No estaríamos hablando de austeridad, sino de gravísimos recortes en los derechos de las personas
“Si se apuesta por una reducción acelerada del déficit público actuando solo sobre el gasto, el resultado será un proceso muy doloroso en lo social e ineficaz en lo económico”.
Está es la principal conclusión del informe editado por la Fundación 1º de Mayo que preside Rodolfo Benito. En el estudio elaborado por el economista Manuel Lago Peñas, bajo el título ‘El gasto público: un falso culpable’, se constata que la evolución del gasto público en España no debe ser un factor clave a tener en cuanto para valorar el déficit sino más bien la caída de ingresos por causa de la crisis.
El informe expone que durante 2007, el conjunto de las administraciones públicas en España cerraron el ejercicio con un superávit de 20.066 millones de euros y que en solo dos años se pasó a un déficit de 117.306 millones. Esto se debió a un incremento del gasto de un 16,7% pero también a una caída de los ingresos del 15,6%. Es decir que, en la generación del déficit tienen la misma relevancia ingresos y gastos, alcanzando ambos una cifra similar que ronda los 70.000 millones de euros.
El estudio va más allá al afirmar que si no se hubiera producido dicho desplome de ingresos –lo que no sucedió en la mayoría de los países de la UE-, el déficit público español en 2009 estaría en torno al 5%, esto es, entre los más bajos de Europa.
España está históricamente muy por debajo de la media de los países de su entorno. En el año 2007, los recursos gestionados por las Administraciones públicas equivalían al 39,2% del PIB, una cifra inferior en 6,6 puntos a la media de la U. E. y 12,2 puntos por detrás de Francia.
El estudio aboga por un proceso de consolidación fiscal justo socialmente y eficiente en lo económico
A esto se añade que la evolución del gasto en España durante la crisis ha sido similar a la media de la UE (aumentó en 6,6 puntos de PIB frente a 5,2 puntos en la Unión). Dicho aumento solo explica el 50% del deterioro de las cuentas públicas, mientras que la media de la UE es del 87%, por lo que, “el problema diferencial no está en el exceso de gasto sino en la caída de ingresos”, subraya el estudio.
El informe concluye advirtiendo de que una reducción de entorno a los 40.000 millones de euros en los dos próximos años, para llegar al 3% de déficit, solo se puede hacer recortando el gasto en protección social (pensiones y desempleo), en los servicios públicos básicos (sanidad, educación y atención a la dependencia) y en la inversión pública.
No estaríamos hablando de austeridad, sino de gravísimos recortes en los derechos de las personas. No sería acabar con el despilfarro, sino agravar la recesión económica hacia la que ya nos estamos encaminando.
Asimismo, el estudio aboga por un proceso de consolidación fiscal “justo socialmente y eficiente en lo económico”, donde se actúe sobre el gasto pero también sobre los ingresos públicos, combinando austeridad y políticas de estímulo a la actividad económica.
