Pocos días después de su constitución, el gobierno del PP se ha estrenado con el Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. Y con el Real Decreto 1888/2011 de fijación (congelación) del Salario mínimo interprofesional para el año 2012.
La convocatoria del Pleno del Congreso del próximo miércoles día 11 de enero para votar su convalidación es una buena oportunidad para analizar cuál es la orientación y los rasgos destacados de la primera decisión política del PP.
Ya se ha dicho y es cierto que el Gobierno del PP ha aprobado unas medidas que en buena parte no estaban en su programa electoral, incluso algunas van en sentido contrario y ni siquiera estaban recogidas en el programa de investidura presentado por el Sr.. Rajoy el 19 y 20 de diciembre, es decir sólo diez días antes de la aprobación del Real Decreto Ley 20/2011. Se trata de un comportamiento que no por esperado deja de ser reprobable, en la medida que acumula razones de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y sus representantes políticos.
La tendencia a engañar a la ciudadanía ha continuado después de su aprobación, con su presentación en la rueda del prensa posterior al Consejo de Ministros y en la explicación de sus contenidos. Se han escondido de manera evidente algunas medidas importantes que contiene el Real Decreto Ley o bien se han presentado como si fueran en la dirección contraria de la que se desprende de su contenido. La técnica utilizada por el Gobierno ha sido "incrustar" en medio del bloque de medidas muy regresivas, algunas que no cambian la orientación global, pero que le permiten presentarse como progresistas, promoviendo que algún analista interesado las haya calificado de "socialdemócratas", como tuvieron oportunidad de decirle al Sr. Rajoy desde la Tribuna del Congreso, "aunque la mona se vista de seda, mona se queda".
Los elementos políticos que resultan más destacados de este Real Decreto Ley son:
INSISTE EN UNA POLÍTICA ECONÓMICA SUICIDA. Las medidas del Gobierno insisten en una estrategia basada en: fuertes ajustes presupuestarios por la vía de la reducción del gasto público; Política de rentas basada sólo en la reducción real de las rentas salariales -sin una sola incidencia en el control del resto de rentas- y ausencia absoluta de ninguna medida de incentivo a la actividad económica. Es la fórmula utilizada hasta ahora por el Gobierno Zapatero, desde mayo 2010 que ha demostrado su inutilidad y que corre el riesgo de llevarnos hacia el suicidio económico. Si los tres pilares de nuestra economía -sector exterior, consumo privado y consumo e inversión pública- sólo aguanta el sector exterior gracias al buen comportamiento de las empresas exportadoras. Y además, con muchas incertidumbres fruto de la ralentización que en el resto de la economía de la UE están provocando las políticas generalizadas de ajustes. En este escenario presionar a la baja el gasto e inversión pública y forzar una pérdida de capacidad adquisitiva de las rentas salariales, sólo puede traer más recesión.
PROFUNDIZA LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESFUERZOS.
A pesar de los esfuerzos comunicativos de la vicepresidenta del Gobierno, las medidas profundizan en la injusta distribución de los costes del ajuste y los esfuerzos. Empezando por una nueva congelación de los salarios de los empleados públicos que, si las cosas se queden tal como están pueden acabar el año con una pérdida de poder adquisitivo acumulado desde mayo de 2010 del 12% como media, algunos colectivos mucho más. Lo mismo puede decirse de los pensionistas, con una subida del 1%, cuando la inflación a noviembre de 2011 ha sido del 2,9%. Una reducción nominal del salario que en términos reales será más importante para el impacto que en algunos pensionistas tendrá el aumento de los tipos del IRPF en 2012-2013. La congelación del SMI por primera vez desde 1966 en 641,40 euros al mes. Una medida que afecta no sólo al 1,34% de los asalariados que cobran el SMI sino que tiene incidencia indirecta en otros salarios bajos y en las prestaciones sociales que utilizan de referencia en IPREM
EL AJUSTADO PRESUPUESTOS CONTINÚA PIVOTANDIO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL GASTO Y TIENE UNA CLARA ORIENTACIÓN REGRESIVA.
Especial comentario merece las medidas de naturaleza fiscal que se presentan de manera interesada como progresivas en su orientación. Es cierto que el aumento que todos esperaban del IVA hubiera tenido un impacto regresivo mayor ya la vez un efecto negativo añadido sobre el consumo. También es cierto que el aumento del tipo sobre las rentas del capital da una imagen de reparto de cargas y sacrificios que el Gobierno ha explotado comunicativamente. Pero del análisis conjunto de las medidas se desprende un profundo desequilibrio en la distribución de los esfuerzos. Sin conocer en detalle cuál será el desglose del recorte de cada Ministerio, algunas de las medidas estrella permiten conocer cuál es su orientación.
Congelación del sueldo de los empleados públicos y reducción del empleo público -por la vía de la no reposición de vacantes y amortizaciones de plazas-. En este aspecto también se ha utilizado la alquimia comunicativa para dar la imagen que los servicios básicos quedan al margen del recorte, cuando la realidad es que en el caso del Ejército, Policía, cuerpos docentes y sanitarios sólo se autoriza la reposición del 10% de las plazas amortizadas. Aplazamiento de la mejora de las pensiones de viudedad que debía entrar en vigor 1 de enero de 2012, aplazamiento de los reconocimientos de la prestación de dependencia, nuevo aplazamiento del permiso de paternidad de cuatro semanas, desaparición de la renta de emancipación de los jóvenes.
En el terreno de los ingresos la subida en una escala progresiva del IRPF y también los tipos aplicables a las rentas del capital requiere una múltiple lectura. Empezando por constatar que hay más margen para la subida de los impuestos directos de lo que ha venido diciendo el PSOE -que queda literalmente con el culo al aire-. Que pese a la subida impositiva afecta también a las rentas del capital, sigue existiendo una importante discriminación fiscal de las rentas del trabajo en relación a las del trabajo. Que no se ha tocado ni una sola de las figuras impositivas que afectan a los sectores más poderosos de la sociedad. Que la mayor parte de los ingresos extraordinarios vendrán de las rentas del trabajo (un 75%) y dentro de las rentas del trabajo la mayor parte de las de menos de 53.000 euros año. Y que si se acaban aplicando algunas de las medidas presentadas en el debate de investidura referidas a aumentos de bonificaciones y deducciones en el impuesto de sociedades, esta reducción de ingresos acabaría anulando el impacto de la subida del IRPF.
HAN UTILIZADO ALGUNAS MEDIDAS PARA PRESIONAR A LA BAJA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Algunas de las medidas adoptadas, como la congelación del SMI y del salario de los empleados públicos tiene además del objetivo de reducir el gasto un interés indirecto: Presionar a la baja en los salarios que se fijan para la negociación colectiva, generando un clima social de agravio comparativo entre trabajadores.
Vale la pena destacar en este sentido algunos datos: desde el tercer trimestre de 2011 se han recuperado -en términos de contabilidad nacional- los excedentes empresariales, o sea los beneficios, mientras los salarios siguen perdiendo capacidad adquisitiva real. Más allá de lo que supone en términos de distribución social de la renta, presionar a la baja la capacidad adquisitiva de los salarios incide negativamente en la recuperación.
APROVECHA LA CRISIS PARA APLICAR MEDIDAS QUE CONLLEVAN UN DETERMINADO MODELO DE SOCIEDAD.
En esta primera tanda de decisiones del Gobierno Rajoy ya queda claro la voluntad de aprovechar la crisis como una oportunidad para imponer reformas que profundicen un determinado modelo de sociedad. Esto es especialmente visible en la presión para reducir el peso del sector público, sin encarar una reforma para mejorar la calidad del gasto público. En España el problema no es que el sector público esté sobredimensionado, el problema es que hay políticas de gasto muy poco eficientes. Ineficiencia que se ha incrementado en la década mágica de la burbuja y que curiosamente tiene en las administraciones locales y autonómicas del PP uno de sus mayores exponentes. En resumen, el partido que ha contribuido a generar graves ineficiencias en el sector público, ahora se presenta como el garante del cambio y de manera oportunista aprovecha sus fechorías para justificar recortes indiscriminados en el sector público.
Aunque con la explicación de la orientación regresiva de las políticas acordadas por el PP no hay suficiente, resulta importante hacer este esfuerzo. Porque hoy uno de los principales problemas con que nos encontraremos la izquierda social y política es el de ofrecer un relato alternativo a la crisis. Un relato que sea capaz de vencer la hegemonía no sólo electoral, sino ideológica sobre la que se asienta la derecha. Esta hegemonía se fundamenta en ideas sencillas pero de mucha profundidad. Se identifica la crisis económica con un exceso de gasto público y la solución al desequilibrio presupuestario con los recortes. Se traslada la idea de que este es la única política posible y se pretende imponer sentimientos de resignación, de privilegio para los que no están tan afectados por la crisis -personas que conservan el trabajo, empleados públicos-. Y por encima de todos que los reparto de cargas y sacrificios hay que hacer entre los trabajadores y lo que se denomina clases medias, dejando fuera de su coste a los sectores más privilegiados.
