El PSOE ha pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley que sirva para paralizar todos los desahucios que estén en marcha debido a cláusulas abusivas de las entidades financieras hasta que se elabore una nueva norma que adapte y corrija los aspectos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que no protegen suficientemente a los ciudadanos.
Según han explicado en rueda de prensa la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, y la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, la sentencia del tribunal europeo "da la razón" a su partido en su denuncia de las cláusulas abusivas, por lo que han dicho que esperan que "no se siga perdiendo el tiempo" a la hora de hacer frente al drama de los desahucios.
Se trata, ha añadido Rodríguez Piñero, de "acabar con todos los abusos y buscar soluciones para que nadie más se quede sin casa por una legislación injusta"
Entre otras cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.
"ACABAR CON TODOS LOS ABUSOS"
En cualquier caso, las diputadas socialistas ven "fundamental" que el Gobierno acceda a dar el visto bueno a las enmiendas del PSOE al proyecto de ley antidesahucios que se tramitará conjuntamente con la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.
Se trata, ha añadido Rodríguez Piñero, de "acabar con todos los abusos y buscar soluciones para que nadie más se quede sin casa por una legislación injusta". Por este motivo, Iglesias ha insistido también en que es "absolutamente necesario" un decreto ley que paralice todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y así "no dejar desprotegidos a los ciudadanos".
Asimismo, ha pedido que la nueva ley ofrezca "alternativas reales de vivienda" para todas aquellas personas que ya han perdido su casa, pero también ha vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de aplicar la dación en pago con el objetivo de que, agotados todos los procedimientos, los ciudadanos "no acumulen deudas para el resto de su vida".
