La mayoría de la gente tiene una idea bastante aproximada de qué es la economía sumergida y qué implica. Todos sabemos que supone no pagar impuestos en algún momento o realizar un trabajo sin cotizar por él a la Seguridad Social. Estos son dos de los ejemplos más comunes, junto con la pregunta tradicional “con IVA o sin IVA”, alternativa en la que muchos han sucumbido en alguna ocasión.
Pero, conviene concretar los efectos negativos que implica la economía sumergida: el fraude fiscal y el laboral. El primero de ellos engloba el impago de impuestos, desde el IVA hasta el de la Renta, pasando por el Impuesto sobre Sociedades. Es decir, el fraude fiscal se puede nutrir del pago en “B” del consumo, de los ingresos empresariales o profesionales no contabilizados o de los beneficios de las multinacionales que evaden a paraísos fiscales, por citar solo unos ejemplos muy conocidos. Por tanto, el fraude fiscal tiene múltiples y caudalosas fuentes, de hecho, supone alrededor del 66% del fraude total.
El deficiente control del fraude y la precariedad son unos infalibles aliados de la economía sumergida que produce otras consecuencias como la competencia desleal o la merma de las condiciones laborales
Por otro lado está el fraude laboral, que como su nombre indica, está relacionado con las actividades irregulares en el mercado de trabajo y supone el impago de las cotizaciones a la Seguridad Social, la contratación ficticia para obtener prestaciones, o pagar toda o parte de la nómina del trabajador en dinero negro para reducir indebidamente el coste laboral. Aunque estos fraudes han ganado visibilidad a raíz de la crisis económica con el aumento del desempleo, representan poco más de un tercio del fraude total. Sin ir más lejos, los últimos datos de la EPA revelan que la tasa de temporalidad es del 26,4% de los contratos, la tasa de desempleo es del 23,9 %, y la friolera de más de 1,7 millones de familias con todos sus miembros en paro.
Desgraciadamente, el deficiente control del fraude y la precariedad son unos infalibles aliados de la economía sumergida que produce otras consecuencias como la competencia desleal o la merma de las condiciones laborales de los trabajadores. Ante este panorama, una de las prioridades para este año 2015 sería intensificar la lucha contra el fraude.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
