Si cuando se trata de repartir beneficios se les aplican las leyes del mercado pero para repartir costes no, las reglas del juego están trucadas
El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha exigido este martes al Gobierno que limite los sueldos de los directivos de entidades financieras, incluso las privadas, porque "si el sector financiero es tan sensible" que "antes de quebrar recibe ayudas públicas", entonces la sociedad está "legitimada clarísimamente" para intervenir en sus retribuciones e indemnizaciones.
En rueda de prensa en el Congreso, Coscubiela ha hecho referencia la renuncia del vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a todos sus cargos, decisión que ha definido como "uno de los espectáculos más faltos de ética de cualquier sociedad", al tratarse de un hombre que "no puede estar capacitado para ejercer sus funciones al ser una persona condenada por denuncia falsa".
"Nos alegramos de que la presión jurídica y política que hemos ejercido algunos, llevando al Tribunal Supremo (TS) el indulto (que le concedió el anterior Gobierno socialista), querellándonos contra el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y exigiendo la aplicación de la ley es lo que, a nuestro entender, ha impedido que Sáenz continúe ocupando su cargo. Pero esa sensación agradable de haber impedido que pueda continuar no hace perder de vista la sensación de brutal ataque a la ética y la dignidad de la sociedad y de los parados cuando se sabe que se va con un botín de 88 millones de euros", ha explicado el diputado catalán.
Sobre todo, según ha subrayado Coscubiela, porque el "argumento con el que se justifica" esta indemnización es que al "tratarse de una empresa privada pueden hacer lo que quieran". "Pues no, ha llegado el momento de que el país se plantee claramente la limitación del suelo de los directivos de las empresas, concretamente de las bancarias, sean públicas o privadas", ha apostillado.
ARGUMENTO QUE CAE POR SU PROPIO PESO
Así, Coscubiela ha argumentado que "si el Gobierno plantea que el sector financiero es tan sensible que no se le pueden aplicar las leyes del mercado y que, antes de quebrar, debe recibir ayudas públicas" entonces la sociedad está "legitimada clarísimamente para intervenir en la regulación y limitar el salario directo e indirecto, indemnizaciones incluidas, de los altos cargos, especialmente de los bancos".
"El argumento es de peso, cae como la ley de la gravedad: si cuando se trata de repartir beneficios se les aplican las leyes del mercado pero para repartir costes no, las reglas del juego están trucadas. Si no se les puede dejar caer tampoco se les puede dejar fijar esos salarios faltos de ética y que, sobre todo, afectan a la dignidad de los 6,2 millones de parados. Eso es lo único que creo sensato", ha añadido.
De lo contrario, los españoles podrían "llegar a la conclusión de que los poderosos tienen una doble vara de medir en relación a las leyes del mercado", que cuando se reparten beneficios se aplican a rajatabla pero cuando se trata de repartir costes conlleva una "intervención con recursos públicos a su favor".
"Y lo de menos es si el Santander ha recibido o no hasta ahora ayudas públicas. Lo de más es que, si se acepta que cualquier entidad financiera cuando está en riesgo puede recibir ayudas públicas, no se puede tolerar que, simultáneamente, se justifique que, por ser una entidad privada se pueden tener esos salarios de escándalo, que afectan a la ética de cualquier sociedad. Ha llegado el momento de hacer de esto una acción de Gobierno", ha insistido.
EL DEBATE NO ES DE CUANTÍAS
No obstante, Coscubiela ha matizado que en este momento el debate no se debe centrar en qué tope se fija a esas retribuciones, sino en "dar la batalla ideológica" en torno a este tema. "Sobre todo porque está más que demostrado --y el FMI así lo ha dicho-- que parte de la burbuja financiera y del desastre bancario lo provocó la insensata manera de retribuir a esos dirigentes", ha precisado.
En cualquier caso, sí ha dicho que los límites fijados para los directivos de las entidades nacionalizadas y del 'banco malo' --500.000 euros anuales-- les parece "absolutamente desaforado", y ha recordado que en términos generales "el diferencial entre el trabajador que menos cobra y sus directivos se amplía mucho más" en estos momentos en todos los sectores.
