El portavoz de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha aplaudido la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de pedir a Gibraltar datos fiscales de numerosas sociedades. En su opinión, lo que quiere el Ejecutivo español es poder acreditar ante Bruselas que Gibraltar es un paraíso fiscal "no cooperante" que ni siquiera cumple con la normativa comunitaria, a pesar de estar incluido en la lista de la OCDE de "paraísos fiscales cooperantes". Si España logra su propósito, podría haber consecuencias internacionales, tanto en la UE como en la OCDE, de índole económico para la colonia sobre todo en términos de radicación y movimiento de capitales.
Gibraltar consiguió que le incluyeran en la lista de "paraísos fiscales cooperantes" a raíz de los acuerdos de la reunión del G-20 que tuvo lugar en Londres en el año 2009, según los cuales, no se exigía a los paraísos fiscales que cambiaran su tributación, sino que cooperaran con otros países si era necesario para una investigación judicial o administrativa.
El Peñón no lo consiguió a la primera, pero ya en 2010 se le incluyó en la lista de jurisdicciones "cooperantes" después de haber firmado convenios de colaboración con 18 países, pero no con España, que sólo llegó a rubricar un protocolo de colaboración con el Reino Unido, pero no directamente con Gibraltar por no reconocer la soberanía, pero que no ha tenido efectos prácticos.
Sin embargo, y según publicaba el diario El País, el Ministerio de Hacienda ha pedido por primera vez a Gibraltar datos fiscales de una treintena de contribuyentes amparándose en una directiva de la Unión Europea, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
Según explica el portavoz de Gestha, la actuación de Cristóbal Montoro se hace con "buen criterio" porque "trata de anticipar esa negativa de información para calificar a Gibraltar como un paraíso fiscal no cooperante".
Para ello, explica, la Agencia Tributaria realiza una "batería de peticiones de información y si Gibraltar no responde adecuadamente, se vuelve a plantear que Gibraltar no es un paraíso fiscal cooperante", que es como se califica a los paraísos fiscales incluidos en la "lista negra" de la OCDE.
Pero cree que la intención de Hacienda es, sobre todo, demostrar que Gibraltar no cumple con la normativa comunitaria y que eso "tenga consecuencias en la UE para demostrar que el Peñón no cumple con los protocolos de la Unión".
De esta forma, explica, el Ejecutivo español podría presionar en la Comisión Europea para que se "obligue" al Reino Unido y a Gibraltar a cooperar "como ha ocurrido con sus islas, como la isla de Man y otras islas del Canal de La Mancha". "Todas estas islas son paraísos fiscales", señala Mollinedo, pero recalca que el Gobierno británico se ha visto obligado a dar el paso para que "esas islas faciliten información". "Sin embargo, con Gibraltar, eso no ha ocurrido", recalca.
En cuanto a las consecuencias que puede tener el hecho de que Gibraltar no coopere con las autoridades españolas que le han pedido información de contribuyentes son de varios tipos. En este sentido, explica que podría tener "consecuencias internas" dentro de España que ya prevé la Ley del Impuesto de Sociedades, en la que se precisa que si se hacen negocios con este tipo de territorios se puede modificar la lista española de paraísos fiscales mediante una simple resolución de la Agencia Tributaria, ya que lo contempla la Ley antifraude, que aprobó el Gobierno de Rajoy en el último trimestre de 2012.
De esta forma, se podría obligar a las empresas españolas o a particulares que operen con Gibraltar a cumplir con unos "requisitos muy exigentes" ya que se invierte la carga de la prueba y es el contribuyente el que tiene que demostrar lo que ha hecho.
En primer lugar, que la empresa demuestre que la operación que ha hecho es real; en segundo, que el importe de la operación se corresponde con el normal del mercado; en tercer lugar, demostrar que la factura no es falsa. En este sentido, explica que normalmente, demostrar que la factura es falsa le corresponde a la administración, pero cuando se opera con un paraíso fiscal, "es la empresa la que tiene que demostrarlo, así como que el importe es el normal del mercado".
Se trata, asegura, de "condiciones muy complicadas porque las empresas tienen que ser muy exquisitas", ya que sino cumplimentan esos requisitos, Hacienda no tendría en cuenta como gasto deducible determinadas operaciones, las que no se pudieran demostrar, y "eso es complicado y supone un engorro para las empresas".
Según explica Mollinedo, "es bueno que España reclame una parte de lo que es suyo, porque Gibraltar está contribuyendo al blanqueo de capitales y también las tramas de blanqueo de dinero del terrorismo". A este respecto, considera que "si España va por ahí", denunciando el blanqueo relacionado con el terrorismo, "es donde puede conseguir el apoyo internacional".
Otra de las medidas que puede tomar el Gobierno español, asegura, es plantear en la OCDE la retirada de Gibraltar de la lista de "paraísos fiscales cooperantes". Aunque eso es más difícil, asegura, porque tendrían que hacerlo también algunos de los países con los que ha firmado acuerdos de colaboración.
En cualquier caso, si en la evaluación que hace el Comité de Fiscalidad de la OCDE sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados con los paraísos fiscales, se observa que reiteradamente no cumple, podría tener consecuencias financieras para el Peñón, sobre todo en cuanto a la radicación y el movimiento de capitales, porque una de las aspiraciones de Gibraltar es que los fondos de pensiones elijan este enclave para radicarse por su fiscalidad favorable.
