El destino que espera a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 es todavía incierto. Aunque el Gobierno los haya enviado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, no está claro que vayan a ser aprobados por la necesidad de contar con los votos de las fuerzas que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. Especialmente difícil parece en estos momentos que los apoyen los partidos independentistas catalanes, a pesar de que recogen un notable aumento de la inversión en Cataluña, por condicionar su apoyo a concesiones de índole política o judicial.
El Gobierno destaca que estos Presupuestos tienen tres objetivos: combatir la desigualdad, cambiar estratégicamente el modelo económico y controlar el déficit público. Veamos. Para cumplir el primer objetivo, los Presupuestos recogen el mayor incremento del gasto social que se recuerda, que ya supone el 57%. Especialmente significativo es el aumento en las partidas de pensiones, que vuelven a incrementarse en función del IPC, y del gasto en dependencia, que crece casi un 60%.
¿Y el cambio de modelo productivo?
Más cuestionable es que estos Presupuestos sean una herramienta para “impulsar la productividad y potenciar un crecimiento sólido”. Es destacable el aumento en algunas partidas en como la inversión en infraestructuras y en I+D+i civil. Pero, igual que una golondrina no hace verano, unos presupuestos no incrementan la productividad, ni cambian el modelo productivo de un país. Serían necesarias muchas más cosas para transformar el modelo productivo español, que, aunque nos duela, sigue siendo el mismo que teníamos antes de empezar la crisis.
Por último, tampoco parece que estos presupuestos sean los más adecuados para controlar el déficit público, a pesar de que tendrán que ceñirse al objetivo de déficit que tenía definido el Partido Popular del 1,3% del PIB y no del 1,8% como pretendía el Gobierno. Para poder cuadrar los Presupuestos a un objetivo de déficit del 1,3%, con una expansión tan grande del gasto social, lo que se ha hecho es inflar las proyecciones de ingresos.
En efecto, resulta difícil pensar que la recaudación tributaria pueda pasar de unos 210.000 millones de euros en 2018 a más de 227.000 millones en 2019, a pesar de los nuevos impuestos (tasa Google e el impuesto sobre las transacciones financieras, que vendrían a aportar algo más de 2.000 millones) y del aumento que habrá en IRPF, Sociedades y fiscalidad del gasóleo, fundamentalmente, y que supondrían unos 5.600 millones.
[La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto con la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Economía, Nadia Calviño.]
El resto del incremento de la recaudación se fía a la mayor actividad económica, a la mayor lucha contra el fraude y, sorprendentemente, a un artificio contable que permitirá imputar este año 5.000 millones del IVA que no se contabilizaron en 2017.
El déficit público más alto de la UE
¿Cumplirán los Presupuestos, en caso de ser aprobados, el objetivo de déficit? Pues no parece, porque los nuevos tributos tardarán en entrar en vigor y porque la menor actividad económica que se espera (el Ministerio de Economía acaba de rebajar la previsión de crecimiento al 2,2%) difícilmente permitirán elevar la recaudación en un 14% como pronostica el Gobierno.
En este sentido, las previsiones de la Comisión Europea, del FMI o de diversos Servicios de Estudios nacionales sitúan el déficit público por encima del 2% en 2019, cosa que parece no importarle mucho al Gobierno ni a quienes le apoyan.
Mantener la estabilidad presupuestaria no deja de ser algo fastidioso a lo que nos obliga Bruselas, pero en lo que no cree nuestra clase política, por lo que no suele poner mucho empeño en ello. Sólo así puede explicarse que, cuando nos adentramos en el sexto año de crecimiento, nuestras cuentas públicas sigan mostrando un abultado desequilibrio, el más alto de los 28 países de la Unión en 2017.
Los Presupuestos de 2019 están muy bien diseñados desde el punto de vista político, porque son la herramienta perfecta para poder agotar la legislatura.
Los incrementos en el gasto social y la inversión en Cataluña son los caramelos para que los socios parlamentarios del Gobierno los apoyen y una excelente carta de presentación ante su potencial electorado. Pero desgraciadamente, provocarán un incremento del déficit y de la deuda pública (a pesar de que en términos relativos pueda disminuir), por lo que aumentarán la posición de vulnerabilidad de la economía española.
Si desea conocer a fondo los Presupuestos Generales del Estado, la Fundación Ciudadana CIVIO ha creado una aplicación para explorarlos de manera sencilla y clara.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Juan Carlos Martínez Lázaro, Profesor de Economía, IE University
