sábado 19/6/21
CAMPAñA CONTRA LA FINANCIACIóN DE LA IGLESIA CATóLICA

En 2012 NO marcaron la casilla de la iglesia católica más del 65% de los contribuyentes

Europa Laica propone suprimir las casillas de asignación a la Iglesia Católica y la de fines de interés social y mientras tanto no marcar ninguna de las dos casillas y SI marcar la de "Sin asignación".

Después de 35 años de democracia formal y con una Constitución que, aun en su calculada ambigüedad en esta materia, establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, las relaciones del Estado con  la iglesia católica en mataria económica, no sólo sigue con la misma orientación que en la dictadura, sino que, en términos cuantitativos, se ha acrecentado considerablemente, ello significa que estamos, en la práctica, en un Estado “confesional (católico)”.

La financiación de la iglesia católica a través de la declaración de la renta es injusta para la mayoría de los contribuyentes y presuntamente ilegal, ya que el montante asignado se resta del fondo común de todos y no sólo de los que señalan la casilla

La “iglesia católica”,  por razones obvias (no queremos que el culto, el clero y el proselitismo religioso se financie con fondos públicos, además de que, en nuestra opinión, este sistema vulnera diversos principios constitucionales) y en la de “fines de interés social”, más difícil de entender por “algunos”, por los siguientes cuatro argumentos: 

- Porque una parte importante de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia iglesia católica, recibiendo asignación por las dos casillas;
- Porque, en todo caso, no podemos decidir a qué organización social concreta vaya nuestro apoyo (como si ocurre con la de la iglesia católica), hecho irregular e injusto;
- Porque es una sutil y estudiada coartada para mantener  esta forma de financiación de la iglesia católica y
- Porque, en todo caso,  los “fines de interés social” que así se consideren, no deben depender de la voluntad anual de los contribuyentes, sino de un “Plan de financiación estatal”, adecuado y aprobado en el Parlamento y en el ámbito de las CCAA (en su autonomía) y en los municipios, en su caso.

La financiación de la iglesia católica a través de la declaración de la renta es injusta para la mayoría de los contribuyentes y presuntamente ilegal, ya que el montante asignado se resta del fondo común de todos y no sólo de los que señalan la casilla. Es decir los que marcan la casilla no pagan un 0,7 más, lo detraen del conjunto de todo lo recaudado anualmente, es decir que “todos pagamos”, aun sin desearlo.

El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, deberían estar financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que son fieles o se sienten atraídas por esa doctrina religiosa. 

De hecho, como ya hemos comentado anteriormente,  la propia iglesia católica en los Acuerdos económicos de 1979, se comprometió a su autofinanciación progresiva. El pacto no sólo no se ha cumplido, sino que el Gobierno del PSOE lo incrementó en 2008. Esta circunstancia nos da pié para indicar que esos Acuerdos, al ser incumplidos por la propia iglesia católica, al margen de otras consideraciones de presunta inconstitucionalidad, no son válidos y el Estado está obligado a anularlos o revisarlos.

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Campaña: Que la iglesia pague el IBI
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En 2012 NO marcaron la casilla de la iglesia católica más del 65% de los contribuyentes
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