La detención de Falciani viene a corroborar la débil protección de la que gozan en España los “whistleblowers”, es decir, los alertadores de supuestos de corrupción, delitos económicos y, especialmente de blanqueo de capitales y delitos fiscales
El miércoles pasado, a media tarde, en la antesala de un acto que organizó la Plataforma por la Justicia Fiscal en la Universidad Pontificia Comillas bajo el título de “Cuando decir la verdad es heroico: sacando a la luz las guaridas fiscales”, fui testigo directo de cómo la Policía Judicial detenía a Hervé Falciani, es decir, a uno de los estandartes en la necesaria lucha contra los defraudadores.
Me quedé perplejo, anonadado, incrédulo… tanto por la detención, en sí, como por el lugar y las formas empleadas, ya que lo trasladaron innecesariamente a los calabozos en lugar de haberle notificado la obligatoriedad de comparecer ante la Audiencia Nacional.
La detención, pues, fue totalmente improcedente. No sólo porque la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años. No sólo porque, de acuerdo al principio “non bis in ídem”, una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces –lo que llevó a la defensa de Falciani, capitaneada por Baltasar Garzón, a presentar un “habeas corpus”, un procedimiento jurídico por el que se solicitó su inmediata puesta en libertad al considerar ilegal la detención-. No sólo porque el ingeniero ha sido protegido por las fuerzas de seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida. Es que Hervé Falciani ha colaborado, de manera excepcional, con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de fraude fiscal y blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza.
En cualquier caso, su detención vino a corroborar la débil protección de la que gozan en España los “whistleblowers”, es decir, los alertadores de supuestos de corrupción, delitos económicos y, especialmente de blanqueo de capitales y delitos fiscales. De hecho, nuestro país se encuentra entre los siete de la UE que menos defienden a quienes señalan a los presuntos corruptos, evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction.
Afortunadamente, el magistrado de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, desoyó la petición de prisión incondicional que realizó la Fiscalía y el jueves lo dejó libre, aunque le prohibió salir de la localidad española en la que reside y ordenó retirarle el pasaporte, obligándole a presentarse todos los lunes en el juzgado más cercano a su domicilio. Falciani, ahora, está en libertad. Limitada. Vigilada. Condicionada. Pero su improcedente e inoportuna detención demuestra la urgente necesidad que hay en España de blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los confidentes de delitos fiscales y de todas aquellas personas que colaboran activamente en la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Decir la verdad es heroico, sí. Pero sacar a la luz las guaridas fiscales sirve para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
