La Audiencia Nacional abre así diligencias de investigación un día después de recibir el informe favorable a la apertura de la causa penal de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez, que no ha fijado todavía fecha de declaración de los imputados, impone al grupo una fianza de 13 millones de euros y ordena la entrada y registro de las sociedades del 'holding' emisoras de los pagarés para recabar información con el fin de determinar a los responsables de la campaña de captación de inversores particulares.
Además, pide a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y a la Agencia Tributaria toda la documentación que tengan sobre las sociedades de Nueva Rumasa. Ruz descarta investigar la actuación de la CNMV y del Banco de España por responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tal y como pedían los querellantes.
El juez se acoge a las acusaciones de los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón que se pronunciaron a favor de la apertura del proceso penal por dos de los cuatro delitos denunciados -estafa e insolvencia punible-, tipificados en los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente. La Fiscalía descartó la acusación por delito fiscal.
El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011. A partir de ahora, el resto de inversores (cerca de 5.000) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso como acusación particular.
REGISTRO DE SIETE SOCIEDADES EN CONCURSO
Los pagarés fueron emitidos, con una inversión mínima de 50.000 euros, por las sociedades Carcesa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, y Maspalomas Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa, así como Hibramer. Todas ellas, en situación concursal o pendientes de la declaración de insolvencia, serán registradas por orden de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando a Nueva Rumasa desde marzo de 2010, tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de los pagarés.
Los inversores, representados por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, reclaman cerca de 10 millones de euros al considerar que en las campañas para captar inversiones particulares Nueva Rumasa mintió sobre su estructura empresarial y que la emisión de pagarés se hizo a sabiendas de que no iban a poder devolver el dinero.
El informe de la Fiscalía confirma estas acusaciones al poner de manifiesto la "opacidad" de la estructura de Nueva Rumasa, que "podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones". El grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, 4 en Holanda y 2 en Panamá.
