nuevatribuna.es
3 de febrero de 2010, 3:34
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 31.1.2010
Denunciar esa convivencia con la corrupción es lo que le ha llevado a desempolvar el 'tamayazo' gracias al cual Esperanza Aguirre gobierna en Madrid. La maniobra de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, en connivencia con constructores ligados al PP, abandonando sus escaños en la Asamblea de Madrid, dio la mayoría a Aguirre y frustró la posibilidad de cambio que habían legitimado las elecciones de 2003.
La trama Gürtel también ha estado muy presente en las reivindicaciones de los participantes en la marcha. IU, a quien Aguirre habría regalado un puesto en Caja Madrid para perjudicar a Alberto Ruiz Gallardón (el "hijoputa" según sus palabras), está convencida de que la trama es un caso de financiación ilegal del PP y así lo ha manifestado Cayo Lara, que ha añadido la palabra "supuesta" porque no es parlamentario y no tiene inmunidad en sus declaraciones. Y ha pedido acabar con el transfuguismo y con la financiación irregular de los partidos políticos porque "detrás de cada corrompido hay un corruptor", lo que da lugar a "relaciones de dependencia mafiosa".
El tercer asunto que ha motivado esta 'Marcha contra la corrupción' es que ningún político haya mostrado su apoyo al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, condenado a indemnizar a Francisco Hernando, 'El Pocero', por un delito de calumnias. El cuarto es defender la proposición no de Ley de 48 medidas contra la corrupción que IU ha presentado para su debate en el Congreso. La coalición denuncia que no han contado con los apoyos de otros grupos políticos. "No todos los políticos somos iguales", ha dicho Lara y ha pedido a los ciudadanos que no dejen de votar.
Manuel Fuentes, ha criticado la ausencia de "compañeros de viaje" en esta marcha y se ha preguntado si el hecho de que los otros grupos políticos no se hayan pronunciado representa un "silencio de complicidad". Ironizando con el asunto, ha dicho que los alcaldes lo que habitualmente hacen son "largas caminatas para preguntar ¿qué hay de lo mío?".
Por su parte, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha responsabilizado de esta situación al "modelo económico que no tiene frenos democráticos". Por ello, ha defendido un "control económico de la economía y la intervención pública del Estado". Y el coordinador de IU en la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha asegurado que El Pocero "no es el problema" pues, a su juicio, es "el resultado de unas leyes que propician que haya 'Poceros'".
Entre las medidas que contempla el Plan integral de lucha contra la corrupción, que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya Verds presentó para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, destacan la "ampliación de los tipos penales y el endurecimiento de las penas". Es lo que Cayo Lara define como "donde tienen que estar los chorizos es en la cárcel".
Asimismo, la propuesta incluye medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, como la creación de un registro de tenedores de billetes de 500 euros, así como medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.
Denunciar esa convivencia con la corrupción es lo que le ha llevado a desempolvar el 'tamayazo' gracias al cual Esperanza Aguirre gobierna en Madrid. La maniobra de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, en connivencia con constructores ligados al PP, abandonando sus escaños en la Asamblea de Madrid, dio la mayoría a Aguirre y frustró la posibilidad de cambio que habían legitimado las elecciones de 2003.
La trama Gürtel también ha estado muy presente en las reivindicaciones de los participantes en la marcha. IU, a quien Aguirre habría regalado un puesto en Caja Madrid para perjudicar a Alberto Ruiz Gallardón (el "hijoputa" según sus palabras), está convencida de que la trama es un caso de financiación ilegal del PP y así lo ha manifestado Cayo Lara, que ha añadido la palabra "supuesta" porque no es parlamentario y no tiene inmunidad en sus declaraciones. Y ha pedido acabar con el transfuguismo y con la financiación irregular de los partidos políticos porque "detrás de cada corrompido hay un corruptor", lo que da lugar a "relaciones de dependencia mafiosa".
El tercer asunto que ha motivado esta 'Marcha contra la corrupción' es que ningún político haya mostrado su apoyo al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, condenado a indemnizar a Francisco Hernando, 'El Pocero', por un delito de calumnias. El cuarto es defender la proposición no de Ley de 48 medidas contra la corrupción que IU ha presentado para su debate en el Congreso. La coalición denuncia que no han contado con los apoyos de otros grupos políticos. "No todos los políticos somos iguales", ha dicho Lara y ha pedido a los ciudadanos que no dejen de votar.
Manuel Fuentes, ha criticado la ausencia de "compañeros de viaje" en esta marcha y se ha preguntado si el hecho de que los otros grupos políticos no se hayan pronunciado representa un "silencio de complicidad". Ironizando con el asunto, ha dicho que los alcaldes lo que habitualmente hacen son "largas caminatas para preguntar ¿qué hay de lo mío?".
Por su parte, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha responsabilizado de esta situación al "modelo económico que no tiene frenos democráticos". Por ello, ha defendido un "control económico de la economía y la intervención pública del Estado". Y el coordinador de IU en la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha asegurado que El Pocero "no es el problema" pues, a su juicio, es "el resultado de unas leyes que propician que haya 'Poceros'".
Entre las medidas que contempla el Plan integral de lucha contra la corrupción, que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya Verds presentó para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, destacan la "ampliación de los tipos penales y el endurecimiento de las penas". Es lo que Cayo Lara define como "donde tienen que estar los chorizos es en la cárcel".
Asimismo, la propuesta incluye medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, como la creación de un registro de tenedores de billetes de 500 euros, así como medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.