Los pensionistas han salido, y con razón, a las calles. En masa. A protestar contra la revalorización de sus prestaciones del 0,25% que establece la ley mientras la Seguridad Social continúe en déficit. Y es que, claro, han visto cómo se encarecen sus recibos de la luz y sus cestas de la compra, al tiempo que no dejan de perder poder adquisitivo. Pues bien, esas manifestaciones celebradas a lo largo y ancho de España alientan a la oposición y ponen al Gobierno contra las cuerdas, ya que se trata de su principal caladero de votos.
El PSOE ya ha formalizado una proposición de ley para que las pensiones se revaloricen un 1,6% este año, lo que tendría un coste aproximado a los 1.800 millones de euros. E incluso baraja la posibilidad de establecer un gravamen extraordinario sobre los beneficios de la banca para contribuir al pago de las prestaciones. Podemos, que en la misma línea ha presentado dos proposiciones de ley, ha exigido un pleno monográfico sobre este tema, desde Ciudadanos apoyarían la celebración de esta sesión… Y el Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados.
No sólo es que el presidente, Mariano Rajoy, comparecerá por petición propia, sino que esta misma semana el ministro Montoro anunció que incluirá en los Presupuestos Generales de 2018 una deducción en el IRPF para las personas de edad muy avanzada, para reconocerles los costes inherentes a la discapacidad. Sin embargo, más del 63% de los jubilados españoles no pagan por IRPF, al cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales, de manera que no se verían afectados por una ocurrencia que aún está sin concretar.
O lo que es lo mismo, la medida sería de un alcance muy limitado y sólo beneficiaría a los jubilados que reciben las mayores pensiones o a los que tienen otro tipo de ingresos por arrendamientos, por ejemplo, o por rendimientos de su capital, de forma que la rebaja fiscal afectaría a esa otra fuente de rentas, y no a la pensión en sí.
En cualquier caso, e independientemente de cómo se termine materializando, resulta evidente que el problema de las pensiones no reside en su tratamiento fiscal, sino en su escasa cuantía, en muchos casos, y en la generalizada pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, no puede obviarse un tema tan sensible y crucial para nuestro Estado del Bienestar, pues el agujero de la Seguridad Social se ha ensanchado hasta los 18.000 millones de euros.
El Pacto de Toledo retomará el próximo miércoles el debate relativo a la revalorización de las pensiones, que se encuentra en standby por la falta de voluntad política y las diferencias existentes entre los distintos grupos del arco parlamentario. No es una cuestión baladí, ni mucho menos. Y las cuentas no cuadran…
Así, en un momento en el que, tras la crisis económica y la precariedad incardinada en el mercado laboral, las cotizaciones no bastan para sufragar el gasto en pensiones, urge alcanzar un consenso para garantizar la sostenibilidad del sistema público. Máxime teniendo en cuenta el descenso de las retribuciones de la mayoría de los trabajadores, la menor participación de los salarios en el PIB, la inversión de la pirámide poblacional y el paulatino envejecimiento de los españoles, factores por los que cada vez es menor la ratio de cotizantes por cada jubilado. Y cofinanciar las pensiones con la cesta de los impuestos, aunque no necesariamente deben ser los finalistas, podría formar parte de la solución.
Es cierto que la mejor garantía para su sostenibilidad sería la creación de empleo de calidad y el aumento del número de contribuyentes. Pero también es cierto que ha llegado la hora de acometer una reforma fiscal integral que se traduzca en un sistema más suficiente y equitativo, con el que podría incrementarse la recaudación en 60.000 millones de euros si se igualara nuestra presión fiscal a la media europea. Por otra parte, habría que reforzar la lucha contra los paraísos fiscales y la elusión de las grandes compañías, que pagan muy pocos impuestos en España y los derivan hacia territorios de baja o nula tributación.
En definitiva, en estos días de frío el debate se acalora. En estos días de lluvia, es momento de mojarse, sin pisar charcos innecesarios, de acercar posturas y tender puentes para encontrar soluciones a un grave problema tanto para los pensionistas como para la sociedad española en general.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
