El Gobierno pretende centrar estas políticas en dar prioridad a las empresas por encima de los sectores, mediante la mejora en el entorno en el que desarrollan sus actividades, ya sea mediante la eliminación de tasas administrativas, la búsqueda de financiación o el aumento de su tamaño medio.
Además, dentro de la política energética, los esfuerzos se centrarán en acabar con el déficit de tarifa incipiente del gas natural y "cuantitativamente desproporcionado" del sector eléctrico. Para ello, se apostará por la introducción de condiciones más competitivas en los mercados, la minimización del coste de la energía y la obtención de un 'mix' eléctrico lo más diversificado posible.
Los PGE de este año recuerdan que el Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley de medidas fiscales para mejorar la sostenibilidad del sector eléctrico con el objetivo de lograr una utilización más eficiente de los recursos energéticos.
La partida para el programa de reconversión y reindustrialización caerá un 18,8%, hasta 467 millones de euros, mientras que el plan para el desarrollo industrial contará con 425 millones, dos millones de euros más que los 423 millones del ejercicio anterior.
El programa de apoyo a la competitividad industrial contará con una dotación de 408 millones y se destinará especialmente a las empresas capaces de crear mayor valor añadido.
Dentro de la política energética, el Plan de la Minería del Carbón tendrá un coste de 497 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,2% con respecto a la partida reservada en el ejercicio anterior.
En el ámbito de la energía nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tendrá un presupuesto de 47,31 millones, prácticamente similar a los 47,29 millones de hace un año, para ejercer sus funciones de inspección y control sobre las instalaciones.
