jueves. 28.03.2024
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Portada del Financial Times del pasado mes de mayo advirtiendo a Rajoy del riesgo de sanciones de la UE ante su promesa de bajar impuestos.

Actualmente, la mayor carga impositiva la soportan los ciudadanos con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, unos 15,8 millones de contribuyentes

El déficit público compite muy de cerca en las páginas de los medios con la formación del nuevo gobierno. La posible multa de la UE por superar el objetivo marcado el pasado año –alcanzó el 5,1% del PIB cuando Bruselas había impuesto un 4,2%- y los nuevos ajustes que exigirá para reconducir la senda fiscal supondrán nuevas cargas o recortes a los españoles, según se mire.

Como ya advirtió Gestha en su momento, la reforma fiscal que emprendió el Gobierno de Rajoy el pasado año comprometería el objetivo de déficit a pesar de dividirse en dos fases, como así sucedió y ha reconocido la propia Comisión Europea. Esta modificación, que se basó en gran parte en una bajada del IRPF de un alcance muy limitado para la mayoría de ciudadanos y que favoreció a las rentas más altas una vez más, fue realmente un parche para intentar tapar la evidente necesidad de afrontar una reforma integral del sistema fiscal español.

Y ahora Bruselas corrobora los argumentos de Gestha, pues se ha evidenciado que el sistema actual es insuficiente para recaudar todo lo que el Estado necesita para reducir el déficit del Estado y, además, asegurar el bienestar social. Por ello, ante la oleada de ajustes que es de esperar pidan las autoridades comunitarias –que ya se han cifrado en 10.000 millones de euros- es ahora más urgente que nunca acometer una reforma integral del sistema fiscal.

Históricamente, los impuestos en España vienen utilizándose como moneda de cambio electoral para arañar un puñado de votos, sin considerar la importancia que tiene contar con un sistema suficiente y realmente progresivo, que contribuya a distribuir los ingresos de forma justa y equitativa. Actualmente, la mayor carga impositiva la soportan los ciudadanos con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, unos 15,8 millones de contribuyentes de los que 14 millones son asalariados o pensionistas, lo que genera un desequilibrio entre aquellos con rentas elevadas y los que tienen menos recursos y, a la vez, una merma para la recaudación.

Por ello, es ahora cuando el nuevo gobierno debe darle una vuelta de tuerca a la fiscalidad para atajar las deficiencias existentes. Pero no solo basta con eso, no solo hay que modificar el sistema impositivo, sino que también hay que poner en marcha un plan contra el fraude realista y eficaz que, a medio plazo, puede llegar a recaudar hasta 40.000 millones de euros gracias a una mayor colaboración entre las administraciones tributarias estatal y autonómicas o la creación de una base de datos única accesible para los efectivos de todas las administraciones.

Además, es igualmente imprescindible contar con más medios para evitar estas prácticas fraudulentas, pues no es lógico que España, que tiene un nivel de economía sumergida del 24,6% del PIB, solo tenga un empleado por cada 1.928 contribuyentes, mientras que países desarrollados de nuestro entorno como Francia o Alemania cuentan con un funcionario por cada 860 ciudadanos y 729, respectivamente. Y también es necesario optimizar los actuales medios, dotando a los Técnicos del Ministerio de Hacienda de mayores competencias para investigar los casos de fraude más sofisticado y luchar contra la corrupción, controlando más eficazmente las subvenciones y el gasto público en general.

Ante los ajustes que con toda probabilidad Europa nos obligará a hacer, es preciso contar con un sistema fiscal justo y progresivo que no penalice a los que menos tienen. El momento es ahora. La voluntad política dependerá del nuevo Gobierno.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Por qué urge ahora más que nunca reformar el sistema fiscal español?