nuevatribuna.es
31 de octubre de 2010, 5:17
NUEVATRIBUNA.ES - 28.10.2010
El acuerdo de los Veintisiete incluye la posibilidad de quiebras controladas de países para que el sector privado asuma parte de la carga. Todos los Estados miembros están a favor de consolidar el fondo de rescate, que expira en tres años, y una mayoría de líderes europeos apoya la solicitud de la canciller alemana Angela Merkel, secundada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, de hacerlo mediante una reforma simplificada del Tratado, según han informado fuentes diplomáticas.
El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha recibido el encargo de los líderes europeos de elaborar de aquí a diciembre un informe sobre las consecuencias jurídicas y políticas de hacer permanente el mecanismo de asistencia. El mandato no exige que se haga necesariamente a través de una reforma del Tratado, pero las fuentes consultadas dan por hecho que triunfarán las tesis alemanas. Los cambios concretos se propondrán en marzo de 2011.
Berlín ha logrado así vencer la resistencia del resto de Estados miembros, que recelan de una nueva reforma cuando hace menos de un año que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que tardó 10 años en ver la luz y tropezó durante su proceso de ratificación con referendos negativos en sus diferentes versiones en Francia, Países Bajos e Irlanda.
A la entrada del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, Merkel ha insistido en la necesidad de una "modificación del Tratado" para hacer permanente el fondo de rescate y exigir la participación del sector privado. "Necesitamos un mecanismo, un procedimiento que implique también a los bancos y a los fondos que ganan grandes intereses, para que el contribuyente no cargue con la responsabilidad solo. Y hay que prepararlo para que esté listo en el peor de los casos", ha añadido.
Por su parte, España no ve "inconveniente" en realizar cambios en el Tratado de Lisboa para consolidar el mecanismo de 750.000 millones de euros. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "comprende" las razones derivadas de la Constitución alemana que esgrime Berlín para reformar el Tratado y mantiene una postura "abierta", según fuentes de Moncloa.
"No decimos no a una reforma del Tratado", ha dicho también la primera ministra finlandesa, Mari Kiviniemi, a la entrada del Consejo Europeo. El primer ministro de Estonia, Andrus Ansip, ha dicho que ve "necesario" hacer permanente el fondo de rescate y se ha mostrado "dispuesto" a aceptar una reforma del Tratado si es imprescindible para lograrlo.
Su homólogo sueco, Fredrik Reinfeldt, ha abundado en que está abierto a "un cambio del Tratado menor que no exija referendos, por ejemplo en Irlanda". Tampoco el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha descartado una reforma aunque ha criticado que se quiera primar el "procedimiento" sobre la "sustancia".
Lo más probable es que, como se interpreta que el mecanismo no supone una cesión de poderes de los Estados miembros a Bruselas, los cambios del Tratado se tramiten mediante un procedimiento simplificado que no requiere una Convención previa, como quiere el Parlamento, sino únicamente una decisión del Consejo Europeo por unanimidad. Esta reforma no exigiría probablemente referéndum en Irlanda sino únicamente ratificación parlamentaria.
Para emprender esta vía, es necesario contar con el consentimiento de la Eurocámara. Su presidente, Jerzy Buzek, ha pedido "cautela". Y persiste la incógnita de la posición que adoptará Reino Unido, que a priori no se opone porque los cambios no le afectarán, pero podría condicionar su apoyo a un recorte del presupuesto de la UE o al mantenimiento del 'cheque británico' en las próximas perspectivas financieras.
NO A LA SUSPENSIÓN DEL VOTO
Merkel ha vuelto a insistir sobre su segunda exigencia para reforzar la disciplina fiscal en la UE: suspender el derecho de voto en las decisiones europeas a los países que incurran reiteradamente en déficits excesivos. Pero esta idea no va a prosperar porque la práctica totalidad de los Estados miembros, entre ellos España, la rechaza, y además exigiría una reforma de más calado del Tratado.
"Si el cambio del Tratado es para reducir el derecho de voto de los Estados miembros me parece inaceptable. Y no es realista, es incompatible con la idea de un cambio del Tratado limitado y nunca será aceptado por unanimidad", ha insistido el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.
También el primer ministro sueco ha rechazado esta iniciativa por considerar que "sólo crearía problemas más profundos para muchos países" y "llevaría mucho más tiempo del que tenemos".
Ningún líder europeo ha cuestionado el acuerdo alcanzado la semana pasada por los ministros de Economía de la UE sobre el nuevo sistema de sanciones para los países con déficits y desequilibrios excesivos, que suaviza las propuestas originales de la Comisión, pese a que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, partidario de posiciones más duras, se ha negado a suscribirlas.
Los jefes de Estado y de Gobierno quieren que las propuestas legislativas para llevar las nuevas sanciones a la práctica se aprueben como muy tarde en verano de 2011.
El acuerdo de los Veintisiete incluye la posibilidad de quiebras controladas de países para que el sector privado asuma parte de la carga. Todos los Estados miembros están a favor de consolidar el fondo de rescate, que expira en tres años, y una mayoría de líderes europeos apoya la solicitud de la canciller alemana Angela Merkel, secundada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, de hacerlo mediante una reforma simplificada del Tratado, según han informado fuentes diplomáticas.
El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha recibido el encargo de los líderes europeos de elaborar de aquí a diciembre un informe sobre las consecuencias jurídicas y políticas de hacer permanente el mecanismo de asistencia. El mandato no exige que se haga necesariamente a través de una reforma del Tratado, pero las fuentes consultadas dan por hecho que triunfarán las tesis alemanas. Los cambios concretos se propondrán en marzo de 2011.
Berlín ha logrado así vencer la resistencia del resto de Estados miembros, que recelan de una nueva reforma cuando hace menos de un año que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que tardó 10 años en ver la luz y tropezó durante su proceso de ratificación con referendos negativos en sus diferentes versiones en Francia, Países Bajos e Irlanda.
A la entrada del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, Merkel ha insistido en la necesidad de una "modificación del Tratado" para hacer permanente el fondo de rescate y exigir la participación del sector privado. "Necesitamos un mecanismo, un procedimiento que implique también a los bancos y a los fondos que ganan grandes intereses, para que el contribuyente no cargue con la responsabilidad solo. Y hay que prepararlo para que esté listo en el peor de los casos", ha añadido.
Por su parte, España no ve "inconveniente" en realizar cambios en el Tratado de Lisboa para consolidar el mecanismo de 750.000 millones de euros. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "comprende" las razones derivadas de la Constitución alemana que esgrime Berlín para reformar el Tratado y mantiene una postura "abierta", según fuentes de Moncloa.
"No decimos no a una reforma del Tratado", ha dicho también la primera ministra finlandesa, Mari Kiviniemi, a la entrada del Consejo Europeo. El primer ministro de Estonia, Andrus Ansip, ha dicho que ve "necesario" hacer permanente el fondo de rescate y se ha mostrado "dispuesto" a aceptar una reforma del Tratado si es imprescindible para lograrlo.
Su homólogo sueco, Fredrik Reinfeldt, ha abundado en que está abierto a "un cambio del Tratado menor que no exija referendos, por ejemplo en Irlanda". Tampoco el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha descartado una reforma aunque ha criticado que se quiera primar el "procedimiento" sobre la "sustancia".
Lo más probable es que, como se interpreta que el mecanismo no supone una cesión de poderes de los Estados miembros a Bruselas, los cambios del Tratado se tramiten mediante un procedimiento simplificado que no requiere una Convención previa, como quiere el Parlamento, sino únicamente una decisión del Consejo Europeo por unanimidad. Esta reforma no exigiría probablemente referéndum en Irlanda sino únicamente ratificación parlamentaria.
Para emprender esta vía, es necesario contar con el consentimiento de la Eurocámara. Su presidente, Jerzy Buzek, ha pedido "cautela". Y persiste la incógnita de la posición que adoptará Reino Unido, que a priori no se opone porque los cambios no le afectarán, pero podría condicionar su apoyo a un recorte del presupuesto de la UE o al mantenimiento del 'cheque británico' en las próximas perspectivas financieras.
NO A LA SUSPENSIÓN DEL VOTO
Merkel ha vuelto a insistir sobre su segunda exigencia para reforzar la disciplina fiscal en la UE: suspender el derecho de voto en las decisiones europeas a los países que incurran reiteradamente en déficits excesivos. Pero esta idea no va a prosperar porque la práctica totalidad de los Estados miembros, entre ellos España, la rechaza, y además exigiría una reforma de más calado del Tratado.
"Si el cambio del Tratado es para reducir el derecho de voto de los Estados miembros me parece inaceptable. Y no es realista, es incompatible con la idea de un cambio del Tratado limitado y nunca será aceptado por unanimidad", ha insistido el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.
También el primer ministro sueco ha rechazado esta iniciativa por considerar que "sólo crearía problemas más profundos para muchos países" y "llevaría mucho más tiempo del que tenemos".
Ningún líder europeo ha cuestionado el acuerdo alcanzado la semana pasada por los ministros de Economía de la UE sobre el nuevo sistema de sanciones para los países con déficits y desequilibrios excesivos, que suaviza las propuestas originales de la Comisión, pese a que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, partidario de posiciones más duras, se ha negado a suscribirlas.
Los jefes de Estado y de Gobierno quieren que las propuestas legislativas para llevar las nuevas sanciones a la práctica se aprueben como muy tarde en verano de 2011.
