El Ecofin se comprometió a desarrollar una “lista negra” de territorios opacos, que excluirá a aquellos de escasa o nula tributación que cooperen
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que la revelación de los llamados “Paradise Papers” (Papeles del Paraíso) no será suficiente para acabar con los paraísos fiscales, en contra del optimismo mostrado recientemente sobre este asunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según la cual los territorios offshore dejarán de existir en apenas unos años al contar con Acuerdos para intercambiar información tributaria.
Los acuerdos no garantizan el intercambio de información
En este sentido, Gestha recuerda que ya en junio de 2009 la Cumbre del G20 en Londres abrió la posibilidad de imponer sanciones a los países que no cooperaran en la lucha contra la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Como consecuencia, los estados offshore suscribieron los 12 acuerdos sobre intercambio de información requeridos para poder salir de esta lista negra de paraísos fiscales.
Pero la firma de un Acuerdo de este tipo no garantiza el intercambio efectivo de información. Es más, en virtud de esos acuerdos se puede pedir la información que se conoce, pero es imposible pedir la información que una Administración tributaria desconoce, pues las peticiones genéricas de información, o “fishing expeditions“, están prohibidas. Por ello, normalmente este compromiso se condiciona a casos muy específicos en los que se dispone de un indicio de la existencia de intereses económicos en un paraíso, lo cual no asegura una verdadera transparencia de las operaciones y la fiscalidad de las empresas o contribuyentes afectados.
En cualquier caso, los documentos que verán la luz en el marco de la investigación periodística de los “Paradise Papers” proceden de 19 jurisdicciones opacas y podrán ser utilizados por las Administraciones tributarias de todo el mundo. En concreto, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya se ha apresurado a anunciar el inicio “de oficio” de las investigaciones por la AEAT, aunque los técnicos de Hacienda señalan que esas investigaciones pueden tardar varios meses en ser notificadas a los afectados, debido a que las investigaciones preliminares se asignan a un número muy reducido y “escogido” de funcionarios.
En este sentido, Gestha ha reclamado continuamente a la AEAT que autorice a los técnicos de Hacienda a que notifiquen de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que les ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que hayan podido cometer.
Por otra parte, los técnicos sostienen que estas filtraciones suponen un revulsivo que sirve para impulsar y consensuar políticas de ámbito supranacional. De hecho, se remiten al compromiso que este martes adquirieron los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea de continuar con determinación y rapidez las discusiones para que la “lista negra” de paraísos fiscales de fuera del bloque comunitario se adopte en su próxima reunión, que se celebrará el 5 de diciembre.
Gestha señala, no obstante, que la primera lista europea de paraísos no cooperativos excluirá a los centros offshore con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en ámbitos bancario, registral y mercantil, por lo que, a su juicio, esta lista será solo un pequeño paso con efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos corporativos y la injusta competencia fiscal, teniendo en cuenta que la evasión de impuestos de las multinacionales y corporaciones empresariales es un fenómeno internacional y las medidas para abordarlo con mayor eficacia deben ser adoptadas en un marco global.
Posibles soluciones
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “para acabar con los paraísos fiscales lo primero sería detectar todos los que existen y los que se creen en el futuro. Una vez detectados estos territorios sería fundamental aumentar la presión internacional para acabar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios, vigilando el contenido y volumen de las ventajas fiscales de algunos lugares extraterritoriales que sin las peculiaridades propias de los paraísos fiscales no prosperarían desde un punto de vista social y económico”.
Así, los técnicos de Hacienda han propuesto una larga lista de medidas, entre las que destacan:
- Elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.
- Evaluados el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión, se acordará una planificación temporal estableciendo unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas que supongan un punto de inflexión en la curva creciente de la economía sumergida y la elusión.
- Control por las Cortes Generales de los resultados de la Agencia estatal Tributaria para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente.
- Igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años, o a 10 años en los casos de delitos agravados, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a los 50.000 euros, o a los 120.000 euros en los delitos agravados (Art. 305 a 310 bis del Código Penal), así como concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.
- En el marco de la OCDE, proseguir con los acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en Paraísos Fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas de elusión de las multinacionales. Los acuerdos firmados desde septiembre de 2014 por el que 132 países compartirán información de cuentas y determinados productos financieros a partir de 2017 o 2018 van en esta dirección, así como la implementación de varias de las 15 medidas del plan BEPS de la OCDE, aprobadas por los dirigentes del G-20, en la Cumbre de Antalya, Turquía, celebrada los 15 y 16 de noviembre de 2015.
- En tanto se apliquen realmente los acuerdos anteriores, proponemos que el Gobierno de España alcance acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las de “Banca privada”, que operan en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías, como ya hicieron Alemania o Estados Unidos exigiendo la lista de las personas o entidades residentes que sean titulares de productos financieros contratados bajo la advertencia de retirada de la ficha bancaria que concede el banco central para operar en sus mercados. Así como negociar acuerdos con las entidades emisoras de tarjetas con el objetivo de identificar a las personas que utilizan “habitualmente” las tarjetas de crédito o débito en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero, siguiendo así el rastro de sus titulares, autorizados, cuantía y naturaleza de los movimientos efectuados con tarjeta. Igualmente, instará a la Fiscalía a formular una denuncia contra aquellas personas y entidades que colaboren en la defraudación o evasión tributaria de terceros.
- La Agencia Tributaria y la IGAE a corto y medio plazo se centrarán fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y el control del gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total, a través de la “imprescindible” autorización a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en su aplicación.
- Control exhaustivo de las sociedades patrimoniales para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores.
