El Banco de Santander invirtió en un fondo especulativo –y ruinoso- más de 1’6 millones de euros que el Ministerio de Industria había prestado a la empresa Inextrama para el desarrollo de actividades de I+D+i en el sector de las artes gráficas, según relata la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es. La denuncia acusa al Banco de Santander de un delito de malversación de fondos públicos y apunta a la existencia de un fraude masivo en la concesión de ayudas en el sector.
Según afirma el documento, los gestores de Santander Asset Management, la principal gestora de fondos del banco, obligaron a los propietarios de Inextrama, una empresa del sector auxiliar de las artes gráficas dedicado al desarrollo de aplicaciones informáticas, a comprar participaciones de Santander Corto Plazo Plus, un fondo de alto riesgo, a cambio de proporcionar a la empresa el aval que le exigía la Dirección General de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria para la concesión del préstamo de 2.386.647 euros en ayudas para investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
El documento asegura que los gestores del Santander invirtieron en el fondo una parte de la ayuda, en concreto, 1.614.000 euros, el pasado 25 de enero de 2008, coincidiendo con la salida masiva de inversores. Según añade, el Santander trataba en ese momento de vender su gestora, Santander Asset Management, por los abogados a los que se encomendado la que ha presentado la denuncia, Juan Manuel Moreno-Luque y Antonio Panea, sospechan que el Banco de Santander trataba así de tapar con dinero público la mala marcha del fondo.
Los gestores de la filial del Banco de Santander eran “conscientes” de que estaban invirtiendo dinero público en un fondo que apuntaba a “ruinoso”, afirma la denuncia presentada el 29 de marzo, que acusa al banco de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos o fraude de subvenciones.
Los abogados sospechan que otras empresas pudieron haber sido ‘invitadas’ por el Santander a suscribir inversiones similares, a tenor de los 1.400 millones de euros que han sido distribuidos por el Ministerio de Industria a través del programa Profit.
Por su parte, la empresa afirma que el banco le aseguró que el fondo estaba garantizado. Sin embargo, un peritaje encargado por los promotores de la denuncia dice que era “cualquier cosa menos un producto conservador y sin riesgo”. El perito, Miguel Córdoba, detalla en su informe que el fondo presentaba un “alto grado de riesgo”, al invertir parte de su patrimonio en productos complejos, como MBS, y en otros que tenían vencimientos de hasta 90 años, a pesar de lo que califica como denominación “engañosa” del fondo, Corto Plazo Plus.
Sobre la forma en que se llevó a cabo el ofrecimiento, la denuncia afirma que la empresa “se vio obligada a consentir la suscripción de estos fondos, pues, caso contrario, el Banco de Santander se habría negado a formalizar la garantía correspondiente ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”.
Escalada imparable de minusvalías
Un año después de formalizar la inversión, la empresa había perdido un 27 por ciento del dinero destinado en principio a I+D+i. La empresa, que contaba con una parte del préstamo -800.000 euros- respaldada por una Sociedad de Garantía Recíproca, insiste en que sí realizó la inversión. Los gestores del Santander revelaron entonces que el fondo no estaba garantizado y dejaron de pagar la amortización del préstamo, lo que colocó a la empresa en una mala situación, al entrar en varias listas de morosidad.
Los abogados sospechan que el Santander trató de maquillar los datos sobre la mala marcha que presentaba el fondo a finales de 2007 y a lo largo de 2008, cuando un importante número de inversores institucionales comenzó a abandonar el fondo ante las pérdidas que se estaban produciendo. Justo en ese momento, a mediados de 2008, se publicaron varias noticias que hablaban del interés del Santander por vender su gestora de fondos Santander Asset Management.
Inextrama no logró superar la mala situación que, paradójicamente, le provocó la concesión de la ayuda. Tras haber llegado a emplear a 30 trabajadores, la firma fue vendida en 2009. Su propietaria abandonó España, rumbo a Estados Unidos, harta de lo que llama “la dictadura de los bancos”. La empresa, tras fracasar en su aventura a través de las procelosas aguas del I+D+i español -un sector clave para apuntalar la economía-, se encuentra hoy en estado de liquidación.
