabajadores. Son entre patronales porque sus ambiciones no tienen límites. Normalmente los trabajadores acaban negociando una subida salarial que les mantenga o mejore en unos puntos su capacidad adquisitiva. Las patronales no, porque se juegan muchos millones de euros y su supervivencia.
Malas fechas esta última semana de julio y primera de Agosto para buscar soluciones a este conflicto. En Madrid el 50% de los taxis tiene la obligación de librar 15 días en Agosto. Desde hace unos años, en concreto desde el 2011, los taxis pueden trabajar un máximo de 16 horas al día. ¿El ayuntamiento cumple con su obligación de garantizar que esas libranzas se respetan o mira para otro lado?
En la televisión, la respuesta de los entrevistados que se encuentran sin taxis en la mayoría de los casos es clara, “están cavando su propia tumba” decía un señor a la salida de Barajas refiriéndose a los taxistas. Tres o cuatro más decían que llamarían a cualquier VTC o a los familiares. Muchos se iban tranquilamente a los autobuses o al metro.
Estaría bien, en un país que todo se hace después de consultar a los ciudadanos, que alguien preguntara a los usuarios de este tipo de transporte si prefiere que sigan existiendo los VTC que hay actualmente o que se haga caso a los taxistas. Igual se llevaban una sorpresa.
Otra posibilidad que hay que poner sobre la mesa es aumentar considerablemente el número de licencias de taxi que en la mayoría de las ciudades españolas están congeladas desde hace 30 años, cuando no han disminuido como es el caso de Barcelona.
