Aunque el Ejecutivo atribuye esta desviación, cifrada en 10.650 millones de euros, al mayor déficit registrado tanto por la Seguridad Social como por las comunidades autónomas, los Técnicos de Hacienda ya advirtieron en su día de que las bajadas de los Impuestos sobre Sociedades e IRPF de 2015 –incluyendo el adelanto de la rebaja de 2016 de este último- serían los principales causantes del incumplimiento del objetivo de déficit.
En concreto, la estimación gubernamental del coste en 2015 de la reforma fiscal fue de 6.000 millones de euros en total –4.500 millones procedentes la reducción del IRPF y 1.500 millones de la del Impuesto sobre Sociedades -, a los que se unirán otra merma en las arcas públicas de 3.000 millones de la segunda fase de la reforma fiscal en este año. A juicio del colectivo, esto demuestra que la reforma fiscal se hizo de forma precipitada, a pesar de que el Gobierno afirmó que se ejecutaba en dos años precisamente para no comprometer el déficit público.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, esta rebaja fiscal y su adelanto a junio “estaba enmarcada en el contexto de varios procesos electorales y bajo la presión de la promesa popular de no subir los impuestos lanzada en la anterior campaña electoral general”.
Medidas de urgencia para el nuevo Ejecutivo
En este contexto, los Técnicos de Hacienda urgen al nuevo gobierno que surja la puesta en marcha de forma inmediata de una batería de medidas para reducir el déficit público de acuerdo a los objetivos marcados por Bruselas.
Entre sus propuestas, destaca la reducción de la dualidad actual del IRPF, que favorece la tributación de las rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas, y el aumento del número de tramos de la tarifa del IRPF, ya que la recaudación de este tributo supone el 95,8% de la progresividad del sistema tributario español.
Asimismo, Gestha propone la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas de forma armonizada en todas las comunidades autónomas, así como la equiparación del tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes compañías, que es del 6%, con el de las pymes, que asciende al 14,9%, elevando el tipo nominal en cinco puntos para los grupos societarios a partir del primer millón de euros de beneficio al año, lo que podría aportar con ambas medidas unos 13.000 millones de euros anuales adicionales a las arcas públicas.
Por último, considera imprescindible que se intensifique la lucha contra el fraude asumiendo la Agencia Tributaria (AEAT) un objetivo de recaudación más ambicioso que el actual, pues cabe recordar que durante la crisis la economía sumergida aumentó en 60.000 millones de euros, hasta los 253.000 millones actuales, lo que supone casi el 25% del PIB.
Con una reorganización de la AEAT y del Ministerio de Hacienda para distribuir las responsabilidades entre un mayor número de inspectores y técnicos y con mayores competencias para investigar a los grandes contribuyentes, Gestha calcula que en 2016 se podrían alcanzar unos ingresos de unos 20.000 millones en concepto de lucha contra el fraude, un 27% superior a los resultados de 2015.
