Las partidas presupuestarias de educación, sanidad y empleo también son más bajas que en 2017 en relación con el gasto total
La Unión General de Trabajadores considera "injustificable" que el Gobierno pretenda dar continuidad a las políticas de ajuste social que ha venido practicando durante los últimos cinco años mientras "hace alarde de liderazgo europeo en crecimiento económico". Después de tres años consecutivos con crecimientos del PIB por encima del 3%, y en un momento en el que los beneficios empresariales ya están en los mismos niveles que antes de la crisis, es inaceptable que las políticas presupuestarias del Gobierno de España continúen escatimando recursos económicos para financiar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El Plan Presupuestario 2018 enviado por el Gobierno a Bruselas a mediados de este mes, prevé que el gasto de las administraciones públicas en sanidad descienda dos décimas en relación con el PIB respecto a 2017 (pasa de 6,0% a 5,8%), al igual que el presupuesto de educación (pasa de 4,0% a 3,8%) o la partida destinada a protección social (que mengua tres décimas pasando del 16,5% del PIB en 2017 a 16,2% en la previsión para 2018). Una merma equivalente está prevista para los gastos relacionados con el empleo (políticas activas y servicios públicos de empleo) que se reducen una décima en relación con el PIB (pasando del 1,9% al 1,8%) y dos décimas en relación con el gasto total de las administraciones públicas (del 4,6% de 2017 al 4,4% previsto para 2018).
La cicatería social del Gobierno profundiza la brecha que nos separa de nuestros socios europeos en cuanto al gasto social
Esta política presupuestaria que plantea el Gobierno de España no se corresponde con las necesidades de un país en que la tasa de paro es del 16,4%, la precariedad inunda el mercado laboral, y el crecimiento de las desigualdades sitúan a nuestro país a la cabeza de Europa en niveles de pobreza. Es, por tanto, la manifestación de un planteamiento ideológico que pone los recursos del estado al servicio de intereses distintos al interés general de los ciudadanos, y distintos al mantenimiento de las políticas y servicios públicos que permiten la cohesión, el equilibrio, y la justicia social.
Además, la cicatería social del Gobierno profundiza la brecha que nos separa de nuestros socios europeos en cuanto al gasto social. Según Eurostat (en 2015, último dato disponible), el gasto público en protección social de la UE-28 fue del 19,2% sobre el PIB, el de la zona euro un 20,1%, mientras que el de nuestro país se situó en el 17,1%. Lo mismo sucede con el gasto en educación, que en España es seis décimas inferior al de la zona euro y siete inferior al de la UE (4,1% sobre el PIB en España, 4,7% en la zona euro, y 4,9% en la UE), o con el gasto sanitario que, en 2015 fue del 7,2% sobre el PIB en la UE y en la zona euro, mientras que en España fue del 6,2%.
