Un impuesto a la energía nuclear y a la hidráulica de entre 10 y 15 euros por megavatio hora (MWh) tendría un impacto económico de entre 850 millones y 1.300 millones de euros, según los cálculos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Sin pronunciarse sobre si apoya o no la aplicación de esta posible tasa, rechazada tajantemente por las eléctricas, la CNE repasa en su reciente informe sobre el problema del déficit de tarifa los motivos en los que podría sustentarse la medida y la situación en los países donde se aplica.
Según dice, el Gobierno podría utilizar varios argumentos para justificar este impuesto, si bien debería cuidarse de que "fundamentar sólidamente" los motivos de la aplicación de la tasa.
De las posibles justificaciones de la medida, la que tiene más base para el regulador sería la de aplicarla como contrapartida a un alargamiento de la vida útil de centrales nucleares, bien para compensar los gastos que puedan originarse en la gestión de los residuos nucleares y el combustible gastado más allá del año 2020 o bien por la implementación de derechos de emisión
Aun así, aprecia "algunas potenciales dificultades en la implantación de impuestos sobre la generación nuclear e hidráulica", entre ellas la actual existencia de tributos autonómicos que ya implican indirectamente un gravamen sobre la producción de electricidad mediante centrales nucleares.
CARBÓN Y 'ROBIN HOOD'.
En su informe, el regulador también analiza el impacto económico de un impuesto sobre el carbón, si bien advierte de que podría implicar un incremento del precio mayorista de la electricidad.
Esta 'carbon tax', señala, podría ser de 5,61 euros por tonelada de CO2 y podría recaudar 420 millones, que podrían dirigirse a la financiación de las renovables. No obstante, la medida podría encarecer en 2,7 euros por MWh el precio de la electricidad.
La CNE también entra en el análisis, aunque sin cuantificación, de una posible 'tasa Robin Hood' como la que ya aplica el Gobierno italiano, que consiste en elevar el impuesto de sociedades sobre actividades energéticas del 6,5% al 10,5%.
La ventaja de la medida es que podría servir para financiar las renovables, mientras que los inconvenientes radican en la dificultad para supervisar su cumplimiento e imponer sanciones, así como en la necesidad de revisar las tasas de rentabilidad de activos, lo que podría acabar repercutiendo sobre el precio final del recibo de la luz.
GASOLINA Y GASÓLEO.
El único impuesto en el que la CNE va más allá del análisis y se pronuncia a favor es el de 0,07 euros por litro para la gasolina y el gasóleo con el objeto de recaudar 2.000 millones de euros anuales y financiar las energías renovables.
Este impuesto elevaría del 48% al 52% la fiscalidad de la gasolina y del 43% al 46% la correspondiente al gasóleo, si bien estas tasas, indica la CNE, seguirían por debajo de la media comunitaria, en la que los impuestos pesan un 56% en el caso de la gasolina y un 48% en el del gasóleo.
