La pasada semana, la Organización de Inspectores de Hacienda proponía la elevación del umbral del delito fiscal o, lo que es lo mismo, la cuantía defraudada a Hacienda a partir de la cual se considera delito fiscal y no infracción administrativa, de los 120.000 actuales a los 600.000 euros.
La razón alegada por los Inspectores para formular tal propuesta era la supuesta saturación de los juzgados de lo penal como consecuencia de los miles de expedientes por delito fiscal tramitados, con el consiguiente incremento en los tiempos de tramitación de los mismos. Sin embargo, los datos ofrecidos por la memoria de la Agencia Tributaria desmienten tal argumento, ya que hablan de 652 denuncias por delito fiscal en 2012 –último año con estadísticas al respecto-, lo que, comparado con los más de seis millones de asuntos que ingresaron en los juzgados de lo penal –según la estadística del Consejo General del Poder Judicial-, no parece que influyan en el atasco judicial. Atasco que, en todo caso, debería afrontarse con más y mejores medios en los juzgados y no despenalizando graves conductas defraudatorias, que dejarían fuera del delito algunas tan polémicas como las que se pueden desprender del caso Nóos, así como otras relacionadas con supuestas donaciones en B que podrían afectar a partidos políticos.
Desde Gestha, no sólo rechazamos tal propuesta, sino que entendemos que debería rebajarse el umbral del delito a los 50.000 euros, que es el mismo nivel fijado para considerar delitos los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Europea.
Por último, cabría preguntarse el porqué de la disminución de denuncias por delito fiscal presentadas por la Agencia Tributaria al Ministerio Fiscal –de 1.014 en el año 2011 a las 652 del 2012-, y si esta situación no está relacionada con la forma de actuar de la AEAT, cada vez más volcada en el control de las pequeñas discrepancias entre lo declarado por trabajadores y pensionistas y la información de terceros de que dispone –difícilmente constitutivas de delito fiscal-, y no en la investigación y persecución de las grandes bolsas de fraude, que no radican precisamente en dichos colectivos sino en otros, que serían los únicos beneficiados por el aumento del umbral del delito fiscal.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
