viernes. 29.03.2024
TAMPOCO SE HA MEJORADO LA INVERSIóN EN INVESTIGACIóN

El Gobierno del PP culmina la legislatura con una reforma letal para la universidad pública

El curso universitario que se ha inaugurado, se caracterizará por la consolidación de la reforma impuesta durante esta legislatura por el PP y el mantenimiento de los recortes que sufre la universidad española.

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La comunidad universitaria comienza un nuevo curso sorprendida por la última reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) vía Real Decreto-Ley, y pendiente de la aprobación del real decreto, anunciado por el Gobierno, por el que se aprobará el Estatuto de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con el que culminará su reforma universitaria. Cuando entre en vigor este nuevo decreto, se completarán muchos de los cambios que pidió la "comisión de expertos" al inicio de la legislatura, y con ellos una “contrarreforma” del sistema universitario público español (SUPE) que, lejos de resolver los problemas de las universidades, terminará por agravarlos. Los múltiples cambios normativos se han gestado sin debate, sin consenso con la comunidad universitaria, sin diagnóstico y sin evaluación.

En los presupuestos de las universidades para 2015, a pesar de la mejoría experimentada en los datos macroeconómicos de nuestro país, no se ha recuperado la caída de la inversión general que se produjo en los últimos años. Tampoco se ha mejorado la inversión en investigación, ni se han producido descensos significativos en los precios de las matrículas, y, a pesar de la propaganda del Ministerio de Educación (MECD), los datos confirman que continúa la disminución de becas y ayudas y el endurecimiento de los requisitos para acceder a estas.

1. REFORMAS

Los reales decretos que el Ministerio de Educación aprobó durante 2014/2015 comenzarán a aplicarse este curso y podrían empeorar la ya maltrecha situación de la universidad pública

Estaremos muy atentos al desarrollo del Real Decreto relativo a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales que permite reducir la duración de los grados (de 4 a 3 años) e incrementar la duración de los estudios de máster (2 años en lugar de 1), porque, aunque está en vigor la moratoria aprobada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), hay universidades que están elaborando nuevos planes de estudios en función de esta norma.

También entra en vigor este curso el Real Decreto sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, inspirado en la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado. Esta norma flexibiliza las condiciones para la creación de nuevos campus privados, lo que, probablemente, nos lleve a un incremento todavía mayor del número de universidades privadas, que pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.

El Real Decreto que aborda el sistema de acreditación del profesorado funcionario, requisito imprescindible para el acceso y la promoción en la función docente, no subsanará los problemas del actual sistema. Además de ser parcial, arbitrario y relegar la docencia a un segundo plano, discrimina en la acreditación a los candidatos en función de su pertenencia a los diferentes cuerpos docentes; no garantiza la paridad en las comisiones de evaluación; no motiva el cambio de modelo efectuado respecto a la dispersión curricular y la trayectoria de la actividad investigadora; y vulnera el derecho a la movilidad de los docentes universitarios, toda vez que desaparece la acreditación universal.

Por ser contrario a los principios recogidos en la Constitución Española (CE) y la LOU, la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO (FE CCOO) lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

La entrada en vigor del nuevo sistema de acreditaciones está vinculada a la aprobación del Estatuto de ANECA, un nuevo organismo público, independiente funcionalmente, encargado de la acreditación y evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario y todas aquellas funciones que la ley le atribuya. Siguiendo su habitual línea de confrontación con la comunidad universitaria, el MECD no ha informado a los representantes legales del profesorado ni del contenido ni de su fecha de aprobación.

Por último, el RD-Ley 20/2015 modifica la Ley Orgánica de Universidades. Se modifican el apartado segundo del artículo 62 que regula los concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios y el artículo 63 que ahora determina la movilidad del profesorado.

Las universidades podrán convocar plazas de promoción interna que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto, para el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad. Con ello se permite el acceso a cualquier miembro del cuerpo de profesores titulares de universidad al de catedráticos de universidad por medio de la promoción interna. Las plazas ofertadas en promoción interna no podrán superar el número máximo de plazas de funcionarios que sean objeto de oferta de empleo público de turno libre en ese mismo año.

La nueva redacción del artículo 62 de la LOU, junto con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015, que regula la Oferta Pública de Empleo (OPE), recogido en los mismos términos en el Proyecto de Presupuestos para 2016, puede provocar nuevas tensiones en las universidades públicas. El conflicto podría surgir porque se vincula el límite de las plazas ofertadas a promoción con las plazas de funcionarios ofertadas en turno libre, sin tener en cuenta que la ley de presupuestos vigente establece que en el límite de la tasa de reposición correspondiente a los cuerpos de catedrático de universidad y de profesor titular de universidad se debe incluir obligatoriamente que, al menos, un 15 % del total de plazas que oferte la universidad debe ser para la contratación, como personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3, y se permite la posibilidad de destinar una parte del resto de las plazas para el ingreso de contratados doctores con el objetivo de estabilizar a quienes finalizan su periodo de formación.

Esta situación podría provocar que las universidades, en función de la presión de los diferentes colectivos, optasen por convocar en la OPE el mayor número de plazas posible de funcionarios para poder convocar promociones internas amplias o consumir su oferta de empleo con convocatorias de profesores contratados para estabilizar a quienes finalizan su periodos del formación como docentes, lo que impediría que se pudiesen convocar promociones internas de funcionarios.

La FE CCOO ha solicitado una reunión urgente con el MECD para que se acuerde una solución que no perjudique a ningún colectivo y ha presentado, a través de grupos parlamentarios, dos enmiendas para suprimir la limitación que impone la nueva redacción de la LOU o, en su defecto, vincular la limitación a la totalidad de la OPE, incluyendo las plazas de profesorado contratado.

2. INVERSIÓN

La inversión máxima en educación superior, recogida en los presupuestos de las universidades públicas para 2010, ascendió a 10.118.784.432 euros, un 0,97 % del PIB español, muy lejos de la media de gasto en la UE. Desde 2010 hemos registrado cuatro años consecutivos de caída presupuestaria, hasta que en 2015 se produce un ligero crecimiento. 

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Los datos de los presupuestos de las universidades públicas para 2015 nos sitúan en un nivel de gasto similar al de 2013 y demuestran que estamos muy lejos de recuperar el desplome de inversión de los últimos cuatro años. Entre 2010, año de mayor inversión, y 2015, los presupuestos de las universidades públicas han descendido más de 1.384 millones de euros, un 13,7 %. 

Captura de pantalla 2015-09-30 a las 18.09.15Fuente: Presupuestos de las universidades públicas. Elaboración propia

Los presupuestos de 2015 se incrementaron el 1,5 % sobre los de 2014, poco más 139 millones de euros. No obstante, como se puede comprobar en la tabla que se adjunta, hay universidades que continúan perdiendo financiación, mientras que otras recuperan de forma significativa su capítulo de inversiones reales (se adjunta tabla con la evolución de los presupuestos de las universidades). A pesar de ello, los capítulos de ingresos y gastos corrientes se mantienen prácticamente congelados.

Por otro lado, la inversión en I+D+i continúa reduciéndose drásticamente: disminuyó un 33,8 % entre 2009 y 2015.

El Informe Cotec, recientemente publicado, incluye entre sus contenidos un indicador propio, basado en encuestas a más de 100 expertos del sistema español de I+D+i, que refleja la evolución de las tendencias en innovación. La valoración de los encuestados mantiene este año la senda pesimista de ediciones anteriores, si bien menos acentuada. Los expertos se muestran particularmente preocupados por el gasto público en I+D, un 63,2 % de ellos observa este año una tendencia negativa en ese sentido. 

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3. ALUMNADO, BECAS Y AYUDAS

El alumnado sigue bajando en las universidades españolas, especialmente en las públicas, que, desde el curso 2011/2012, han perdido más de 77.000 estudiantes, según los datos del avance estadístico publicado por el Ministerio de Educación, Cultural y Deporte el pasado mes de junio.

El aumento de las tasas y la disminución de las becas y ayudas, además del endurecimiento para acceder a estas, ha provocado que muchos jóvenes hayan renunciado a iniciar estudios universitarios o los hayan abandonado por no tener capacidad económica para hacer frente al precio de las matrículas. 

De forma paralela, las universidades privadas y de la iglesia católica han ganado terreno respecto a las públicas en el número de alumnos y alumnas matriculados en los másteres oficiales. Según los datos provisionales del MECD, el crecimiento es tan significativo que estas entidades han incrementado su cuota de mercado hasta alcanzar un 30,19%, esto es, 97.627 estudiantes matriculados en las universidades públicas frente a 42.217 que lo hicieron en las privadas en el curso 2014/2015.

Como podemos ver en la siguiente gráfica, hay una diferencia significativa en los porcentajes de crecimiento en el alumnado matriculado en másteres oficiales en función del tipo de universidad.

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Frente a la argumentación que defiende el Ministerio, el cambio de tendencia en el acceso a los estudios superiores no se produce por el descenso de la población entre los 18 y 24 años de edad, puesto que, mientras esta se reduce desde el año 2008, el número de estudiantes matriculados aumenta hasta el curso 2011/2012. De hecho, a partir de 2012 la caída del número de personas que integran este colectivo se ralentiza, lo que no impide que se produzca la situación inversa: se pasa de un periodo de disminución de la población de entre 18 y 24 años que coincide con un aumento de matriculaciones, a otro con un decrecimiento menos acentuado en el que, sin embargo, se reducen las matriculaciones.

El gráfico siguiente, elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO, demuestra que, durante el último curso, el descenso de la población de entre 18 y 24 años ha sido el menos acusado de los últimos seis años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la caída del número de universitarios ha sido la más elevada.

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El gasto en becas y ayudas al estudio durante el curso pasado sigue muy lejos del gasto que se produjo durante 2011/2012. Los datos aportados por el MECD en su informe “Datos y Cifras” del curso escolar que comienza sobre la evolución de las becas ponen de manifiesto que entre 2011/2012 y 2014/2015 se ha reducido la inversión en becas más de 208 millones de euros, un 13 %.

A igualdad de poder adquisitivo, España es el 6o país europeo donde los precios máximos de los estudios de grado son más caros, por detrás de Reino Unido, Eslovenia, Irlanda, Hungría y Letonia, según el informe "El coste de estudiar en Europa", del Observatorio del Sistema Universitario.

Si tenemos en cuenta que en este periodo de crisis las dificultades económicas de las familias han sido mucho mayores en cuanto a las necesidades básicas, como demuestra la Encuesta Condiciones de Vida, 2014, y que los precios públicos de los estudios de grado y máster se han disparado, podemos afirmar que la inversión en becas y ayudas ha sido claramente insuficiente.

CCOO continuará exigiendo a los gobiernos autonómicos que aprueben rebajas significativas en los precios de las matriculas que nos permitan alcanzar umbrales como los de Alemania, Francia y otros Estados que habitualmente usamos como referentes en temas educativas. Asimismo, el sindicato demanda al Ministerio la implementación de una política de becas homologable a la de los países de nuestro entorno.

4. PERSONAL DE LAS UNIVERSIDADES

Durante los últimos tres años, los recortes se han seguido cebando con la universidad pública, que, lejos de beneficiarse de la incipiente recuperación económica, sigue reduciendo su plantilla a un ritmo preocupante: entre 2012 y 2015, se perdieron 7.766 puestos de trabajo, lo que representa una disminución del 5,1 % del profesorado (personal docente e investigación (PDI)) y del 4,9 % del personal de administración y servicios (PAS) 

Personal Docente e Investigador (PDI)

Dentro del colectivo docente, la eliminación de puestos de trabajo fue más acusada entre el PDI funcionario –un 5,9 %–. El PDI contratado cayó un 4 % en el periodo analizado, aunque durante el último año estudiado (2014) se produjo un crecimiento del 9,1 % de la plantilla.

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La Federación de Enseñanza de CCOO alerta de que este aumento esconde la sustitución de empleo fijo y de calidad por precario, puesto que se reemplaza a profesorado funcionario por docentes con contratos laborales que en la mayoría de los casos son temporales y a tiempo parcial. Este fenómeno es resultado de las limitaciones de la tasa de reposición de trabajadores y trabajadoras impuesta por el Gobierno del Partido Popular, que imposibilita que las bajas por jubilación y otras eventualidades sean cubiertas por nuevo personal funcionario. Esta situación obliga a los campus públicos a realizar contratos temporales y precarios para cubrir la docencia de quienes abandonan la universidad.

CCOO llama también la atención sobre las grandes diferencias existentes entre universidades históricas con plantillas muy consolidadas, que llegan a destruir hasta un 9,9 % de profesorado funcionario, como es el caso de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona, y otras de más reciente creación que no pierden efectivos o incluso crecen ligeramente, como la Pompeu Fabra o la Rey Juan Carlos. Los contrastes son mayores si analizamos los datos del PDI contratado: la Complutense pierde un 8,4 %, mientras que la de Barcelona crece un 10,8 %.

Si analizamos la evolución de los datos semestrales que proporciona el Ministerio de Hacienda, destaca la variación del número de profesores contratados entre los meses de enero y julio, lo que demuestra la temporalidad y precariedad existente entre los miembros de este grupo, muchos de cuyos contratos están vinculados a uno de los dos semestres del curso y terminan coincidiendo con el inicio del periodo vacacional. Por ejemplo, en la Universidad de Alcalá de Henares, uno de los casos más extremos, el número de docentes contratados a 1 de enero de 2015 era de un 34 % menor que el contratado a 1 de julio de 2014, y esa variación se repite desde enero de 2013. 

Personal de Administración y Servicios (PAS)

La reducción de plantillas en el personal de administración y servicio se ha producido fundamentalmente entre el PAS contratado laboral, que ha perdido un 10,4 % de sus integrantes entre 2012 y 2015. La destrucción de empleo entre el personal funcionario ha sido únicamente del 1 %. Por otro lado, el personal agrupado bajo el epígrafe de “otro” se mantiene en relación a enero de 2012 e incluso crece un 9 % respecto a enero de 2014.

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Al examinar los datos del PAS funcionario por universidad, encontramos una posible explicación a la evolución de los datos en los procesos de funcionarización que se han culminado durante este período en algunas universidades.

El PAS representa el 54,24 % de la plantilla docente, lo que supone una ratio aproximada de un miembro del PAS por cada 1,8 del PDI. Esta cifra sitúa al sistema universitario público español en clara desventaja respecto a otros sistemas públicos europeos, en los que la relación PAS/PDI se aproxima a la unidad. 

El Gobierno del PP culmina la legislatura con una reforma letal para la universidad...