miércoles 12/5/21
ARGENTINA: CAUSA CONTRA EL FRANQUISMO

Altos mandos del franquismo que todavía están vivos podrían ser juzgados

Ministros de Franco, dirigentes de Falange y mandos del Ejército es el glosario de cargos que se incluyen en la comisión rogatoria de la querella contra el genocidio franquista que se ha presentado este miércoles en la Corte Suprema en Buenos Aires.

NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 13.04.2010

En los últimos días Carlos Slepoy, abogado argentino especializado en Derechos Humanos, no ha parado ni un momento. Este miércoles se presentó la querella contra el genocidio franquista ante la Justicia de Argentina. Desde Buenos Aires ha conversado con nuevatribuna.es para explicar el porqué de esta iniciativa que respaldan una veintena de colectivos y varios particulares y que nace ante la imposibilidad de que España abra una causa judicial contra los crímenes del franquismo. Muy crítico con el proceso abierto a Baltasar Garzón confía en que los tribunales de su país admitan la demanda y avanza –aunque sin dar nombres- posibles imputados, aquellos responsables que aún sigan vivos así como el testimonio de familiares de las propias víctimas.

“En la querella se pide al Gobierno español un informe con todos los ministros de la dictadura, los mandos de las fuerzas armadas y dirigentes de Falange. Muchos familiares de desaparecidos, fusilados y torturados podrían venir a declarar ante el juez”, dice. Se trata de recabar todos los testimonios posibles en un periodo que abarca desde el 17 de julio de 1936 -un día antes del alzamiento de Francisco Franco cuando ya empezó, según Slepoy, la represión-, hasta el 15 de julio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en España.

Este abogado argentino, residente en Madrid, fue parte querellante de las causas abiertas por el juez Garzón contra los responsables de las dictaduras de Argentina y Chile. El propósito de un genocidio es “destruir a grupos humanos” a través de “un plan tasado y preconcebido” y en este caso afirma “la verdad judicial coincide con la verdad histórica”.

Los fundamentos jurídicos se rigen por el principio de Justicia Universal, que recoge la propia Constitución de Argentina y que permite que los delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados en cualquier tribunal del mundo siempre que no se haya abierto una causa judicial en el Estado que se trate. “La querella está basada en el principio de jurisdicción universal existente en la Constitución argentina y consagrado en el derecho internacional, y que basó también las actuaciones que el juez Baltasar Garzón encabezó en España”, señala.

La causa contra Garzón ha sido el detonante de esta querella, reconoce el propio Slepoy, que advierte una importante contestación popular dentro y fuera de España que legitimará la iniciativa: “Estoy convencido de que la sociedad va a seguir pujando por esta iniciativa. Hay que hacer una investigación judicial”, insiste.

Igual de contundente se muestra el otro abogado que llevará la causa y con el que este periódico también ha tenido oportunidad de hablar. Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental, organización no gubernamental que trabaja con la ONU, nos dice que estos crímenes “afectan a toda la sociedad porque no se puede vivir borrando la memoria, la verdad y la justicia”.

Ambos coinciden en señalar los “disparatado” e “increíble” que les resulta el caso Garzón y que “se está convirtiendo - advierte Slepoy- en un boomerang”. Para Szmukler “es una barbaridad que a estas alturas de la historia se pueda estar enjuiciando a un magistrado por haber tomado las decisiones que tomó en esta causa, es insólito”. Sin embargo, ninguno de ellos se asombra (“esto ocurre en todas las partes del mundo”, aclaran), porque los que están detrás son los mismos sectores que “se beneficiaron durante el régimen”, dice Slepoy; sectores que estando “ideológica y políticamente de acuerdo con el franquismo, están tratando de evitar el enjuiciamiento” y “seguramente con una fuerte presencia en el mundo de la judicatura”, afirma Szmukler y añade: “Hay que levantar el manto de silencio que ha permanecido durante 70 años en España”.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, son algunos de los promotores de la querella. La denuncia estará encabezada por Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (Lugo, norte de España); y por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, alcalde de la ciudad de Salamanca asesinado en 1937.

Esta es la primera demanda que se presenta en Argentina apelando al principio de Justicia Universal, el mismo que se aplicó a Augusto Pinochet y en el juicio contra Adolfo Scilingo condenado en España por los crímenes de la dictadura argentina. Para los querellantes, los delitos de lesa humanidad no son amnistiables y tampoco prescriben. Es -concluye diciendo Slepoy- “un acto de solidaridad con España”.

Altos mandos del franquismo que todavía están vivos podrían ser juzgados
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