jueves. 28.03.2024
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Este abuso se denominaba antes con el eufemismo de "ingeniería fiscal" y hoy, tras los duros ajustes sufridos en nuestro país por la caída recaudatoria, se denomina "práctica fiscal agresiva"

Hace apenas unos días, conocimos la existencia de acuerdos confidenciales entre 240 multinacionales y Luxemburgo para eludir los impuestos por sus beneficios en Europa. Casi al mismo tiempo supimos que la Unión Europea solo estaba investigando cuatro acuerdos, dos de ellos procedentes de Luxemburgo, sospechosos de ser contrarios a la libre competencia.

Muchos se pueden preguntar por qué solo se estaban investigando dos de un total de 240 acuerdos. Quizás sea mera coincidencia que el presidente de la UE, Jean-Claude Juncker, sea luxemburgués, pero no sería del todo descabellado pensar que el jefe del Ejecutivo comunitario no quiera impulsar desde Bruselas decisiones que van en contra de las prácticas de su país de origen y que, al parecer, él mismo había impulsado.

Ahora bien, mientras vamos conociendo novedades sobre este caso, surge la duda de si estos acuerdos confidenciales eran legales. Luxemburgo asegura que sí, pero no cabe duda de que tendrán que dar explicaciones para defender con más solidez esa supuesta legalidad. 

Para arrojar un poco de luz sobre este tema, es importante saber que los Estados establecen ventajas tributarias para fomentar múltiples políticas, ya sean de empleo, medioambiente, investigación, ayuda a sectores económicos, etc. Aprovechar estas ventajas constituye un beneficio fiscal con el que podemos estar de acuerdo, porque quien invierte en esas políticas goza lícitamente de un incentivo fiscal.

Sin embargo, la línea se traspasa cuando las ventajas se utilizan principalmente para eludir los impuestos. Este abuso se denominaba antes con el eufemismo de "ingeniería fiscal" y hoy, tras los duros ajustes sufridos en nuestro país por la caída recaudatoria, se denomina "práctica fiscal agresiva".

Pero no cabe duda de que, independientemente de cómo lo llamemos, es una práctica a la que se debe poner coto para evitar la sangría de recaudación y, para ello, también debe haber cambios normativos que eviten la elusión, además de intensificar la lucha contra el fraude, especialmente contra las multinacionales y grandes fortunas que, con la cooperación imprescindible de la asesoría fiscal especializada, concentran la mayor parte del fraude. Por tanto, como conclusión, aunque esta práctica finalmente se considerara legal por parte de la UE, desde Gestha consideramos que no debería serlo.

Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Deben permitirse los acuerdos confidenciales de las multinacionales con Luxemburgo?