Los ciudadanos demandan cuidados, infraestructuras, servicios… y eso se satisface con los ingresos del Estado surgidos de los impuestos
Hay una opinión en el inconsciente colectivo por la que pagar impuestos es malo y escaquearse es señal de habilidad social. Se refleja en la creencia de que al comprar un producto o un servicio si es sin IVA, mucho mejor. Las grandes superficies lo refuerzan realizando ofertas enmarcadas en una falsedad conceptual que intenta convencer al consumidor de que son productos que se venden sin IVA, cuando estas empresas deben de pagar ineludiblemente el IVA según su facturación, adaptando el tipo del impuesto a la línea de productos que se vendan. Parece que ello anima a comprar apoyándose en esta tendencia sobre el escaqueo fiscal. Lo que es apoyado por la evidencia de que el trabajo sí paga a Hacienda, pero el capital inventa diversas formas por la que se escapa de esta obligación. Una creencia reforzada por determinado lenguaje político que se puede resumir en que la izquierda, en cuanto llega al poder, sube impuestos y la derecha los baja. Lo que suena bien a los que van a votar, convirtiéndose en un truco de captación de voto. Truco mentiroso, pero truco que funciona.
Claro, la izquierda tiene en su programa reforzar estructuras del bienestar social y la derecha recortar el coste de ese bienestar. La evidencia de esta afirmación está en la crisis que aun se soporta: los recortes han ido contra derechos fundamentales del ciudadano (sanidad, enseñanza, servicios sociales…) pero no se han tocado medidas contra la elusión o la evasión fiscal, normalmente utilizadas por los grandes poseedores del capital y las grandes empresas. Hasta el punto de que estas y los bancos han inventado formas imaginativas para escapar del pago de impuestos. Por ejemplo, el Banco Santander, que obtuvo unos beneficios de 3.455,2 millones de euros en 2015 y 2.326,69 millones en 2016, no pagó nada a Hacienda durante esos años. Bankia, en 2015 obtuvo 1.050 millones de beneficio en 2015, tampoco pagó nada a Hacienda. Así lo cuenta Infolibre, y podrían aportarse datos de muchas otras grandes empresas. Se escapa dinero de las arcas del Estado y los ingresos se difuminan, para paliarlo se recurre a los recortes. La evasión fiscal de la empresas se calcula en el FMI en 598.000 millones de euros (en España unos 5.000, otros estudios la cuantifican en 20.000 millones, lo que refleja su opacidad), el FMI “estimó previamente que en los países de la OCDE, las economías avanzadas suelen sufrir pérdidas anuales equivalentes al 2% o el 3% de los ingresos impositivos totales por la evasión de impuestos mientras que las economías emergentes y en desarrollo registran pérdidas mucho mayores, del 6% y el 13%”.
Los ciudadanos demandan cuidados, infraestructuras, servicios… y eso se satisface con los ingresos del Estado surgidos de los impuestos. Escaparse de los impuestos es actuar contra los derechos y la calidad de la vida social. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) considera “la carga fiscal, que cada ciudadano o entidad ha de soportar, como una necesaria aportación para la construcción social. Además, tiene la función de redistribuir la renta para construir una mayor equidad social. Evadir o eludir los compromisos fiscales significaría escapar de la necesaria aportación a la convivencia social. Krugman dice que la democracia está ligada a los impuestos y a la forma en que se reparten. Pagar impuestos es una muestra de salud democrática: si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no es así, la democracia se debilita”.
Quizá el mayor problema que exista en la desmitificación social respecto a la obligación de cumplir con los impuestos que correspondan radique en la distorsión que los políticos hacen de este tema, utilizándolo como gancho electoral, en lugar de procurar plantearlo de forma pedagógica que sensibilice a la sociedad contra la insolidaridad de su escaqueo, al suponer una actuación contra la construcción social. El dinero con que se pagan los servicios públicos o las infraestructuras que la sociedad usa llega al Estado desde la asunción de que todos han de contribuir, cada uno según sus posibilidades, también las empresas. Si parte de ese ingreso se difumina es la sociedad la dañada. Aunque, más tarde, cuando se necesite un servicio público (por ejemplo, sanidad) se demande también por el evasor, como si él no hubiera evadido.
Convivir en sociedad significa aportar y colaborar para que se generen las condiciones necesarias que permitan a todos integrarse en le bienestar social. Por lo que pagar impuestos es una obligación ciudadana. Así lo afirma la Constitución española: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Evadir esta obligación debería ser considerado un delito contra la sociedad. Lo es en determinadas cantidades, pero no lo es como ejecución de ese inconsciente colectivo que empuja a escapar de las obligaciones fiscales. Esta situación degradante socialmente es reforzada por la inexistencia de mecanismos educativos que sensibilicen a los ciudadanos.
Entendido así, es inexplicable el lenguaje político que juega con las tendencias picarescas (en el mejor de los casos) de quienes desean escapar de sus obligaciones fiscales, cuando no delictivas por las cantidades defraudadas. Las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública apuntaban en un comunicado en el 2017, debido a una escasa atención dedicada a una epidemia de gripe que hubo en España, que “esta situación es la consecuencia de los recortes del sistema sanitario que supuso una reducción de más de 10.000 millones de euros (en torno al 18%), de 6.000 camas operativas (5,1% de descenso), de más de 25.000 trabajadores, todo ello según el propio Ministerio de Sanidad, aunque las cifras de otras fuentes son muy superiores, y de la paralización del Plan de Mejora de los Centros de Atención Primaria (Estrategia AP- 21)… Es intolerable que los recortes de los servicios públicos para rescatar los bancos (en más de 60.000 millones de euros como ha denunciado el Tribunal de Cuentas) repercuta en la salud de la ciudadanía, especialmente de los enfermos crónicos y las personas de mayor edad (que curiosamente son la base electoral del PP)”. Paradójicamente para los bancos no hay recortes, aunque ellos eludan, posteriormente, sus obligaciones fiscales.
