Los ministros, y ministras –en su mayoría-, del nuevo Gobierno socialista ya han tomado su posesión y jurado sus cargos, en los que ahora deben afanarse por el bien de España. Queda mucho por hacer. Tareas pendientes que no admiten más demoras y cuya resolución resulta prioritaria para encarrilar las cuentas públicas y evitar males mayores.
La ministra de Hacienda, por ejemplo, tendrá que enfrentarse a varios desafíos a lo largo de los próximos meses. O años, según cómo se mire. María Jesús Montero ha recogido en su cartera unas cuentas que ni cuadran ni convencen a Bruselas. De hecho, de acuerdo a las últimas previsiones efectuadas por la Comisión Europea, el déficit español cerrará este año en el 2,6% del PIB, cuatro décimas por encima de lo previsto por el Gobierno saliente de Mariano Rajoy en el Plan de estabilidad y reformas de 2018 enviado a las autoridades comunitarias. Y ese desfase obligará a incrementar la recaudación para que el presidente Pedro Sánchez no se vea obligado a acometer recortes del gasto público.
Por ello, Montero debería impulsar medidas tributarias y reforzar la lucha contra el fraude para ingresar 5.000 millones de euros adicionales a los que figuran en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que guiarán la legislatura en lo que resta de año. En este sentido, la puesta en marcha del impuesto sobre las transacciones financieras, la exigencia de una tributación mínima del 15% del resultado contable a las empresas con cifra de negocios por encima de 10 millones de euros y reformular los impuestos medioambientales para igualar la tributación del diésel con la de la gasolina, entre otras medidas, podrían constituir un buen punto de partida.
Además, la nueva ministra debería de abordar de forma decidida y efectiva otras dos cuestiones inaplazables y que están íntimamente vinculadas con el fenómeno de la corrupción, cuyos escándalos noquearon y terminaron por tumbar al anterior Gobierno. La primera de ellas será la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. En este sentido, las cifras nos sitúan, según los distintos estudios que se vienen publicando al respecto, entre los países de la UE de nuestro entorno que más sufren este problema. Y para reforzar con éxito el arsenal para esta batalla sería necesario adoptar un paquete de medidas normativas, estructurales y organizativas integradas en un plan realista y eficiente con el que podrían recaudarse hasta 40.000 millones a medio plazo y reducir a la mitad ese 25% al que asciende la economía sumergida en España. De ahí, que la propuesta que hicieron los socialistas de aumentar en 1.500 millones de euros los ingresos previstos por la lucha contra el fraude fiscal fue excesivamente prudente.
Por otra parte, en cuanto a la necesidad de mejorar el control del gasto público, Montero tendría que abordar una reforma en profundidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que entra dentro del ámbito de sus competencias y pasaría por una revisión tanto de sus procedimientos como de su estructura y funcionamiento. Y pese a que el documento de la alternativa presupuestaria que presentó el PSOE hace unos meses ya recogía la propuesta de ingresar 2.500 millones reforzando el control del gasto, el problema no es que los órganos de control hayan detectado los supuestos de fraude y corrupción en una fase avanzada, sino que en la inmensa mayoría de los casos no se detectan.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la nueva ministra tiene que blindar el poder adquisitivo de las pensiones y, sobre todo, abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, será muy difícil lograr los acuerdos necesarios para sacar adelante un nuevo marco, máxime teniendo en cuenta la poca capacidad de la que dispondrá el Gobierno para aprobar leyes, el futuro calendario electoral y la corta duración de esta legislatura, cuyo horizonte finaliza en 2020.
Pues bien, tanto en la lucha contra el fraude fiscal como en el control del gasto, Montero debería de saber que los técnicos del Ministerio de Hacienda estamos dispuestos a asumir mayores responsabilidades, de manera que no tengamos las manos atadas en ambas áreas, como desgraciadamente viene ocurriendo como consecuencia de las limitaciones que se nos imponen.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
